Los asuntos pendientes de ser aceptados en juzgados de familia crecen un 2.300% debido a la huelga de los LAJ

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó desde el 23 de enero del hasta el 28 de marzo, ha tenido un impacto en la resolución de asuntos y también en el ingreso, puesto que el número de procedimientos repartidos que han quedado pendientes de ser aceptados por los órganos judiciales, y por tanto no se han computado como ingresados, ha crecido enormemente en este primer trimestre de 2023. En el caso de los asuntos civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los asuntos pendientes de ser aceptados han pasado de 20 en el primer trimestre de 2022 a 155 en el mismo trimestre de 2023; en los Juzgados de Familia, el incremento ha sido de 177 a 4.077.

Los datos forman parte del informe del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que también contempla que en el primer trimestre de 2023 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios, en total 22.647, disminuyó un 10,3% respecto al del mismo trimestre de 2022.

Así, entre enero y marzo de este año, con la excepción de las demandas de separación no consensuadas (292), que repitieron la cifra del mismo periodo de 2022, todas las formas de disolución matrimonial mostraron importantes disminuciones interanuales. Las 12.839 demandas de divorcio consensuado fueron un 12,8 % menos que las registradas en el primer trimestre de 2022; las 8.954 demandas de divorcio no consensuado mostraron un descenso del 5,7 por ciento; y en cuanto a las demandas de separación consensuada, que sumaron 550, la disminución se situó en el 23,9 por ciento.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2023 vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con una ratio de 65,4; Navarra, con 56,4; Comunidad Valenciana, con 53,7; Andalucía, con 51,4; Illes Balears, con 51; y Asturias, con 48,1. Todos estos territorios superan la media nacional, que se situó en 47,1 demandas por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en La Rioja, con 30,7; Madrid, con 37,3; y Castilla y León, con 37,9.

 El Consejo General del Poder Judicial también señala que, con la excepción de las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas, de las que se en el primer trimestre del año se presentaron 7.004 y que mostraron un incremento del 1,2 por ciento, todas las demás sufrieron una disminución interanual.

Imagen: CGPJ

Así, las demandas de modificaciones de medidas consensuadas, de las que se registraron 3.003, se redujeron en un 10,6 por ciento; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 8.097, descendieron un 4,9 por ciento; y las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que fueron 5.382, mostraron una disminución interanual del 8,6 por ciento.Re