Los expertos reclaman una norma que dé seguridad jurídica a los profesionales de las investigaciones internas

En el acto celebrado ayer en Madrid, Detectives vs. Abogados: la batalla por las investigaciones internas, organizado por el despacho Círculo Legal Madrid y la consultora Winterman -especializada en evaluación y gestión de riesgos empresariales-, juristas de diferentes organizaciones han arrojado luz sobre cuestiones tan importantes como son: si están bien delimitados los espacios de actuación de los profesionales que intervienen en las investigaciones internas; qué papel jugarán en ellas; o cómo asegurar la validez de las pruebas.

La colaboración público-privada en la averiguación de los hechos delictivos va a ser una de las claves del Derecho Penal del futuro. Así lo han sostenido en este acto los expertos en la materia, quienes han reclamado una urgente regulación normativa que proporcione seguridad jurídica a los profesionales que intervienen en las investigaciones internas. 

La jornada, celebrada en el Hotel Hyatt Regency Hesperia, fue presentada por el abogado Diego Cabezuela, socio-director de Círculo Legal Madrid, y Enrique Vilamajó, CEO de Winterman. Además contó con la intervención del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón Cánovas, quien dio una magistral ponencia. Posteriormente, se celebró una mesa redonda con otros cuatro expertos en la materia. 

«Ante la sospecha de un delito, las organizaciones no son sólo sujetos investigados, sino también sujetos investigadores que forman parte del sistema de investigación. Hay que darles espacio para que investiguen de verdad, a fondo y sin miedo de que aquello que están reuniendo pueda volverse en su contra y acabar en la mesa de un policía o de un tribunal», ha destacado Diego Cabezuela.

Diego Cabezuela, socio-director de Círculo Legal Madrid, en la presentación del acto. (Imagen: Círculo Legal Madrid)

En este mismo sentido se ha pronunciado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Alejandro Luzón ha señalado la necesidad de que haya una mayor regulación de las investigaciones internas que se llevan a cabo para detectar potenciales infracciones en el seno de las compañías, porque a pesar de que desde el año 2010 se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico el modelo de colaboración público-privada en la lucha contra la delincuencia empresarial, en España las investigaciones internas carecen de una regulación.

Según ha explicado Luzón, «hay una tentación muy fuerte de las empresas de trasladar la responsabilidad a la persona física, intentando eludir la propia responsabilidad de la persona jurídica«, y ha indicado que «hay que ser especialmente cauto ante la tentación que existe en las empresas por descargar su posible responsabilidad penal en órganos inferiores, e incluso empleados, para salvar a los órganos directivos, los principales responsables de la empresa».

Sobre el futuro de este eventual marco procesal, Diego Cabezuela se ha referido también a los deferred agreements o non prosecution agreements del Derecho estadounidense, que permiten formalizar y dar carta de naturaleza a los acuerdos entre la Fiscalía y las organizaciones investigadas o acusadas. Asimismo, el letrado ha abogado por su implementación en nuestro país.

«La experiencia muestra que las fórmulas norteamericanas en materia de responsabilidad de las personas jurídicas siempre acaban desembarcando en Europa. Y ojalá que ésta lo haga pronto», ha expresado el director de Círculo Legal Madrid, quien en su intervención, por otra parte, también ha destacado que «la investigación interna permite a la empresa ser la primera en conocer los hechos en profundidad y tener el control de las pruebas».

Enrique Vilamajó, CEO de Winterman, también ha subrayado la importancia de la colaboración entre abogados y detectives, afirmando que es «un binomio necesario», a su criterio.  «El abogado establece las reglas del juego y vela porque se cumplan en los momentos difíciles, incluso trabajando por no sobrepasar una línea dolosa en la recopilación de pruebas, para que luego el detective legitime con su experiencia el fin último de la investigación», ha expuesto.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón Cánovas, durante su ponencia. (Imagen: Círculo Legal Madrid)

Tres problemas en las investigaciones internas

El fiscal jefe Anticorrupción también ha informado de los problemas con que se encuentran las investigaciones internas, y ha señalado tres: a quién se le encomienda; qué límites tiene el empresario a la hora de investigar; y la obligación o no de aportar resultados de la investigación a la Fiscalía. 

En relación a la primera cuestión, Alejandro Luzón ha explicado que se suele preferir a un abogado especializado y externo. No obstante, ha indicado que «las investigaciones de un detective difieren de las de un abogado interno, por lo que el officer compliance ha de controlar la actuación del abogado y éste, a su vez, la del detective».

Sobre esta última cuestión, ha aludido al ejemplo estadounidense, donde es habitual que la Fiscalía llegue a acuerdos de colaboración con las empresas, que acaban en atenuación o hasta exoneración de su responsabilidad penal. «La Fiscalía americana, por ejemplo, premia a aquellas empresas que sí comparten los resultados de las investigaciones. Allí son habituales los pactos entre Fiscalía y empresas, las cuales, comprometiéndose a pagar una sanción y a cumplir un plan de compliance, quedan libres de cargos», ha expuesto.

No obstante, ha aseverado que este sistema no está exento de críticas y que algunos autores manifiestan que estas investigaciones internas «se han acabado convirtiendo en un instrumento en manos del fiscal para conseguir pruebas que de otra manera no podría obtener», o que «la búsqueda de la verdad material puede verse perjudicada por la falta de independencia del director de la investigación».

Luzón anima a las empresas a que denuncien posibles delitos que detecten en su organización: «Las investigaciones internas son muy importantes e invito a la colaboración con la Fiscalía», ha emplazado. «Es cierto que hay falta de independencia del investigador y una instrumentalización del sistema, pero es fundamental seguir trabajando en esta línea».

Plano general de los asistentes al evento. (Imagen: Círculo Legal Madrid)

El futuro de las investigaciones internas

A continuación, se celebró una mesa redonda, en la que participaron Estefanía Encinas, responsable de Auditorías de Riesgos y Procesos en Cepsa; Ignacio López, responsable del Área de Investigación de Winterman; Joaquín González, jefe del Departamento de Inteligencia del Grupo FCC; y Felipe García, socio de Círculo Legal. Este último ha reivindicado el rol de los abogados especializados en Derecho Penal que, a su juicio, deben “comandar las investigaciones internas”.

Por su parte, Estefanía Encinas ha informado de que en su empresa, la estrategia siempre pasa por «poner a las personas en el centro«. Ha explicado que su política «es la de proteger al máximo al trabajador en cualquier investigación interna». También ha destacado la importancia de «aportar pruebas veraces y completas para no entorpecer la investigación» y de «preservar los derechos de los trabajadores como el de la presunción de inocencia, de intimidad y de defensa». 

Tanto Joaquín González como Ignacio López señalaron la importancia de los planes de compliance dentro de las empresas. López ha subrayado la importancia de establecer un protocolo de investigación, porque «la legislación es compleja y, en algunos casos, con la legislación española vigente, el detective privado es el que tiene una mayor independencia a la hora de investigar». 

«La regulación de las investigaciones internas es necesaria y conveniente», han coincidido tanto el fiscal Anticorrupción, como el resto de profesionales. Finalmente, Luzón ha zanjado el tema afirmando: «Creo que es un camino en el que debemos avanzar, que debemos recorrer, y eso ya no depende de nosotros, sino del legislador, y haría bien en intentar regularlas».