LAJs y sindicatos de funcionarios avisan sobre la nueva Ley de eficiencia organizativa: “Puede ser caótica”

Siguen arreciando las críticas a la futura Ley orgánica de eficiencia organizativa, muy avanzada su tramitación parlamentaria. Ya en la celebración del Premio Pelayo muchos juristas criticaron la norma. Ahora, tras su aprobación en el Congreso se trasladará al Senado donde previsiblemente el Partido Popular, con mayoría en la Cámara Alta, la vete. Eso supondrá su vuelta al Congreso para su aprobación definitiva, previsiblemente antes de que acabe este año. Sin embargo, al igual que magistrados y juristas manifestaban su escepticismo por la reforma, ahora son los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y los sindicatos de funcionarios, que implementarán el cambio de modelo, los que señalan las carencias de la norma.

Profesionales de ambos colectivos consultados por Economist & Jurist muestran su desazón ante una reforma que tiene un marcado tinte político, con las concesiones de las ejecuciones a los procuradores y la permanencia de los juzgados de paz.

Al mismo tiempo consideran que hará falta una vacatio legis importante de la norma, más de un año; y tendrá que implementarse en la oficina judicial de estos tribunales de instancia, lo que puede generar problemas. Respecto al desarrollo de la mediación como paso previo para interponer la demanda, creen que si no se hace bien acabará siendo un trámite más.

Falta organización y sobra política

La Junta Nacional del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha reelegido a Ernesto Casado como presidente; mientras que Ignacio Rivera será nuevo vicepresidente; José Palazuelos ostentará los cargos de secretario y tesorero; y María José Cañizares será la responsable de comunicación y de las relaciones institucionales.

Por otro lado, la comisión de estudios e informes estará dirigida por Jaume Herraiz. “Se crean macrooficinas en los partidos judiciales. Esto puede generar una gran desorganización. Recuperar a los jueces de paz no tienen sentido”, comenta este jurista, “es una petición de los nacionalistas de Junts”.

Para Ernesto Casado “la futura Ley de eficiencia organizativa tiene carencias serias que pueden impedir que funcione correctamente. Es negativo que se deleguen funciones de ejecución y de comunicación en los procuradores. Es contrario a todos los informes que hay sobre la materia tanto del CGPJ, como del Consejo de Estado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Se ha introducido en el texto por enmiendas de nacionalistas, catalanes y vascos, sin ninguna justificación porque no estaba en el texto inicial ni en la exposición de motivos. Supone una privatización de la justicia y es negativo”.

Sobre la reforma señala “que la oficina judicial del tribunal de instancia con sus LAJs y funcionarios no está prevista. La previsión legal nos puede abocar de aquí al final del año, que viene a un caos absoluto. Eso se lo hemos comentado al ministro Félix Bolaños. La ley contiene una reforma del Real Decreto 6/2023 cuando hay otra reforma en el Congreso. No lo entendemos”.

Ernesto Casado cree que la nueva organización judicial puede generar un caos interno importante. (Imagen: CNLAJ)

También indica que “la reforma en las comunidades autónomas como Madrid, con competencias transferidas, tendrán que pagarla estas entidades. En este caso, hay que recolocar todas las causas que se tramitan y los funcionarios que hay. Si no se hace con criterio puede ser caótico. Eso no se puede hacer en seis meses. Debe ser más amplia la vacatio legis”.

Desde su punto de vista “el problema de la ley es que tiene más de pactos políticos que de conveniencia jurídica. Pocas referencias se hacen a que tengamos un único sistema de gestión procesal interoperable en las comunidades autónomas. Nosotros vamos a intentar que las delegaciones de ejecuciones las hagamos los LAJs, en cualquier actividad de este tipo se necesita una autorización judicial, eso haría que no se retrasaran muchos los asuntos y se evitara la desorganización”.

“Respecto a la mediación, es algo que es externo y que irá a parar a determinados grupos. Una privatización de la justicia. Será un trámite más entre los abogados para presentar luego la demanda”.

Muchos errores

Juan José Yáñez considera que es importante ver el texto final, donde se corrijan algunos errores. (Imagen: UPSJ)

Para Juan José Yáñez, portavoz nacional de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), “la nueva ley supone un cambio radical en la organización del servicio público, que en principio debería suponer un mejor empleo de los recursos, pero requiere de un importante desarrollo reglamentario que habrá que ver si es realista en los tan cortos plazo previsto para su entrada en vigor. A nivel de los trabajadores tendremos que adaptarnos a que nuestro destino no será el juzgado, sino unos servicios comunes muy amplios”.

Desde su punto de vista “la facultad de delegación de actuaciones ejecutivas a los procuradores ya no está clara cuanto puede alcanzar, pero es un error atribuir la delegación al juez y no al LAJ. Es importante conocer sin embargo, el texto final ya que ha habido mucha variaciones y enmiendas. Confiemos que se llegue a un acuerdo político en el Senado para corregir posibles errores”. Desde este colectivo se asegura que hay problemas serios en juzgados porque aún no ha habido planes de refuerzo tras la huelga de funcionarios y de los propios LAJs.

Sobre el tema de la mediación, Yáñez recuerda que “es un tema importante, habrá que ver realmente como ha quedado definido. Es importante buscar soluciones consensuadas que son más eficaces a menudo que las judiciales contenciosas, pero no deben suponer un retraso excesivo ni un aumento de costes para los propios usuarios”.

Pendiente del acuerdo

Para Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia, muestra su cautela a la hora de hablar de esta norma que ahora tendrá que ir al Senado para luego volver al Congreso “nosotros estamos a la espera que en el texto final está todo lo que se pactó en el preacuerdo que se firmó entre STAJ, UGT, CIGA y nosotros. Queremos ver que todas las garantías están en ese acuerdo en la forma que se pactó. Nosotros fuimos a la huelga porque teníamos claro que había que negociar esta ley y conocemos bien las necesidades de nuestra justicia”.

“Nosotros hemos sido combativos con la reforma de la justicia, se necesita una reforma funcional, de redistribución de funciones, pero tampoco podemos sustraernos que esa ley está en el Parlamento, se empezó a tramitar en marzo. Nosotros hemos intentando cambiar aspectos del texto lesivos sobre los derechos de los trabajadores, como es la necesidad de negociar la relación de puestos de trabajo antes de los tribunales de instancia, la no amortización de plazas y definir bien las competencias ahora nuevas con este nuevo modelo.  Esperemos que se respete. Hay ahora un debate abierto”.

También nos aclara que “estamos en contra de la privatización o externalización de servicios. Hay que aprovechar el capital humano que tiene la administración de justicia y apostamos por un modelo de mediación pública, con letrados, gestores, tramitadores y auxiliares de la administración de justicia. Estamos viendo que la mediación en el orden social funciona. Nuestro modelo es otro del Gobierno como hemos dicho. Esperemos que la transición no sea traumática. En ese acuerdo se contempla las mejoras en el Real Decreto básico de carrera profesional; la regulación del teletrabajo, la reducción del grupo cuarto de población. Esperemos que esté en el texto final”.

Pese a que los plazos de implantación de los tribunales de instancia van a ser para el año que viene, este sindicalista cree que la vacatio legs debería ser amplia “la nueva oficina judicial que se iba a implantar en seis meses y luego resulta que estamos veintiún años después, desde el 2003, sin ella en la mayoría de los partidos judiciales. Habrá que ver cómo quieren hacerlo. Hay que negociar las RPT que no se negocian de la noche a la mañana porque tiene su complejidad. Esta cuestión habrá que negociarla de forma clara. El cambio es importante porque se toman decisiones ahora en órganos colegiados. Veremos si agiliza la justicia con este tipo de tribunales”.

Javier Jordán de Urríes espera que el Ministerio tenga en cuenta el preacuerdo firmado con CSIFT, STAJ, UGT y CIGA sobre esta reforma. (Imagen: CSIF)

Hay demasiado papel aún

Alberto García, portavoz del sindicato STAJ en la Comunidad de Madrid, confiesa que “no nos gusta la reforma que se plantea. Toda la movilización que se ha hecho es por dicha modificación. Cuando se regulan los centros de destino de los trabajadores la especialización sale por la ventana. Son macro oficina gigantescas donde se puede llevar cualquier cosa. Y desde criterios subjetivos el trabajador no puede decidir ni pedir unas cuestiones u otras. Estará en el servicio común de tramitación que puede llevar distintas jurisdicciones y es verdad que hay secciones y áreas pero no se pueden pedir en concurso de traslado”, aclara.

En su opinión “han dado todo el año de vacatio legis, en Madrid no lo vemos. La Comunidad de Madrid es muy grande, adaptar todo esto a la modificación que se pretende necesita mucho más tiempo. Ahí coincidimos con lo que ha manifestado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, que reclama como mínimo un par de años para hacer esta transición, como mínimo. Había que abordar el cambio con las nuevas infraestructuras y no con las que tenemos actualmente. En Madrid hay 7.600 funcionarios y una Ciudad Justicia que impulsar. Transformar una justicia en un año es complicado”.

En su opinión “ha faltado que cada comunidad autónoma pudiera opinar de cómo modificar en su zona esta reforma de cambio de modelo de gestión de justicia. El Ministerio lo ha hecho sin esas consultas, no es lo mismo hacerlo en Madrid que en Soria que tiene dos juzgados. El Ministerio ha seguido sin tomar nota de nuestras reivindicaciones tras la movilización que hicimos en su día. Continua con su mima deriva, no permite la especialización profesional, la clave era el uso de las medidas tecnológicas que no han llegado a la justicia. Intentar implementar esta ley con otra organización tecnológica no creemos que se consiga”.

Sobre esta cuestión destaca que “todos los procedimientos antiguos donde se quiere meter a través del expediente judicial electrónico, hay que convencer a todos el mundo que lo utilice, empezando por los jueces y otros letrados que no quieren utilizar. Quieren seguir con el papel con lo cual los asuntos se retrasan mucho. Ahora mismo tenemos muchos procedimientos en papel. Habría que poner algún sistema de escaneado como existe en los juzgados de lo contencioso donde todo se digitaliza. Eso si que sería un salto en la Administración de Justicia. El registro de la Audiencia Provincial de Madrid es un desastre. Tienen mucho papel”.

Alberto García cree que estas macrooficinas que se van a crear no van a ser muy útiles. (Imagen: STAJ)

Un proyecto fallido

Por su parte, Luis Calero, secretario general de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO), “no podemos estar a favor de esta ley de eficiencia organizativa. Nosotros no suscribimos CCOO no comparte en general el contenido de este proyecto de ley porque fía la eficiencia del servicio público de Justicia a unas modificaciones organizativas que, en lo relativo a la oficina judicial, son absolutamente innecesarias y deterioran aún más los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia”.

Para este sindicato, además, ni con este nuevo modelo organizativo, ni con el que se pretendió implantar en 2013 con la llamada Nueva Oficina Judicial, ni con el que aún permanece de etapas anteriores con juzgados unipersonales atendidos por un equipo de personas en exclusividad, se va a conseguir la eficiencia del servicio público de Justicia.

A su juicio “el gran problema es la falta de jueces en España. Con datos de Eurostat, la ratio de jueces y juezas por cada 100.000 habitantes alcanza una media aproximada de 18 en la Unión Europea, mientras que en España es de algo más de 11. Así la Justicia nunca va a funcionar en términos aceptables”.

Para Calero, entre los aspectos más lesivos de este proyecto de ley para las condiciones de trabajo, CCOO remarca “la posibilidad de reducción del número total de puestos de trabajo, especialmente de aquellos con mayores complementos retributivos, y la drástica reducción de la movilidad voluntaria al eliminar cientos de centros de destino y, con ello, la imposibilidad de elegir un puesto de trabajo en una jurisdicción o especialidad concreta, lo que deja al personal a expensas de tener que realizar tareas de cualquier orden jurisdiccional o especialidad, según disponga en cada momento la jefatura del servicio correspondiente”.

Desde su punto de vista, “los centros de trabajo quedarán constituidos con centenares de efectivos (más de 1.000 en el caso de Madrid), lo que los convertirá en ingobernables e impedirá a la ciudadanía y a profesionales de la abogacía y la procura conocer la oficina concreta en la que se tramita “su asunto”, diluido en las macrooficinas en manos de una persona funcionaria que ni se sabrá quién es. Además esta futura Ley de eficiencia no supone ningún avance en el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que cada funcionario o funcionaria realiza ni en otras condiciones de trabajo fundamentales, como la carrera profesional”.

Luis Calero avanza movilizaciones reforma del modelo de Justicia, que no es el más adecuado. (Imagen: CCOO)