Se publica el Plan Reincorpora-t para prevenir y reducir el desempleo de larga duración

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021. (BOE núm. 85, de 9 de abril de 2019)

El Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de abril de 2019, ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021.

APROBADO EL PLAN REINCORPORA-T PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

El objetivo es prevenir y reducir la tasa de paro de larga duración hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021, lo que supondría una reducción neta de 422.100 parados de larga duración.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Trienal (2019-2021) para prevenir y reducir el desempleo de larga duración. El objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y desarrollar acciones preventivas para evitar la caída en situaciones de paro de larga duración.

Un Plan justificado por la elevada tasa de paro de larga duración, del 6,8% según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018 y que duplica la tasa de la Unión Europea (UE), situada en el 2,8%.

De este modo, uno de los objetivos del Plan Reincorpora-t es reducir la tasa de paro de larga duración en 2,5 puntos, hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021, lo que supondría una reducción neta de 422.100 personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, -de 1.272.100 a 850.000.

Otro de los objetivos del Reincorpora-t es disminuir a la mitad la actual brecha de género entre hombres y mujeres desempleados de larga duración, reduciéndola desde 11,6% actual hasta el 5,3%. Esto supondría reducir el paro de larga duración en 259.700 mujeres y 162.800 hombres.

Asimismo, rebajaría el número de desempleados de más de 24 meses en un 12%, lo que supondría para el cuarto trimestre 2021 una reducción en 361.819 personas desempleadas.

Este plan tiene un enfoque integral y transversal y se ha elaborado con la participación y las aportaciones de otros Ministerios (Política Territorial y Función Pública; Industria, Comercio y Turismo; Educación y Formación Profesional; Economía y Empresa), la Alta Comisionada para el Reto Demográfico; de las comunidades autónomas, los Agentes Sociales (CC.OO, UGT, CEOE y Cepyme), y Entidades Sociales, como el Consejo de la Juventud de España.

Todas las medidas que representan ejecución y consecuente gasto en políticas activas de empleo, conforme impone el necesario respeto del reparto competencial entre Estado y CC.AA., se acordarán en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo, en coordinación con dichas CCAA, que reciben los fondos del Ministerio de Trabajo, Migraciones Y Seguridad Social a través de la respectiva Conferencia Sectorial.

El Plan tiene una financiación estimada de 1.313 millones de euros en tres años, que parten del Presupuesto ya comprometido para políticas activas de empleo de la CC.AA. La dotación supondrá una reorientación de las políticas dirigidas a las personas desempleadas para incidir en un colectivo muy vulnerable y con especiales dificultades de reincorporación laboral. Se obtendrá principalmente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Estas medidas complementan las ya aprobadas para la recuperación de la protección por subsidio para mayores de 52 años y la cotización de personas dedicadas a labores de cuidado familiar.

Un conjunto de 63 medidas

El Plan Reincorpora-t 2019-2021 se vertebra en un conjunto de 63 medidas, algunas ya en marcha, distribuidas en seis ejes: Orientación, Formación, Oportunidades de Empleo, Igualdad, Emprendimiento y Mejora del marco institucional.

Con un total de 16 medidas se sostendrá el eje de Orientación, cuyos criterios serían una mayor personalización de los procesos de atención de las personas desempleadas, destacando, en este punto, la mejora de la red de orientadores. Para ello, la red de 3.000 personas profesionales de orientación -creada en el marco de los Servicios Públicos de Empleo como consecuencia del Plan de Choque para el Empleo Joven-, atenderá también, como colectivo prioritario, a las personas desempleadas de larga duración.

En el eje de Formación, las siete medidas están orientadas a personalizar los procesos de formación, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de competencias clave y digitales, así como actuaciones específicas para desempleados de más de 24 meses que sufren una mayor falta de motivación e inseguridad ante una posible reincorporación laboral.

En Oportunidades de Empleo, las 23 medidas pretenden lograr el compromiso social de las empresas y el impulso de políticas activas para incentivar la contratación de parados de larga duración. Entre otras medidas, se articulará un sistema que genere un valor añadido mediante el incremento del crédito formativo para las empresas de contraten y mantengan de forma estable (más de un año continuado de trabajo) a un porcentaje de desempleados de larga duración superior al 10%.

En la Igualdad de Oportunidades, con tres medidas, se buscará disminuir la brecha laboral de género, con apoyos específicos en el ámbito rural y de los cuidados en el entorno doméstico.

En el ámbito local, se desarrollarán medidas para apoyar el mantenimiento y la llegada de población al medio rural. En ese sentido, se potenciará el fomento del emprendimiento, se incentivarán proyectos relacionados con el medio ambiente y contra el cambio climático y se estudiarán medidas de incentivo a la incorporación de trabajadores jóvenes y mujeres en el sector agropecuario y artesanal.

Las seis medidas de Emprendimiento se orientarán a promocionar el autoempleo, aprovechando la amplia experiencia profesional de buena parte de las personas desempleadas de larga duración, el emprendimiento colectivo, las iniciativas de desarrollo local y de economía sostenible.

Y, por último la Mejora del Marco Institucional, de cuyas ocho medidas destaca la de reforzar la coordinación con los Servicios Sociales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la mejora en los Servicios de Empleo.