La ley de amnistía, “un uso de herramientas parlamentarias para el interés particular”, según los expertos

Desde que el actual Gobierno anunció su intención de aprobar una ley de amnistía para perdonar a los encausados por el ‘Procés’, ha surgido un intenso debate tanto dentro de España como a nivel internacional sobre si este perdón sobrepasara los límites de la Constitución Española, provocando el quebrantamiento del Estado de Derecho.

Economist & Jurist ha celebrado una Mesa Redonda sobre la constitucionalidad de este Proyecto Ley en la que han participado el magistrado Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI); el fiscal Antonio Roma, miembro de la ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF); y Edmundo Bal, abogado del Estado.

Los expertos han debatido sobre este Proyecto de Ley, abordando el preámbulo redactado en el mismo y que intenta justificar la aprobación de la norma; si la amnistía atentaría contra la igualdad de los ciudadanos del país, y contra los principios de Unión Europea; si la norma también perdonaría las responsabilidades administrativas, contables y penales, como es la malversación de fondos públicos; si atentaría contra la independencia del Poder Judicial; si la amnistía es contraria al Estado de Derecho; y, por supuesto, si es constitucional o no.

Las leyes son competencia del Poder Legislativo

El fiscal Antonio Roma, en representación de la Asociación de Fiscales, defiende que el olvido del delito es inadmisible en el sistema constitucional actual y recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado dos sentencias que se han referido a la amnistía, la última en enero de 2024.

“En ambas sentencias el TJUE entiende que si se concede una amnistía y la misma es revocada después, la igualdad y los principios del Estado de Derecho hace que venza la esencia de la democracia, de manera que la amnistía revierte y se procede a una condena con posterioridad”, afirma el experto.

Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia. (Imagen: E&J)

Por su parte, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla y presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha afirmado que la amnistía, tal y como está planteada actualmente, es contraria a la Constitución Española.

Portillo asegura que por poder, el Parlamento sí puede dictar dicha ley pero el problema no reside en las facultades de este órgano legislativo, sino en si la ley que aprueba es o no constitucional.

En este sentido, el juez asegura que “el Gobierno está atentando contra la separación de poderes si aprueba la amnistía. Quienes deciden a quien se condena y a quien se absuelve son los juzgados y tribunales, por lo que el legislativo”, con la aprobación de dicha ley, “estaría introduciéndose en un ámbito que es competencia del Poder Judicial”.

El abogado del Estado, Edmundo Bal, asegura que con esta ley de amnistía serían muchos los preceptos que resultarían violentados. El experto defiende que aunque en un futuro el Tribunal Constitucional puede que diga que esta ley es legal, “jamás podrá decir que es legítima ni ética”, ya que estaría privilegiando “a unos delincuentes por razón de su ideología y por razón del presidente del Gobierno de contar con siete escaños”.

Además, el abogado general del Estado ha expuesto en el debate que “esta ley de amnistía se parece bastante a la amnistía de Franco, que solamente perdonaba a los delincuentes de uno de los bandos, a los delincuentes que son mis amigos, pero no a todos los delincuentes”.