Los créditos rápidos y sus TAE, que pueden llegar al 5000%, el nuevo quebradero de cabeza de los consumidores

Al fenómeno de las tarjetas revolving se ha unido el de los créditos rápidos  o microcréditos, que también generan estragos en la economía de familias y consumidores. Son productos de poca cuantía, con intereses que pueden llegar al 5000% en algunos casos concretos, lo que ha despertado la alerta de nuestros políticos por su uso generalizado.

Las empresas que se anuncian en metro, televisión o por internet ofreciendo créditos de pequeños importes han proliferado los últimos años.

Ofrecen créditos de bajo importe, entre 50 y 1000 euros, que en algunos casos suponen intereses de hasta el 4000%, 5000% e incluso 59000% TAE. Actualmente, la normativa española no tiene reserva de actividad para la concesión de crédito, lo que supone que estas empresas que conceden préstamos inmediatos no son supervisadas por el Banco de España y ni siquiera hay un registro de las mismas.

Cientos de compañías estarían ofreciendo créditos inmediatos, incluso operando desde el extranjero sin ningún tipo de supervisión.

Con fecha 27 de enero, el grupo parlamentario Sumar, por la iniciativa de sus diputados Félix Alonso Cantorné y Aina Vidal, portavoz adjunta primera, registraban una proposición no de ley para la regulación de los llamados créditos rápidos o microcréditos.

En dicha propuesta, a la que ha tenido acceso E&J, se indica que “en definitiva, el negocio de las empresas de créditos rápidos es crear espirales de dependencia para explotar la situación de vulnerabilidad de miles de personas. Sin ningún tipo de estudio de solvencia del perfil de sus clientes, los atrapan y persiguen a través de empresas de cobros muy agresivas, tratando de alargar el hilo de pagos el mayor tiempo posible. La UE ha regulado este tipo de créditos al consumo y es absolutamente necesario que nuestro país lo haga en el menor plazo de tiempo posible”.

Félix Alonso Cantorne, diputado de Sumar, cree que la regulación hay que hacerla lo antes posible. (Imagen: Sumar)

En la proposición registrada se plantea definir bien lo que es el préstamo abusivo y evitar microcréditos que estén por debajo de los 200 euros. También se habla de crear un registro de estas empresas para que puedan demostrar su solvencia como entidades financieras y un control de su publicidad promocional de esos productos que puede ser muy agresiva.

Otra de las cuestiones que se plantea es “articular, junto al resto de administraciones, un estudio utilizando los medios necesarios, incluida la Inteligencia Artificial, para detectar los anuncios y posibles abusos y fraudes de estos prestamistas y en su debido caso sancionar o iniciar una denuncia penal si se prueba necesario”.

Hay que regularlos ya

Félix Alonso Cantorné, ex director general de Consumo del gobierno balear hasta su entrada en política de la mano de Sumar, gestiona como diputado muchos asuntos sobre consumidores en el Congreso de los Diputados “este es un tema que tiene mucha trascendencia social, pese a que desgraciadamente por el momento no aparece mucho en los medios de comunicación, pero afecta a las capas más bajas de la sociedad que no tienen acceso al mercado financiero clásico. En Servicios Sociales nos dicen que muchos de los afectados no saben cómo salir de esta adicción”.

Este profesional señala que “en mi etapa en Baleares, cuando abrimos algunos expedientes, vimos que muchas de ellas eran piratas. Este mercado de los créditos rápidos tiene toda la pinta de ser una selva sin ninguna regulación, con lo cual ya nos estamos encontrando con consumidores y familias entrampados porque pasan de un crédito a oro sin solución de continuidad. Aunque tenemos que transponer la directiva de créditos al consumo, nosotros, al estar ahora en el Gobierno, tenemos que hacer que estas cosas se hagan y no se queden en un cajón y se hagan lo más rápido posible”.

Patricia Suárez cree que hay que aprovechar la trasposición de la directiva de créditos al consumo para topar estos créditos. (Imagen: Asufin)

Nuestro interlocutor recuerda que “igual a la hora de regulación podemos ir un poco más, porque las directivas son de mínimos, pero ofrece al país que la tiene que trasponer un amplio margen legislativo. Creemos que junto a problemas como el de la vivienda o el del empleo, la cuestión del sobreendeudamiento de los consumidores es otra cuestión que tenemos que abordar porque afecta, por un lado, a la economía familiar y en algunos casos puede generar , como así nos lo han dicho los especialistas, problemas de salud mental por la adicción a esos créditos entre estos consumidores que los utilizan una y otra vez”.

Para Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, entidad adscrita al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), “nosotros venimos publicando el llamado baremo de préstamos rápidos, donde venimos denunciando que estos créditos tienen unas TAE inasumibles. La industria se defiende que esa TAE es muy alta porque son créditos de menos de un año. Al mismo tiempo tienen el gancho, cuestión que viene recogida en la propuesta de SUMAR que te dan el primer préstamo gratis. Eso sirve de enganche al consumidor que luego empalma un crédito con otro a lo largo del tiempo”.

A juicio de esta experta, la propuesta que lidera el diputado Cantorné no aborda un tema importante: “cuál es la aparición de plataformas de abogados con nombres muy sonoros que aparecieron bajo el paraguas de la Ley de Segunda Oportunidad, donde la expresión recuperar deuda aparece como reclamo. Captan un montón de asuntos, pero no son muy rigurosos en su forma de trabajar. En algún caso sabemos que han desaparecido con el dinero de grupos de consumidores entrampados en estos créditos rápidos. Sus encargos también soportan condiciones abusivas para el consumidor que lo pide”.

Fernando Panadero, primero por la derecha en esta imagen, advierte que a nivel judicial no hay uniformidad de criterios. «Es cuestión de prueba para que el juez te de la razón». (Imagen: E&J)

Al mismo tiempo nos señala que “está a punto de transponerse la directiva de crédito al consumo. En ella se habla de topar los tipos de interés como posibilidad que deja Europa a cada Estado miembro. En Portugal ya se hace a través de su Banco de Portugal. En nuestro país, esa labor podría hacerla el Banco de España, el topar cada crédito que hay en el mercado para de esta manera evitar los abusos que se están cometiendo. Una buena regulación ayudaría a reducir toda la conflictividad de estos asuntos, muchos de los cuales se judicializan. En el próximo pleno del CCU vamos a abordarlo como uno de los temas clave”.

Créditos que empalman con otros

Fernando Panadero, abogado experto en derecho de consumo, reconoce que ha llevado temas tanto defendiendo a las financieras, como a los propios consumidores, explica a Economist & Jurist que “lo primero que hay que destacar es que en España, a diferencia de otros países europeos de nuestro entorno no está regulada esta práctica. Es evidente que esta propuesta de Sumar, como la de cualquier otro partido político o asociación profesional, sería bien vista a nivel general y daría más seguridad jurídica a los consumidores a la hora de elegir la entidad y el crédito rápido que van a utilizar”.

Para este experto, “podemos estar hablando de préstamos de 500 o 600 euros con unos intereses que pueden llegar a superar el 1000% que se dan de forma instantánea a quien lo necesita. Por el momento la tramitación es muy sencilla: la empresa te ofrece el crédito con poca información precontractual, pero al mismo tiempo no te pide ningún aval sobre tu solvencia. Se suelen otorgar a consumidores que no tienen acceso al mercado financiero tradicional, por una u otra circunstancia, y necesitan un dinero rápido para compras concretas. Hay casos en los que se prestan 500 euros y hay que devolver otros 1000 euros. Se justifican diciendo que para ganar dinero tienen que meter esos intereses”.

Respecto a los fallos judiciales, este letrado nos comenta que “por el momento hay sentencias en ambas direcciones, unas apoyan la labor de estas empresas y las absuelven de cualquier responsabilidad, y en otras los jueces indican que este tipo de créditos son usura y como tal obligan a la entidad a devolver ese dinero prestado de más. Es realmente un tema de prueba. Juegan con la falta de prueba del que reclama. No se acredita bien que haya el contrato y quienes los suscriben tienen un perfil de ludópatas que encadenan un préstamo con otro de forma casi mecánica. 500 se convierten en 5.000 muy rápidamente”.

Belén Rincón cree necesaria esta regulación para dar seguridad jurídica a un mercado emergente donde los consumidores se entrampan. (Imagen: E&J)

Desde Málaga, Belén Rincón, abogada experta en derecho de consumo  perteneciente a la Red ABAFI, afirma que “cualquier propuesta que tenga por objetivo proteger a los consumidores debe ser bienvenida. Esta iniciativa de Sumar se preocupa de la publicidad tan agresiva que hacen estas empresas para captar clientes. Otra cuestión que indican es la necesidad de crear un registro con todas estas empresas que comercializan este tipo de productos financieros bajo la supervisión del Banco de España. Son medidas que tienden a la protección del consumidor en un mercado que en nuestro país está sin regular por el momento”.

Para esta letrada, “junto con estas medidas de protección sería deseable no solo el controlar al prestamista con estas actuaciones que propone esta formación política, sino también fomentar la cultura financiera de los consumidores. Hay que hacer un esfuerzo para que los propios consumidores sepan las consecuencias que pueden sufrir cuando contraten un producto financiero de esta índole, conocer también la diferencia entre un microcrédito y una tarjeta revolving. Hay simuladores en el Banco de España que les pueden ayudar a conocer el coste de un producto u otro. De esta forma, el consumidor puede estar alerta en cuanto a la comercialización de estos productos financieros”.

En su opinión, “son créditos peligrosos por lo elevado de su coste. Eso puede generar situaciones de fraude que hay que evitar si uno está bien informado de lo que es cada producto financiero. Los microcréditos o créditos rápidos tienen un inicio y un final, a diferencia de las revolving, donde vas pagando sine die y no sabes cuándo termina, porque se recompone a medida que vamos devolviendo el préstamo. El microcrédito puede ser de días, pero para ser rentables tienen intereses brutales. Las revolving ya tienen la regulación de la Orden Ministerial 699/2020 del Banco de España. En nuestro país se va legislando a golpe de problemática”, afirma.