“Los fiscales somos los más capacitados para asumir la dirección de la investigación”

El Partido Socialista, el Partido Popular y Sumar apuestan por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deje la instrucción en manos de los fiscales, como sucede en varios países de nuestro entorno. Aunque existe un grado de acuerdo importante sobre este punto, que ya se planteó en un anteproyecto de ley hace unos años, cuando se impulsó la reforma de la norma que, finalmente, no se llevó a cabo, hay ciertas discrepancias entre los partidos sobre la forma en la que este cambio se adoptará o los requisitos previos que se deben cumplir para ello. Para la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales se trata de una reforma “inevitable y necesaria” para la que los fiscales están más que preparados, aunque requerirían un aumento de importante de la plantilla y un absoluto blindaje de su autonomía.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus afirma, en una entrevista con Economist & Juristque “los fiscales consideran necesaria la reforma procesal para que la investigación penal sea dirigida por el fiscal”. Explica que “la reforma implicaría la sustitución de la actual figura del juez instructor por la del juez de Garantías, un juez imparcial que se limitaría a velar por los derechos de los investigados durante la investigación de la causa; mientras el fiscal asumiría la dirección de la investigación para recopilar las pruebas suficientes para llevar a juicio al investigado, si procede”.

Con esta fiscal coincide en varios puntos la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros, que también ha sido entrevistada en este medio. “En la carrera fiscal existe una clara unanimidad sobre la necesidad de modernizar nuestro sistema procesal penal de forma que la dirección de la investigación penal recaiga en el Ministerio Fiscal. No se trata de poner a un fiscal donde actualmente está un juez, sino que se trata de abandonar el modelo inquisitivo de la instrucción por un procedimiento de investigación más ágil y eficiente con una mayor salvaguarda de las garantías del justiciable. Se trata de un paso no solo necesario, sino que podríamos decir que es hasta inevitable para dotar de mayor eficacia y garantía al proceso penal y nos equipararía con la mayor parte de los países europeos que tienen una tradición jurídica análoga a la nuestra”.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales y miembro del Consejo Fiscal. (Foto: Asociación de Fiscales)

Según Herreros, “una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este sentido supondría una redefinición más apegada a la Constitución española de las funciones del Poder Judicial, en el que está incluido también el Ministerio Fiscal. Superaríamos exitosamente el modelo actual con un Ministerio Fiscal director de la investigación y con un diseño de Juez de Garantías con competencia para autorizar diligencias de investigación y para adoptar medidas cautelares cuando, en ambos casos, incidan en los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se trata, en definitiva, de que las juezas y los jueces ejerzan como Jueces de Garantías con una función de árbitro imparcial ajena a la contienda que constituye todo procedimiento penal, garantizando sin contaminación alguna los derechos de las víctimas y de las personas investigadas”.

Se requiere un aumento de la plantilla del Ministerio Fiscal

Esta redefinición, señala Dexeus, implicaría una nueva reorganización de los fiscales para formar equipos de investigación, manteniendo el resto de las funciones actualmente encomendadas. Y la reorganización implica una ampliación importante de la plantilla del Ministerio Fiscal: “Una ampliación bien estudiada, elaborada en base a criterios objetivos para asumir las labores que tenemos ahora encomendadas. La nueva ley procesal deberá ir económicamente dotada. No puede afrontarse una reforma de esa envergadura a coste cero”, asegura.

Vuelven a coincidir las dos fiscales. Sostiene Herreros que “una reforma de este calado, tan ambiciosa como absolutamente necesaria tendría que ir acompañada de un aumento de plantilla y creo que sería muy conveniente valorar la creación de un sistema de puente entre las carreras judicial y fiscal que permitiera una mejor optimización de los recursos con los que contamos en la actualidad. Pensemos, además, que una visión constitucional de las competencias del Ministerio Fiscal no reduce su participación al proceso penal, por lo que la plantilla debe ser adecuada para atender la dirección de la investigación —que no instrucción— en el proceso penal sin desatender el resto de las funciones y facultades legalmente atribuidas”.

Los fiscales somos los más capacitados para asumir la investigación

Cristina Dexeus sostiene que “los fiscales estamos plenamente capacitados para asumir la investigación de las causas penales, somos quienes más capacitados estamos. En primer lugar, porque todos somos especialistas en penal, porque somos la única carrera que vemos la causa en todas sus fases hasta el fin de la ejecución de la pena, lo que nos confiere una visión más amplia y de conjunto sobre el bagaje probatorio que se precisa para acudir a juicio oral y obtener una sentencia de condena y, por último, en la Fiscalía estamos muy  acostumbrados a trabajar en equipo, lo que facilitaría nuestra labor”. La ventaja esencial para el proceso de un cambio como este “es que el fiscal es un profesional muy cualificado, plenamente capacitado, como lo demuestra en la jurisdicción de menores, para asumir la dirección de la investigación con una visión completa y práctica del proceso, de todas sus etapas. Además, con  esta reforma nos aproximaríamos a los sistemas  de los países de nuestro entorno”, añade Dexeus.

Inés Herreros comparte esta visión. ¿Está preparado el Ministerio Fiscal para asumir la dirección de la investigación? “Rotundamente sí. El Ministerio Fiscal es referente en la especialización jurídica y eso nos coloca en una posición muy aventajada para asumir la dirección de la investigación penal y aportar a juicio el necesario material probatorio. La organización del Ministerio Fiscal nos permite trabajar en equipo con un altísimo nivel de especialización, lo que nos coloca en la vanguardia de la persecución de las más peligrosas y complejas formas delictivas: violencia de género, delitos de corrupción, delitos económicos, delitos contra la salud pública, siniestralidad laboral, medio ambiente…”

Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. (Foto: E&J)

Y abunda: “Es una realidad que la carrera fiscal está absolutamente preparada para ello y vivimos como un fracaso cada legislatura agotada sin que el proceso penal se haya modernizado y se haya homologado al de los países de nuestro entorno cultural y geográfico más cercano e, incluso, al de la Fiscalía Europea. De hecho, hace ya más de veintitrés años que el Ministerio Fiscal se encarga de la instrucción de todas las causas penales relativas a delitos de toda naturaleza cometidos por menores de edad con un modelo procesal muy exitoso”.

Reclaman una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

Por su parte, Dexeus añade que los fiscales están acostumbrados a trabajar “con implicación y dedicación, al margen de la política”, pero reconoce que pueden surgir presiones cuando surgen determinados temas en los que hay políticos o intereses políticos implicados. Es ahí cuando aparecen las sospechas de imparcialidad, teniendo también en cuenta cómo se nombra al fiscal general del Estado “lo que puede enturbiar su imagen de neutralidad institucional; en mayor medida en estos últimos tiempos en los que el presidente del Gobierno no  ha tenido el más mínimo rigor y no ha tenido empacho en afirmar que la Fiscalía depende de él, cuando realmente eso es incierto. Para evitar resquemores, dudas sobre la bondad de la actuación del fiscal, sería bueno que se afrontase una reforma estatutaria en la que se prohibiera el nombramiento de fiscal general a quien se hubiera dedicado, los cinco años anteriores, a la política o al desempeño de cargos políticos de relevancia”. Esa reforma hubiese impedido el nombramiento de Dolores Delgado que, según Dexeus, ha causado un daño importante a la institución. En esa modificación del estatuto también se incluiría “alargar el mandato del FGE a 5 años, para que no coincida con el del gobierno que lo nombra y, por último, dar más competencias y mayor poder decisorio al Consejo fiscal, amén de otras muchas reformas”.

Las presidentas de estas dos asociaciones de fiscales difieren en mayor medida en lo que respecta a la imparcialidad. Así, a juicio de Herreros, “es el desconocimiento en el funcionamiento del Ministerio Fiscal el que, tristemente, alimenta las infundadas dudas sobre su imparcialidad. Esta institución es una gran desconocida y la imagen simplificada que se ofrece no se ajusta a la realidad de nuestro funcionamiento diario. El modelo de Ministerio Fiscal que instauró la Constitución de 1978 apuesta, como la mayor parte de los ordenamientos occidentales, por un nombramiento gubernamental del Fiscal General del Estado que no empece para que los más de 2600 fiscales que integran nuestra institución ejerzan su función sin injerencias del Poder Ejecutivo”.

FGE

Es más, añade Herreros, “el modelo español es uno de los que mayores contra pesos prevé en su legislación para evitar que las y los fiscales puedan verse sometidos a influencias externas o arbitrariedades en el seno de la Fiscalía. Siendo esto, además, absolutamente compatible con el principio constitucional de dependencia jerárquica en el Ministerio Fiscal como instrumento para garantizar el principio de legalidad y la unidad de actuación en todo el territorio del Estado”. En todo caso, sí considera necesaria la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que “debe realizarse a la par que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar la plena autonomía del Ministerio Fiscal en el nuevo proceso penal”.

La presidenta de la Asociación de Fiscales se muestra cauta en relación a la reforma. “Cuando en 1988 entré en la carrera fiscal ya nos aseguraban que en breve nos atribuirían la instrucción a los fiscales y aquí estamos. Pero sigo confiando en que pronto lo veamos”. La de la Asociación Progresista de Fiscales está convencida: “Por supuesto que sí creo que la reforma se llevará a cabo, es absolutamente inevitable». Herreros señala que contamos con un anteproyecto sobre la mesa y que resulta absolutamente «necesario que nuestros legisladores y legisladoras, de la mayor parte del arco parlamentario, asuman, de una vez por todas, una de las reformas legislativas más imprescindibles en el sector de la Justicia, una reforma que se ha ido demorando desde el inicio de nuestra democracia y que ha impedido que nuestro país cuente con una verdadera justicia del siglo XXI”.

En esta entrevista, Cristina Dexeus, también ha afirmado que la institución necesita “recuperar el crédito perdido en esta etapa; dar a la sociedad un servicio público de calidad; mejorar los tiempos de respuesta y para ello se requiere, por un lado, una reforma que nos dote de autonomía presupuestaria, de capacidad de gestión y capacidad reglamentaria que nos permita depender menos del ministerio  de Justicia;  un estatuto jurídico del FGE que le blinde de indeseadas injerencias políticas y una fuerte inversión económica en medios personales, tras la elaboración de un estudio completo de cargas de trabajo, también más medios materiales y verdadera  digitalización de la justicia”.

Inés Herreros recuerda que “la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal es una constante reivindicación tanto personal, en cuanto vocal del Consejo Fiscal que he sido, como de la asociación profesional que represento la Unión Progresista de Fiscales. Este incremento de plantilla, unido a la mejora de las condiciones laborales de los fiscales, constituye auténtica prioridad para nuestra institución”.

Las posiciones de los partidos

Tres de los cuatro grandes partidos que concurren a las elecciones generales son favorables a dejar la investigación penal en manos de los fiscales. Solo Vox es contrario y asegura que promover este cambio es “no saber nada de qué es una instrucción”, según le espetó al representante del PSOE en el debate de Economist & Jurist.

Debate sobre justicia E&J

“Tenemos pendiente la reforma de la LECRim. Vamos a establecer con toda claridad que van a ser los fiscales quienes realicen la investigación, como sucede en los paises del entorno. Para ello, se debe redefinir el sistema de funcionamiento para que asuman esas competencias y se les debe dotar de más medios y personal”, aseguran a E&J desde el Partido Socialista. Por su parte, el PP, que considera que el desprestigio de la fiscalía en los últimos tiempos “ha sido enorme”, plantea una revisión integral del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la independencia, y reforzar con más medios y personal para que se los fiscales puedan dirigir la investigación. En este sentido se manifiesta también Sumar, que considera que se debe reformar el estatuto para que el hecho de que la fiscalía tenga un funcionamiento jerárquico no pueda hacer que se alberguen dudas sobre su imparcialidad.

El artículo 124 de la Constitución establece que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales. El Ministerio Fiscal ejerce funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad.