La reforma del despido por incapacidad laboral sobrevenida llega al Congreso para su aprobación

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido este lunes a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que apoyen el proyecto de ley de modificación del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para acabar con el despido automático por incapacidad laboral sobrevenida. Ahora, con el cambio normativo, estos profesionales si lo desean podrán seguir en su puesto.

La reforma, como adelantaba Economist & Jurist el pasado mes de abril, viene obligada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a realizar ajustes en la normativa de despido de nuestro país.

Con esta reforma, tal y como ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “solo se extinguirá el contrato si la persona trabajadora así lo solicita. Además, también podrá pedir una adaptación de puesto de trabajo o el cambio a otra vacante disponible, acorde a su perfil profesional y compatible con su nueva situación”.

El texto aprobado también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y, en su caso contrario, si son excesivos en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocio de la empresa.

El Ministerio de Trabajo ha destacado que la norma también se refiere a la posibilidad de que las personas trabajadoras requieran formación en prevención de riesgos laborales para su nueva situación.

Según ha indicado la plataforma de representación de la ciudadanía española con discapacidad, una vez retome su actividad tras el descanso estival, la Cámara Baja deberá abordar este proyecto de ley, cuya remisión a las Cortes aprobó el Consejo de Ministros el pasado 23 de julio, tras varios meses de tramitación previa de la iniciativa, acordada entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el CERMI.

En este aspecto, el CERMI ha advertido que la extinción automática de la relación laboral por incapacidad sobrevenida del trabajador, permitida por el vigente artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, constituye «una discriminación grave por motivos de discapacidad, siendo contraria a los mandatos internacionales y europeos de derechos humanos y también al nuevo artículo 49 de la Constitución —tras la reforma de febrero de 2024— por lo que era necesario proceder a su modificación, objeto del proyecto de ley».

Asimismo, ha señalado que, además de atender los imperativos internacionales, el cambio en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores «favorecerá la permanencia en la actividad laboral de la persona devenida en incapacidad permanente, si es esa su voluntad, lo cual evitará el pase forzoso a la situación de pensionista, incrementando las tasas de empleo de las personas con discapacidad».

Así, el CERMI confía en el «apoyo amplio» de los grupos políticos a esta reforma «ineludible» del ordenamiento laboral que «dispensará un trato adecuado y respetuoso a los trabajadores con discapacidad sobrevenida«.

Luis Cayo Pérez desde el CERMI confía en el apoyo amplio de los grupos políticos a esta reforma «ineludible» del ordenamiento laboral que «dispensará un trato adecuado y respetuoso a los trabajadores con discapacidad sobrevenida». (Imagen: CERMI)

Acuerdo de CERMI con Trabajo

El Gobierno aprobaba este mes de mayo en el Consejo de Ministros eliminar el supuesto de extinción automática de contratos de trabajo en casos de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez con el objetivo de proteger «más eficazmente el empleo de las personas con discapacidad», tal y como señala el Ministerio de Trabajo en un comunicado. De esta forma, el despido quedará condicionado a la voluntad del trabajador o si su mantenimiento en la empresa supone un «coste excesivo».

Ahora, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros será enviado a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria.

Hay que recordar el pasado mes de abril la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo, firmaban el acuerdo para la protección frente al despido automático de las personas con incapacidad permanente, como señala el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores, actualmente en vigor.

El acuerdo suscrito con CERMI se ha sumado a los alcanzados en materia de incentivos o en la elaboración del Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad. Además, también se adoptaron medidas para favorecer la contratación de personas con capacidad intelectual límite fruto del trabajo conjunto.

El texto señala el pleno compromiso del Gobierno «con la defensa y desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, la eliminación de las desigualdades y la discriminación y su integración real en todos los ámbitos de la sociedad» y permitirá derogar como causa de extinción automática de la relación laboral el reconocimiento de incapacidad permanente a una persona trabajadora.

La firma del acuerdo supuso un paso más en el reto de alcanzar la igualdad, el que comenzó en la pasada legislatura con la derogación del 52.d) del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despedido con bajas médicas.

En el ámbito de la discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social colabora intensamente con CERMI con el objetivo de hacer realidad el derecho a la igualdad en el trabajo de las personas con discapacidad. Como resultado de este trabajo conjunto, el acuerdo alcanzado sobre los incentivos a la contratación del Real Decreto 1/23 ha permitido dotar de una bonificación a la contratación de las personas con discapacidad por un importe de 1.774 millones de euros. Además, hace menos de un año también acordaron suscribir el Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad, la hoja de ruta a desarrollar en esta materia a lo largo de esta legislatura.

La reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española no supone solo un cuestión terminológica o semántica es, ante todo, una cuestión de derechos: el mandato que nuestra Carta Magna impone a los poderes públicos es la obligación de diseñar y aplicar las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad, respetando su libertad de elección y atendiendo, en particular, a las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

Yolanda Díaz destaca que fomentar la contratación de personas con discapacidad y su acceso al empleo de calidad, es uno de los objetivos prioritarios de las Políticas Activas de Empleo. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Una reforma inclusiva

«Una palabra puede determinar un cambio de época en la percepción de la igualdad, en el reconocimiento de los derechos, en la creación o facilitación de nuevos entornos y en la aproximación a la resolución de los distintos grados de vulnerabilidad y desigualdad» ha señalado Yolanda Díaz. «Lejos de cualquier afán de autocomplacencia o triunfalismo, consideramos esta etapa de Gobierno como decisiva para completar las pautas estructurales de crecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral» apuntaba la vicepresidenta segunda.

Fomentar la contratación de personas con discapacidad y su acceso al empleo de calidad es uno de los objetivos prioritarios de las Políticas Activas de Empleo. En la actualidad, un 35,3% de personas con discapacidad forman parte de la población activa y suponen el 1,58% de las personas afiliadas a la Seguridad Social.

Se están produciendo avances en la incorporación al mercado laboral. En 2014 hablábamos de 191.666 personas trabajadoras con discapacidad, una cifra que hoy se ha incrementado en un 70%.

Es un colectivo que también sufre la brecha de género en la afiliación: hay un 58,42% hombres frente al 41,58% de mujeres, por encima de la desigualdad en la afiliación en general.

Además, se van a desplegar las medidas contempladas en el Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad para reforzar el acceso de las personas con discapacidad al empleo y ensanchar sus derechos, como se hizo en la reciente modificación del artículo 49 de la Constitución Española.

Por tanto, será obligatorio que las empresas realicen los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejerzan su derecho al trabajo, incluso si acceden a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional.