La nueva Ley de Evaluación de Políticas Públicas propondrá dictámenes preceptivos pero no vinculantes

El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, con la que se pretende reforzar el valor de la evaluación de las políticas, una herramienta imprescindible para la mejora de las acciones de gobierno, a la vez que promotora de una verdadera cultura de la evaluación.

La implantación de esta ley busca que la evaluación de este tipo de políticas sirva para hacer más eficaz la asignación de los recursos y para optimizar el proceso de toma de decisiones; para impulsar la innovación de las actuaciones del sector público, encaminadas hacia una gestión moderna y útil para solucionar los problemas y retos sociales; y para avanzar en el control de responsabilidades y rendición de cuentas.

Con la aprobación de esta norma, España aborda de forma decidida la evaluación de las políticas públicas, ya que esta adquiere carácter integral, transversal y participativo, abordando todos los sectores y profundizando en la valoración del impacto real que puede tener una política en el devenir del bienestar de los ciudadanos y en el ejercicio de sus derechos.

De esta forma, se fortalecen las capacidades del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración, proporcionando las herramientas para analizar el impacto de las políticas con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto, teniendo en cuenta otras variables, como el reto demográfico, la perspectiva de género, el equilibrio intergeneracional, la transformación digital o la sostenibilidad social y medioambiental.

«La norma trata de establecer procedimientos para analizar las necesidades de la ciudadanía en relación con las soluciones que se les puede dar con los servicios públicos de la Administración»(Foto: Congreso de los Diputados)

Un marco regulador de la evaluación de las políticas públicas

La ley fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, ha pasado todos los trámites de la audiencia pública, fue remitida al Congreso donde inició toda la tramitación parlamentaria, y ahora, ha sido aprobada definitivamente en la Cámara Baja.

Desde varias organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por parte de personas expertas, así como desde el ámbito de la Unión Europea, ya se manifestó la importancia que tenía institucionalizar la evaluación de las políticas públicas y la necesidad de disponer de un marco regulador de su practica con el objetivo de mejorar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, al mismo tiempo que se dota de mayor transparencia al proceso de toma de decisiones.

Esta norma se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en cuyo componente 11 («Modernización de las Administraciones Públicas») nuestro país acomete una serie de reformas e inversiones. En este sentido, no se parte de cero, dado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuenta con una dilatada experiencia en la evaluación ex post de la revisión del gasto público.

Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Foto: EFE/ Luis Millán)

Nuevos informes… no vinculantes

Lo que se busca con esta ley es ampliar esos enfoques y dar un carácter transversal a la evaluación de políticas públicas incrementando la cultura de evaluación, la cual se verá acompañada de estos informes y del seguimiento de los resultados. Sin embargo, se trata de una  norma preceptiva pero no vinculante, es decir, que aunque es posible que se realicen más evaluaciones, ello no conlleva que estas sean de mayor calidad ni que sin ellas no puedan seguir adelante los proyectos planteados.

La evaluación de políticas públicas será realizada por un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar. Para ello, se contempla la creación de una Agencia Estatal para coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales. Pero la realidad es, que aunque doten de más autonomía y recursos a dicha Agencia, esta no se encargará de elaborar las evaluaciones, sino que se limitará a coordinarlas.

La diferencia entre la nueva Agencia que se pretende crear y la AIReF es que, la primera es tutelada e incide en la evaluación anterior a que se ejecute el proyecto, mientras que la segunda es totalmente independiente y elabora un análisis posterior a la aplicación de las políticas.

«La norma pretende promover una verdadera cultura de la evaluación y prevé la creación de una agencia estatal que se encargue de ello»(Foto: El notario del siglo XXI)

Novedades legislativas que incluye

La ley contempla una serie de novedades con el objetivo de implantar una organización básica y un mecanismo estable de planificación para toda la Administración General del Estado a la hora de evaluar sus políticas.

Se diseñará un sistema de indicadores comunes para acometer el seguimiento aplicable a la Administración General del Estado y que sirva de referencia para cualquier organismo o administración pública. Siendo el órgano responsable de cada política pública el que deba rendir cuentas respecto a si adopta las recomendaciones del informe de evaluación, o explicar por qué en caso contrario.

La ley contempla el diseño de planes específicos de formación en evaluación de políticas públicas para los empleados públicos, y se pondrán en marcha unidades de coordinación departamentales, encargadas de coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades de evaluación de políticas públicas de cada Ministerio.

Se pretende reforzar la evaluación ex ante, previo a la aprobación de las políticas públicas. Para ello se emplearán los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas, incorporando dichos resultados en la toma de decisiones.

Por último, establecen dos tipos de instrumentos para llevar a cabo la evaluación de políticas: el Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, de carácter cuatrienal; y el Plan de Evaluación departamental, elaborado por cada Ministerio, que tendrá una periodicidad bienal y contempla tanto la obligación de evaluación ex ante y ex post de las políticas de especial repercusión en el presupuesto o por su impacto económico y social. En este caso existirá la obligación de efectuar un análisis intermedio en las políticas que duren cuatro años o más.