Se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE núm. 160, de 6 de julio de 2017)

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas establece en su artículo 13 bis que «todas las operaciones financieras que suscriban las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, están sujetas al principio de prudencia financiera» recayendo en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la definición de dicho principio en lo referido a pasivos financieros.

Por otro lado, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, señala en su artículo 48 bis que «todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera», principio cuya definición corresponde, en lo referido a pasivos financieros, a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Además, el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, crea el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y el Fondo de Financiación a Entidades Locales. La adhesión al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, ya sea en su compartimento de Facilidad Financiera o de Fondo de Liquidez Autonómico, conlleva la sujeción a las condiciones de prudencia financiera en los términos que fije la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Además, conforme al mencionado Real Decreto-ley 17/2014, las operaciones instrumentadas en valores y operaciones de crédito a largo plazo precisarán de autorización expresa de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

En esta Resolución se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones financieras de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Para la definición de este principio, esta Secretaría General ha tenido en cuenta el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que vela por la capacidad de las Administraciones Públicas para financiar sus compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

En el anexo 3 de la presente Resolución se establecen los diferenciales máximos sobre el coste de financiación del Estado y otras condiciones financieras aplicables a las operaciones de endeudamiento de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Dadas las actuales condiciones monetarias, y en particular la pendiente de la curva de Tesoro de uno a dos años, se han igualado los diferenciales máximos para las operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo para evitar que se produzcan inversiones de la curva máxima de tipos a la que se pueden financiar Comunidades Autónomas y Entidades Locales que pudieran distorsionar las decisiones de financiación a determinados plazos.

El criterio vigente hasta ahora, según el cual toda novación o reestructuración de una operación de endeudamiento debía realizarse al tipo de interés máximo permitido por la presente Resolución, ha permitido generar importantes ahorros a las administraciones territoriales. Sin embargo, el actual entorno de tipos de interés en mínimos históricos dificulta continuar con el proceso de reestructuraciones y novaciones. En este sentido, y con el fin de seguir generando ahorros financieros, se permiten realizar novaciones y reestructuraciones a un tipo de interés por encima del tipo máximo permitido por prudencia financiera siempre y cuando la nueva operación genere una ventaja financiera, su vida residual sea superior a un año, no se modifique el plazo de la operación vigente y todo su clausulado se adecue a lo establecido en la presente Resolución. En el ámbito de las EELL las reestructuraciones deberán ajustarse además a lo previsto en la normativa reguladora de las Haciendas Locales.

Finalmente, se introducen determinadas modificaciones menores a los efectos de mejorar la redacción de algunos de los preceptos desde criterios de mera técnica normativa.