Los delitos penales que habrían cometido los dos mossos que presuntamente ayudaron a Puigdemont a huir de España, de nuevo

En el día de ayer, coincidiendo con la investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, el prófugo político Carles Puigdemont regresó a España. Echando un pulso a las autoridades policiales y judiciales españolas, ya que existe una orden nacional de detención contra él, a las 09.00 horas de la mañana el expresidente de la Generalitat reaparecía en público en Barcelona tras estar siete años huido del país.

Tras dar un breve discurso defendiendo su causa ante los miles de manifestantes que le esperaban en el paseo Lluis Companys de Barcelona, Puigdemont abandonó el lugar sin que la policía nacional catalana efectuara su detención.

Al poco tiempo, los mossos d’Esquadra activaron la operación ‘Jaula’, un dispositivo policial para controlar todas las salidas de Barcelona y las fronteras, especialmente con Francia, para capturar a este prófugo y ponerlo a disposición judicial. Sin embargo, no se logró localizar ni detener al expresidente.

Esta mañana, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado a Rac1 que el expresidente ya se encuentra fuera del territorio español.

El abogado de Carles Puigdemont asegura que el expresidente de la Generalitat se encuentra ya fuera de España. (Imagen: RTVE)

La ‘Operación Jaula’: un operativo que ha durado menos de cuatro horas

La aparición de Puigdemont ante cientos de personas, aunque esperada, causó una gran conmoción tanto entre las autoridades como entre los asistentes. Ante esta situación, la policía catalana decidió activar sobre las 10:00 a.m. la operación ‘Jaula’, un operativo policial destinado a cercar a los presuntos responsables de graves delitos, como es el caso del expresidente de la Generalitat.

Una estrategia que, pese a su puesta en marcha, no pudo evitar que Puigdemont saliese victorioso del escenario montado en el Paseo Lluis Companys, donde miles de seguidores escucharon atentamente su breve discurso, que culminó con un enigmático «no sé cuándo volveremos a vernos». Tras esas palabras, Puigdemont desapareció, acompañado por su círculo de confianza y seguridad privada.

Como consecuencia de esta aparición, los Mossos d’Esquadra activaron inmediatamente el dispositivo ‘Jaula’, conformado por numerosos controles policiales en diferentes puntos clave alrededor de Barcelona. Un asedio que, infructuoso como él sólo, no ha logrado dar con el paradero del líder de Junts.

La policía catalana, que había activado el nivel 3 del operativo para localizar a Puigdemont, centró su búsqueda en las matrículas de dos vehículos que podrían haber facilitado su huida. Uno de estos vehículos sería un coche blanco vinculado a un mosso d’Esquadra, quien fue detenido por presuntamente ayudar en la fuga del expresidente. Pese a ello, alrededor de las 14.00 horas de la tarde se anunció la suspensión temporal del operativo, que fue nuevamente activado a media tarde, aunque esta vez con tan sólo unos pocos controles policiales.

Carles Puigdemont, durante su aparición en el discurso de investidura de Salvador Illa. (Imagen:. RTVE)

Llarena pide explicaciones a Interior y a los mossos

Ante este fracaso por parte de las autoridades policiales de conocer el paradero de Puigdemont y ejecutar su detención, el juez instructor de la causa del ‘Procés’, Pablo Llarena, también se ha pronunciado esta misma mañana a través de dos resoluciones, tal y como ha informado Europa Press.

En dichas resoluciones Llarena pide tanto a los Mossos d’Esquadra como al Ministerio del Interior un informe en el que se detalle la información sobre el operativo planificado para detener a Puigdemont, así como los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial.

El magistrado del Tribunal Supremo exige explicaciones al cuerpo de policía catalán y al Ministerio que dirige el ministro Fernando Grande Marlaska acerca de cuál era el operativo aprobado inicialmente y dispuesto para efectuar la detención del expresidente de la Generalitat, así como las órdenes posteriores que fueron cursadas durante el día de ayer para encontrarle y detenerle, después de su fuga.

Asimismo, en las resoluciones Llarena insta a los Mossos y a Interior a que detallen “quiénes los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y los que se les encomendó su ejecución o despliegue operativo”.

Pablo Llarena, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, e instructor de la causa del ‘Procés’. (Imagen: Poder Judicial)

Los mossos detenidos podrían ser citados como investigados

El juez instructor de la causa del ‘Procés’ no ha tardado en pedir dichas explicaciones ya que durante el día de ayer se detuvieron a dos mossos por presuntamente ayudar a Puigdemont en su huida.

El primer mosso detenido fue arrestado tras conocerse que era el dueño del coche en el que supuestamente había escapado el expresidente de la Generalitat. Este agente presentó en el día de ayer un escrito provisional de habeus corpus —tal y como explicó E&J se trata de un recurso legal que protege el derecho a la libertad personal y a no ser detenido de manera arbitraria o ilegal— aunque la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 20 Barcelona, en funciones de guardia de incidencia, lo desestimó.  Posteriormente, una vez que se tomó declaración al detenido y dado que la Fiscalía no solicitó ningún tipo de medida cautelar, se acordó la libertad provisional del agente.

Respecto al segundo mosso detenido, también por haber participado en la huida de Puigdemont, por el momento continúa bajo arrestó aunque su situación se resolverá cuando sea dispuesto a disposición de la autoridad judicial, en un plazo de 72 horas.

Los dos agentes del cuerpo de la policía nacional catalana tendrán que responder ante la Justicia si finalmente se abre una causa judicial contra ellos por presuntamente ayudar al expresidente de la Generalitat a eludir su detención.

En este supuesto, ambos agentes serían citados como investigados por haber incurrido en varios delitos, pues, al ser miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado su obligación era arrestar a Puigdemont y ponerlo a disposición judicial.

(Imagen: Archivo)

Encubrimiento, omisión del deber, obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional

Uno de los primeros delitos a los que se pueden enfrentar los agentes sería el de obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional, regulados en el capítulo VII del Código Penal (CP).

Otro delito por el que podrían responder es el regulado en el artículo 450, Capítulo II del Código Penal: omisión del deber. Dicho precepto legal establece que los agentes podrían enfrentarse a una multa de seis a veinticuatro meses, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél.

Asimismo, si los agentes son citados a declarar como investigados, también podrían enfrentarse a ser declarados autores de un delito de encubrimiento, regulado en el artículo 451 del Código Penal, Capítulo III. Este precepto legal, en su apartado tercero, recoge que “será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución […] Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura”.

El apartado tercero del artículo 451 del CP aclara que esta pena se impondría siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: “b) Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave”.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. (Imagen: RTVE)

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont: «Está en un lugar seguro, fuera de Barcelona, de Cataluña y del Estado»

Tal y como ha informado esta mañana la agencia de noticias Europa Press, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ya habría anunciado durante el programa radiofónico Rac1 que el expresidente de la Generalitat ya se encuentra fuera de España. Concretamente, ha expresado que «está en un lugar seguro, fuera de Barcelona, de Cataluña y del Estado”.

Respecto al paradero de Puigdemont, no ha dicho gran cosa, únicamente que será el propio político quien se encargue más delante de hacerlo público, alegando que “siempre ha estado a disposición de la Justicia” y que, en estos momentos, está siendo injustamente perseguido, pues la Ley expresa que debería ser amnistiado, pese a la reticencia del juez Llarena.

En este sentido, según el letrado, Puigdemont salió del país el mismo jueves, tal y como habían planeado y poco después de que finalizase su discurso frente al Parlament, celebrado durante la sesión de investidura de Salvador Illa, del PSC. Una aserción que, no obstante, no ha surtido efecto sobre la policía, que más de 24 horas después anda tras las pistas del prófugo.

Por su parte, el conseller de Interior en funciones del Gobierno catalán, Joan Ignasi Elena, ha asegurado la mañana de este viernes, 9 de agosto, que los Mossos d’Esquadra no se esperaban «un comportamiento tan impropio» por parte de Carles Puigdemont, y ha acusado a Junts de usar a los ciudadanos como extras de un engaño.

“Los tres operativos estaban dimensionados. Y lo que sí que no estaban eran preparados o no preveían un comportamiento tan impropio por parte de la máxima autoridad de este país. Evidentemente, habrá una investigación, como no puede ser de otra manera, de cómo ha funcionado el operativo, de cómo estaba diseñado”, ha señalado el consejero socialista durante una rueda de prensa.