Los consejeros del PSOE en el Tribunal de Cuentas salvan a los independentistas del embargo

Los líderes independentistas acusados de malversación por su actuación el referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y por la acción exterior del Govern no tendrán que pagar los 5,4 millones de euros que se les impuso en concepto de liquidación provisional. Rosario García Álvarez y Diego Íñiguez, nuevos consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PSOE, se impusieron en la Sala de Justicia del organismo fiscalizador a su presidenta, Rebeca Laliga, nombrada a propuesta del PP.

En una escueta nota emitida por el Tribunal de Cuentas se explica que «la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha acordado, con un voto particular, aceptar los avales del Institut Català de Finances en relación al recurso nº36/21, de las actuaciones previas nº80/19 (políticas de acción exterior de la Generalitat de Cataluña 2011-2017)», ha anunciado el órgano este lunes. «La consejera del Departamento Primero de Enjuiciamiento será la encargada de redactar el auto en los términos acordados por la Sala. Los detalles del auto se conocerán en los próximos días», informa el escueto comunicado.

El nuevo auto deja sin efecto la decisión adoptada inicialmente por la delegada instructora Esperanza García que, con apoyo del Tribunal de Cuentas anterior -en que tenía mayoría el PP- descartó estos avales al entender que la garantía habilitada por la Generalitat con un decreto ley no puede amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave, concluye el escueto comunicado.

Los líderes independentistas han esquivado el embargo. (Foto: Google)

Los nuevos consejeros basan su fallo en que la ley con la que la Generalitat habilitó los avales a los que recurrieron 28 de los 34 encausados nunca fue recurrida. Des este modo, nadie cuestionó su legalidad y se encuentra en vigor. Teniendo esto en cuenta, el Tribunal de Cuentas no puede rechazar unos avales amparados por esa norma.

Indefensión

Un elemento fundamental en esta decisión era si los recursos interpuestos por los encausados reunían los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y debían ser resueltos. Según este artículo, sólo se puede revocar una decisión de la delegada instructora por no haberse completado “diligencias” o en los casos en que “se causare indefensión”. La supuesta “indefensión” que sufrirían Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y resto de independentistas encausados parece que es el motivo por el que aceptar que les cubra el aval público lanzado por la Generalitat de Cataluña el pasado año y que fue instrumentado por el Institut Catalá de Finances (ICF).

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha defendido este lunes la actuación «absolutamente ajustada a derecho» de la Sección de Enjuiciamiento de este órgano, que ha decidido aceptar los avales de la Generalitat para hacer frente a la fianza impuesta a 28 promotores del procés.

Enriqueta Chicano. (Foto: Tribunal de Cuentas)

Lo ha hecho ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, reunida en el Congreso, donde ha presentado varios informes de fiscalización, entre ellos el referido a la contabilidad de los partidos políticos y sus fundaciones del ejercicio de 2016.

Menor presión al independentismo

Chicano ha asegurado sobre el cambio de criterio del tribunal respecto a la finanza ahora admitida para los que promovieron el procés en el exterior, que la independencia es una vocación que «en el tribunal se da». «El tribunal está trabajando, como siempre lo ha hecho, con arreglo a derecho«, ha aseverado.

Al margen de la afirmación de la presidenta del Tribunal de Cuentas, parece evidente que se está suavizando la presión sobre los líderes independentistas. La Abogacía del Estado ya ha anunciado que no va a presentar denuncia contra los acusados frente a precedentes anteriores con el argumento de que la entidad pública perjudicada no es el Ministerio de Hacienda, sino la Generalitat catalana. Sin embargo, el Gobierno catalán asegura que no va a denunciar a los malversadores porque sostiene que los gastos en el exterior y en el referéndum del 1 de octubre no perjudicaron sus arcas públicas.