Justicia rehúsa retrasar la entrada en vigor de los tribunales de instancia, pese a las peticiones de asociaciones judiciales y LAJs

La mayor reforma de la Justicia española arrancará el próximo 3 de abril con la reforma procesal del requisito de procedibilidad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), que ha generado guías y criterios alternativos en toda España. La última que se conoce es del Ministerio de Justicia, en la que sólo habla de mediación y conciliación, pero antes hubo otras y se espera que el Consejo General de la Abogacía Española también publique la suya.

Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, habla de implementar una plataforma para la gestión de los intentos de negociación, pero eso no calma los comentarios de los abogados en redes.

La implementación de los tribunales de instancia seguirá su curso y mantendrá sus plazos, pese a las peticiones expresas que las cuatro asociaciones judiciales y tres fiscales hicieron a Olmedo este pasado martes, y la misma petición efectuada desde el Colegio Nacional de Secretario Judiciales por su presidente, Ernesto Casado, en varias ocasiones.

Así lo aclaró Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia, a preguntas de este periodista. “Los tiempos se están cumpliendo en territorio Ministerio y no hay porqué hacer demoras”. Sin embargo, sobre los periodos de tiempo que va a acortar la reforma y los efectivos, profesionales que se vayan a incorporar, no supo concretar, lo que genera aún más la duda de la viabilidad de esta gran reforma.

Respecto a  la reforma en sí de los tribunales de instancia, Ollé explicó que tendrá tres momentos de implementación por fases: 30 de junio; 30 de septiembre y 31 de diciembre, pero como ya explicamos en Economist & Jurist, las sensaciones que tienen muchos juristas consultados por este medio es que está todo con alfileres. Algunos nos dicen que lo primero que se tenía que haber gestionado son los tribunales de instancia y luego la reforma de los MASC, a la inversa de lo que se ha hecho.

Verónica Ollé, desde el Ministerio de Justicia, señala que los plazos se cumplen y que no habrá aplazamiento de la ley. (Imagen: Colegio General de Procuradores)

La ley 1/2025 y su ‘vacatio legis’

Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), explica que su colectivo no va a tardar en sacar unos criterios sobre la procedibilidad de los MASC. Ya lo hicieron los LAJs de Barcelona y Adrián Gomez, LAJ ubicado en el juzgado 104 bis de Madrid, conocedores del tema ante la incertidumbre total.

“Nosotros pedimos al Ministerio una entrada en vigor de la reforma de los tribunales de instancia con más sosiego. Que todas estas reformas organizativas se hicieran de forma progresiva”, declara Casado, a quien le sorprende la falta de previsión del Ministerio de Justicia sobre cuanto se van a recortar en tiempo los procedimientos y el nuevo personal que pueda entrar en los tribunales de instancia.

“Llevamos pidiendo ya hace muchos meses una mayor vacatio legis, pero no nos han oído. Sin embargo, el Ministerio está anunciando una semana antes medidas adicionales para la gestión de este cambio en la Justicia. También son conscientes de que las CCAA están a la espera de estudia en la próxima Conferencia Sectorial la implementación de dichos tribunales”, recuerda.

Para este jurista, “los problemas hasta ahora de implementación de la oficina judicial han sido múltiples. Vamos ver cómo se impulsa en sedes grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o La Coruña, donde habrá que reconducir muchos partidos judiciales en tribunales de instancia”. La propia Ollé ha señalado en su intervención el papel clave del colectivo de los LAJs en esta nueva forma de entender la Justicia, con menos juzgados y servicios comunes, pero estos profesionales aun tienen muchas dudas de cuál va a ser su trabajo en este escenario concreto que se despliega a lo largo de este 2025.

Sin embargo, en un comunicado que se hizo público este miércoles, el frente asociativo desconfía del Ministerio de Justicia, y los representantes de las asociaciones judiciales y fiscales, María Jesús del Barco (APM),  Sergio Oliva (AJFV), Edmundo Rodríguez (JJpD), Fernando Portillo (FJI), Cristina Dexeus (AF), Félix Martín (UPF) y Santiago Sánchez (APIF) creen que lo lógico hubiera sido una demora de seis meses y definir mejor los recursos e inversiones que se pondrán en marcha para esta reforma tan importante».

Los tribunales de instancia siguen su calendario, así lo ha señalado Manuel Olmedo recientemente. (Ministerio de Justicia/ Raul Salgado/Pool)

Las asociaciones judiciales reclaman ser oídas

Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, estuvo en la reunión de las asociaciones con Olmedo y Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. “Les transmitimos nuestra preocupación por la reforma de los tribunales de instancia y el calado que ello supone, pero siguen adelante. Tenemos nuestras dudas de que se implemente correctamente. Hay poca información sobre esta reforma y nos sorprenden que estén tan convencidos, pensamos que se iban a acoger a la moratoria de seis meses”, señala.

Desde su punto de vista, “el problema no es solo cuando entre, es que dentro de varios mees o un año si no hay dotación presupuestaria porque puede que estemos ante una ley a coste cero no se va a notar. Al final, sucede lo de siempre que el trabajo que llegue lo vamos a sacar los jueces que estamos en plantilla ahora. Es una inercia que hasta ahora tenemos. Ahora, la ley añade más burocracia al obligar a utilizar los MASC antes de interponer demandas civiles y mercantiles, al final la situación no mejora y los pleitos se van a dilatar en el tiempo por lo que vemos”.

Las asociaciones judiciales ven la situación con preocupación. “Por eso, hemos pedido por escrito y ha cogido el guante, al crear una comisión de seguimiento en el CGPJ de esta reforma de los tribunales de instancia, a la propia presidente del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló que esté encima de la reforma. Lo van a estar hay una comisión ya en marcha con ella al frente. Lo último que sabemos es que han pedido más medios e inversiones para que la reforma sea posible. Manuel Olmedo nos da por informados desde la implementación del Plan Justicia 2030, pero la realidad ha cambiado y ahora sólo hay una ley de las tres previstas. El resultado final es muy distinto al original”, explica Portillo.

Por su parte, Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, señala que por el momento, no habrá moratoria, pese a ser la mayor reforma de la Justicia en el último siglo, de la que «está todo en precario». «Ellos tienen el borrador con los juzgados de instrucción que se transforman en violencia contra la mujer y las plazas que se van a crear, pero no han compartido con nosotros esa información”, expone.

A juicio de este jurista, “es insuficiente la dotación económica de esta ley, aunque que desde el Ministerio se ha dicho que ya se ha recibido un dinero procedente de Fondos Next Generation para las CCAA con competencias transferidas. Ese dinero no va para crear unidades judiciales. De hecho, en 2024 no se ha creado ninguna. Cuando les preguntamos por qué no se creó ninguna nos dijeron por la falta de presupuestos. Es difícil de confiar que en el 2025 creen 70 plazas para los jueces de la promoción 73 que hay en expectativa de destino”, manifiesta Oliva.

Este experto afirma que habrá que estar pendiente de la Conferencia Sectorial en Justicia del próximo 2 de abril en Barcelona, donde es posible que las CCAA vuelvan a pedir una dotación presupuestaria para afrontar esta reforma. Ya la propia Comunidad de Madrid y su consejero Miguel Angel García destacó que dicho cambio a los tribunales de instancia iba a generar una partida no presupuestada de 40 millones. “Es previsible que las CCAA pidan a Bolaños que el Ministerio cofinancie la reforma”, apunta.

Jornada celebrada este jueves por los procuradores, en la que participó Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia. (Imagen: Consejo General de Procuradores)

Los procuradores, protagonistas

En esta reforma de calado, los procuradores también quieren ser protagonistas, como así demostraron las intervenciones de distintos expertos en la jornada celebrada este martes en la sede del Consejo General de los Procuradores. Las intervenciones de José Carlos Orga, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia, ofrecieron un análisis detallado sobre cómo las estructuras judiciales se han diseñado para hacer más accesible y eficiente la Administración de Justicia.

Sin embargo, entre los asistentes las críticas arreciaron a la propia Ollé, porque la vigente oficina judicial que arrancó en el 2010 está sin implementar en la mayor parte del territorio nacional; la preocupación por una ley a coste cero es también evidente, al igual que la gestión de los funcionarios en estos tribunales de instancia, ya que no queda muy claro cuál va a ser su papel y cómo se va a gestionar esta nueva movilidad que se genera con los nuevos tribunales.

Miguel Bueno Sánchez, socio de Ayala de la Torre Abogados y abogado del Estado en excedencia, asesor jurídico de los procuradores, se centró más en los MASC. Indicó que era contrario a su obligatoriedad y que «esta implementación de los MASC como requisito de procedibilidad no podría cercenar el derecho de los ciudadanos a acudir a los tribunales “porque de lo contrario podría ser inconstitucional”.

En este contexto, recordó el papel emergente del procurador como conciliador privado, no en vano se han creado auspiciados por distintos Colegios de Procuradores diferentes centros de mediación que siguen operativos. A su juicio, con esta nueva normativa que entrará en vigor el próximo 3 de abril, se refleja la necesidad de priorizar la resolución amistosa de conflictos en lugar de acudir al litigio prolongado.

Alberto García Barrenechea, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) y secretario del CGPE, también era partidario de una mayor vacatio legis, según declaró a Economist & Jurist hace unos días. Moderó la jornada y señaló en su presentación que “la Ley de Eficiencia Procesal supone un hito en afrontar la necesidad compartida por todos los operadores jurídicos de agilizar y modernizar la Administración de Justicia en España”.

Desde su punto de vista, su implementación supone un desafío para los procuradores, que deben adaptarse a un marco jurídico que enfatiza la digitalización y la incorporación a nuestra cultura de los MASC como una herramienta fundamental”.