Responsabilidad y compromiso en la implementación de la Ley de Eficiencia

Este jueves, 3 de abril, ha entrado en vigor la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia; norma que introduce importantes modificaciones, tanto en el ámbito organizativo como procesal, con la creación de los Tribunales de Instancia, las Oficinas de Justicia o la obligación de acudir a los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en procedimientos civiles y mercantiles.

Una ley que, sin ninguna duda, va a suponer un cambio de paradigma en la Administración de Justicia. En el día de su entrada en vigor, ha comenzado la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebrará este jueves y viernes, y en la que participa el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los consejeros cuyas Comunidades Autónomas han asumido competencias en materia de Justicia.

En este importante encuentro, está previsto analizar el estado de implantación del nuevo modelo organizativo en el territorio del Ministerio y en las CCAA con competencias transferidas, los modelos de referencia, los proyectos de modificación normativa que desarrolla la LO 1/2025, los MASC y el desarrollo del teletrabajo. Dado lo ambicioso de los objetivos que persigue la nueva ley, el encuentro que se va a producir en Barcelona, debiera ser el espacio propicio donde poner sobre la mesa, el debate sobre la financiación y los recursos con los que se va a tener que hacer frente para poder implementar, en tiempo y forma, las obligaciones derivadas del nuevo texto normativo.  Propuestas y exigencias en la Conferencia Sectorial

Como consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana y como responsable, por tanto, del buen funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunitat, tengo muy claras las propuestas y exigencias a plantear durante la conferencia sectorial, como son la necesidad de coordinación en su implementación, así como de la dotación de los recursos necesarios por parte del Gobierno central para poder implementar la ley con las debidas garantías, así como una revisión de los tiempos de ejecución de la misma.

(Imagen: Ministerio de Justicia)

Creo que nadie puede dudar de la necesidad de dotar de una mayor eficiencia y agilidad a la Justicia, pero no podemos eludir la cuestión de la financiación, y más en el caso de la Comunidad Valenciana, una autonomía que padece una infrafinanciación estructural y que, además, está afrontando en solitario la reconstrucción y recuperación social y económica tras la tragedia de la DANA, ocurrida el pasado 29 de octubre.

Entendemos que era necesario adoptar reformas estructurales en la Administración de Justicia, a pesar de las discrepancias en el fondo y especialmente en la forma de tramitación de esta ley orgánica que, a pesar de su importancia, no ha sido fruto del consenso entre los grandes partidos políticos. No obstante, en nuestro ánimo está colaborar, tanto con el Ministerio como con el poder judicial, para facilitar su implantación. 

Y por ello, el pasado 26 de marzo se reunió la Comisión Mixta en la que participa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Justicia y Administración Pública. Un encuentro en el que acordamos ir de la mano en pro de la aplicación de la nueva norma.

Sin perjuicio de todo ello, es evidente la falta de compromiso por parte del Ministerio ante la implementación de esta nueva norma, que, como decía, producirá grandes cambios en la organización y la estructura judicial. Si no se nos proporcionan los recursos necesarios, podemos sufrir el colapso de los tribunales y eso significaría una merma en la garantía de los derechos de la ciudadanía, que sufrirá una Justicia aún más lenta y, por ende, menos justa.

Que tengamos las competencias en materia de Justicia transferidas no supone que el Gobierno se deba desentender de garantizar los medios y la coordinación para la correcta implementación de la ley, porque sin los recursos necesarios, esta ley que busca la eficiencia puede producir el efecto contrario y generar un escenario en el que los ciudadanos puedan ver perjudicados sus intereses al sufrir una Justicia a varias velocidades.

 El ministro de Justicia, en la recepción ofrecida por Salvador Illa en el Palau de la Generalitat con motivo de la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebra este jueves y viernes en Barcelona. (Imagen: MJ)

Al margen y además de todo ello, la norma ha puesto en alerta a los titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer, y ello por cuanto que va a conllevar, tal y como llevan alertando desde hace meses, un perjuicio en la protección de las mujeres víctimas de violencia, al atribuir las competencias en materia de delitos contra la libertad sexual, a las nuevas secciones de violencia contra la mujer.

Más plazas de juez de violencia

En esta línea, esta misma semana conocíamos que el Ministerio propondrá para la Comunitat Valenciana, la creación de cinco plazas de juez de violencia contra la mujer para hacer frente al incremento de trabajo que va a suponer la asunción de las nuevas competencias.

Esta cifra resulta insuficiente, teniendo en cuenta el considerable aumento que se prevéé sea, según datos del Consejo General del Poder Judicial, de una media del 12,9% y en concreto, para la Comunitat Valenciana, de un 8,04%. No obstante, hay que hacer una matización con respecto al anuncio del Ministro, pues solo serán tres las nuevas plazas creadas de las cinco anunciadas, y ello por cuanto que Castellón y Benidorm perderán dos jueces de instrucción que pasarán a ser de violencia sobre la mujer.

Por otro lado, si bien es cierto que la Ley Orgánica 1/2025 regula de manera específica los MASC y que desde la Conselleria que dirijo tenemos claro que es necesario apostar por estos medios alternativos que contribuyan a prevenir el conflicto y reducir la litigiosidad, también lo es que su implementación, implica un coste considerable. 

A pesar de ello, vamos a movilizar todos los recursos posibles –unos recursos que implican un coste económico a asumir en solitario ante la ausencia de implicación del Gobierno por el momento– para que este cambio de paradigma que introduce la ley contribuya a hacer más ágil y eficiente el servicio público de Justicia.

Durante la Conferencia Sectorial, me gustaría ver un cambio de dirección en el actuar del Gobierno de España y su compromiso con las Comunidades Autónomas que tenemos transferidas las competencias, en cuanto a poder contar con los recursos económicos necesarios para llevar a buen término la correcta implantación de la ley que redunde en el beneficio de todos los operadores jurídicos y de los justiciables.