Los abogados de víctimas reclaman juzgados especializados en responsabilidad civil y el desbloqueo de la reforma del baremo
Este cambio normativo podría suponer un coste estimado de 100 millones de euros anuales, según primeras estimaciones
La reforma del baremo de tráfico sigue sin estar operativa un año después de la aprobación del Proyecto de Ley (Imagen: ICAM)
Los abogados de víctimas reclaman juzgados especializados en responsabilidad civil y el desbloqueo de la reforma del baremo
Este cambio normativo podría suponer un coste estimado de 100 millones de euros anuales, según primeras estimaciones
La reforma del baremo de tráfico sigue sin estar operativa un año después de la aprobación del Proyecto de Ley (Imagen: ICAM)
La reforma del baremo indemnizatorio de las víctimas de tráfico —bloqueada en el Congreso como ya denunciaron en este medio de comunicación asociaciones como Anava-RC, Adevi y Adaviac— es necesaria para mejorar la calidad de vida de las víctimas. Al mismo tiempo, los expertos reclaman una reforma de la Justicia en condiciones que cree los juzgados de responsabilidad civil y seguros especializados para entender la problemática de un sector cada vez más complejo.
En una jornada organizada por la sección de responsabilidad civil (RC) del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), juristas como Juan Manuel Villar, abogado en Pérez Tirado & Villar Calabuig y secretario general de la AEAERyS; José Antonio Badillo, abogado en la Dirección General de Seguros y copresidente de la Sección de RCyS del ICAM; y Manuel Castellanos, abogado y también copresidente de la sección de RCyS del ICAM ahondaron en la necesidad de la misma para mejorar la calidad de vida de las víctimas, incidiendo en cuestiones como la reclamación de oferta motivada, la valoración del daño corporal y los intereses moratorios, entre otras cuestiones.
En este sentido, José Antonio Badillo comentó que la reforma supone una mejora para las victimas pues, “en principio, podría suponer un coste de 100 millones al año y modifica aspectos procedimentales, actuariales económicos y relacionados con la gravedad de las víctimas, lo que hace mejorar sus indemnizaciones. Se ha mejorado la redacción del artículo 7 sobre la oferta motivada, de tal forma que si la aseguradora no presenta el informe médico en el momento no lo puede presentar con posterioridad en el procedimiento judicial. El baremo se va a actualizar por el IPC. Son mejoras para las víctimas, pero por el momento se demoran las enmiendas”.
Para Juan Manuel Villar, «pese a las mejoras introducidas en la reforma que está pendiente en el Parlamento, hay todavía lagunas pendientes como es el caso de la estabilización de los grandes lesionados: no se estabiliza cuando sale del hospital, hay un periodo de adaptación a la vida. Con la reforma de la Ley debería aparecer la Guía de Buenas Prácticas y dejarla en desuso sobre todo en lo relacionado con el artículo 7. Al mismo tiempo, hay que reconocer que no siempre las ofertas son motivadas. No te dicen el porqué de los puntos que dan».
Por su parte, Manuel Castellanos explicó las propuestas que la Asociación de abogados de víctimas de accidente y responsabilidad civil (Anava-RC) había presentado en este Proyecto de Ley, ahora congelado en el Congreso. “Las propuestas planteadas en ese informe fueron consensuadas por las víctimas y la patronal aseguradora Unespa. Entre nuestras propuestas está la concesión de atestados gratuitos, el reconocimiento de centros sanitarios como perjudicados, la compaginación de los intereses moratorios con el valor del dinero del artículo 40 del baremo, y la revisión de algunos aspectos del baremo médico. El baremo debe buscar la total restitución de las víctimas, no limitarlo”, expresó.
Sobre la reforma de la Justicia, donde habrá tribunales de instancia, estos juristas creen que debería aprovecharse la oportunidad de crear juzgados especializados en responsabilidad civil. La especialización es necesaria en algunos juzgados para que los jueces convenientemente formados lleven estos temas. «Nuestra mentalidad no está preparada para la mediación y con lo que sabemos no parece viable», señala Villar. En el mismo sentido se expresa José Antonio Badillo, quien también considera que es difícil que cuaje, «aunque parece que funciona en el ámbito familiar». Finalmente, Manuel Castellanos se muestra escéptico en su funcionamiento.
Mariano Medina, maestro de abogados expertos en responsabilidad civil, no se anda por las ramas para hablar de la reforma del baremo planteada por la Comisión de Expertos en el 2020 y que cuatro años después sigue sin cristalizar en mejoras para las víctimas de los accidentes de tráfico: “Creo que más que una reforma hay que hablar de distintos parches, cuando lo que no se hace es tocar el fondo del asunto, como es reparar íntegramente el daño de cualquier victima”.
Desde su punto de vista, “el baremo indemnizatorio que se aprobó en el 2015 tiene una buena estructura. Lo que hace es que no repara el daño íntegramente, sino que impide que se repare en su totalidad. Es un sistema de reparación parcial. Hay dos o tres conceptos válidos, pero el resto tienen algún problema. Se ha centrado sobre todo en el gran lesionado. Al parecer hubo un pacto soterrado de las asociaciones de grandes victimas con Unespa. Los grandes lesionados son baratos para las compañías, primero porque son pocos y segundo porque tienen reaseguro”.
Para este experto, “lo que le cuesta caro a una compañía es la lesión temporal, es el esguince o la pequeña lesión. Los llamados microlesionados y los mesolesionados están sacrificadísimos; por ejemplo, con el baremo del 2015 se comentó que los gastos médicos futuros no se pagaban. Han pasado nueve años y siguen sin pagarse, solo se pagan a grandes lesionados. En muchos casos, estos gastos los tiene que asumir la propia víctima de su propio bolsillo. Sobre el artículo 7, que regula la oferta motivada, está mal escrito y es mejorable”.
A juicio de este jurista, “se ha hablado durante la intervención de José Antonio Badillo que esta reforma del baremo podría tener un coste de 100 millones de euros, pero no estoy de acuerdo con esos datos, la subida es mínima. Sobre lo que se ha debatido al final de la jornada, estoy de acuerdo en que se creen juzgados especializados en responsabilidad civil y daños. Lo de la mediación no veo que tenga encaje. No sirve para nada, encarece y retrasa. Cuando te encuentras con un juez especializado notas que sabe más que tu. Hay que hacer un esfuerzo de formación y de apostar por la especialización de la Justicia”.
Un retraso indigno
Para Sergio García-Valle, abogado asesor de la sección de responsabilidad civil y seguros del ICAM y vocal en Madrid de la la Asociación de Abogados de Responsabilidad Civil y Seguros (Anava-RC), “es indignante que esta reforma consensuada entre abogados de víctimas y patronal Unespa lleve paralizada cerca de un año. Es una reforma necesaria tanto para las víctimas como para el sector asegurador, pues se mejorarían los aspectos controvertidos del baremo. Es importante que las propuestas de la Comisión de Expertos se introduzcan legislativamente”.
En cuanto a las propuestas que ha planteado la asociación Anava-RC en esta sesión, García-Valle cree que no se entiende por qué en el fallecimiento de los fetos por accidente de tráfico solo se considera perjudicada a la madre y no al padre. También es importante lo que ha explicado Manuel Castellanos del artículo 135 de la Ley del baremo, de hacer una clasificación de lesiones como lumbalgia o dorsalgia y y no introducirlo solo en esguince cervical. El tema de los intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro está definido y no se modificaría”.
Sobre estos intereses que las aseguradoras han pedido que se redujeran, este jurista es partidario de nunca bajarlo sino mantenerlo por tramos: «Soy partidario, como otros expertos, de que se creen juzgados de responsabilidad civil y seguros. En temas de negligencias médicas, donde se hace una acción directa por una responsabilidad patrimonial, se está resolviendo por un juez civil de acuerdo a la ley vigente. Habría que especializar a los jueces para que conozcan el baremo y la Ley 35/2015. Sobre el tema de la mediación, a día de hoy sería un tramite más y no sería necesario”.
Otro de los asistentes es Álvaro Taitai, abogado especialista en responsabilidad civil donde lleva asuntos tanto del sector asegurador como de víctimas. Taitai considera que “la reforma que demandamos los abogados especialistas es muy necesaria. Creo que la Comisión de Expertos, a través de la Guía de Buenas Prácticas, ha realizado una buena labor, pero quedan cuestiones por recorrer. Hay además cuestiones que se han tratado en la jornada de hoy que son relevantes”.
De los temas que urgen aprobar, este jurista señala que «uno de ellos, que es importante por la entidad que tiene, es lo concerniente al gasto sanitario futuro y la relación que hay con los servicios públicos de salud. En los artículos 114 y siguientes sería fundamental que se repensara el contenido de dicho artículo. La reforma se ha centrado mucho en los grandes lesionados, pero los pequeños lesionados han quedado perjudicados. Hay mucho camino aún por recorrer».
“Al mismo tiempo, el artículo 7 de la Ley del baremo va a cambiar. Como ha explicado Manuel Castellanos, se trata de que se pueda cumplir con el deber de transparencia. Sobre todo que los informes que se no se aporten en esa fase previa con la víctima no se puedan aportar a otra posterior judicial. Esta tendencia viene de aquella sentencia famosa del tsunami de Granada. Necesitamos juzgados especializados en daños y RC. Es una materia tan especializada que se podría dar el mismo trato que a lo mercantil”.
Reforma olvida lesionados temporales
Para Esther Monterroso, abogada de responsabilidad civil y profesora titular de derecho civil, “la tardanza de dicha reforma puede acarrear muchos problemas e incluso sanciones por la tardanza de la trasposición de la directiva. Sobre los temas urgentes y que deberían aprobarse lo antes posible, hay cuestiones de tramitación que serían fundamentales. Hay muchos casos relacionados con grandes lesionados que es donde se centra lo más importante de esta reforma, mientras que de los lesionados temporales no se ha abordado más a fondo en sus indemnizaciones. Propuestas como las de Anava-RC son puntos mínimos que deberían incorporarse a esta reforma”.
Desde su punto de vista, “es fundamental que se llegue a la equiparación de daños en los bienes y daños personales, que están bajo un régimen distinto, cuando el régimen personal de responsabilidad civil es una responsabilidad objetiva por el riesgo de la circulación. Que luego en la carga de la prueba haya esa diferencia afecta mucho, e incluso afectará mucho más en el momento en que empecemos con vehículos autónomos. Ahí podemos tener un problema muy serio por ese distinto régimen de responsabilidad”.
Para esta experta, si “España quiere liderar la reforma de los vehículos autónomos y empieza a haber propuestas legislativas de modificación de la Ley de tráfico del seguro y del reglamento, es un buen momento que la cuestión se solucione para que cuando se abra la vía de vehículos autónomos podamos aprovechar ese empuje para cuando llegue esa otra regulación. Sobre la inclusión de los MASC y la mediación, estoy a favor de que se plantee en la Ley de eficiencia organizativa, al igual que los juzgados especializados en RC”.
Para la abogada Maren García-Valle, abogada del despacho García-Valle Abogados, “la reforma es importante porque llevamos mucho tiempo trabajándola, tanto el sector asegurador como los abogados de defensa de víctima llegaron a un acuerdo sobre la misma en la Comisión de Expertos del Baremo en el 2020. Hay aspectos que se han dejado en esa reforma que esta paralizada, como lo que se ha comentado de la regularización de situaciones en las que el feto muere en accidente de tráfico y no llega a nacer. El baremo necesita un cambio, solo indemniza a la madre y no al padre”.
Desde su punto de vista, todos los temas en los que ha trabajado Anava-RC son importantes: “Parece que se han centrado más en modificar artículos para beneficiar la situación de las grandes víctimas y a cambio de ello no se han abordado cuestiones que afectan a los lesionados de baja intensidad. Sobre el artículo 7 de la norma que regula la oferta motivada, se ha mejorado bastante. Ahora, con la oferta motivada, las aseguradoras tendrán que aportar su informe pericial. Sin embargo, si no se presenta en el juicio no se podrá aportar después, dice la nueva redacción”.
Esta experta es partidaria de que se creen juzgados especializados en responsabilidad civil que afronten este tipo de asuntos. A su juicio, habrá que ver si la mediación es operativa y funciona en este tipo de asuntos. “Hay que aprovechar la reforma de los tribunales de instancia para crear estos juzgados especializados. Es importante tener jueces preparados que lleven estos asuntos relacionados con accidentes de tráfico o negligencias médicas, entra otras cuestiones. Eso podría agilizar la respuesta de los temas de los juzgados que a veces disuade a las víctimas de reclamar”, concluye.