Los graduados sociales piden a la vicepresidenta Díaz normas que garanticen su conciliación y el derecho a la desconexión digital
Emotivo discurso de Joaquín Merchán, nuevo presidente de su Consejo General, en su toma de posesión que reunió a gran parte de operadores jurídicos y de relaciones laborales en nuestro país
Joaquín Merchán y su nueva Junta posan con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (Imagen: E&J)
Los graduados sociales piden a la vicepresidenta Díaz normas que garanticen su conciliación y el derecho a la desconexión digital
Emotivo discurso de Joaquín Merchán, nuevo presidente de su Consejo General, en su toma de posesión que reunió a gran parte de operadores jurídicos y de relaciones laborales en nuestro país
Joaquín Merchán y su nueva Junta posan con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (Imagen: E&J)
Gran poder de convocatoria tuvo la toma de posesión que se celebró ayer, martes 7 de mayo, del salmantino Joaquín Merchán como nuevo presidente del Consejo General de Graduados Sociales en el salón de actos del Ministerio de Trabajo, al que acudió la titular y vicepresidenta Yolanda Díaz y los principales operadores jurídicos y del mundo de las relaciones laborales.
En su emotiva intervención, Merchán reclamó a los representantes de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y al de Trabajo y Economía Social, una nueva forma de legislar más pausada y reflexiva que no vulnere el derecho a la desconexión digital y la conciliación de los 17.000 graduados sociales que hay en nuestro país.
Al mismo tiempo, durante el evento, Merchán se ha dirigido a la ministra para enfatizar la necesidad de elaborar el ‘Estatuto de las personas trabajadoras del siglo XXI’, y reclamó que se cuente con la opinión de los graduados sociales como expertos en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y recursos humanos.
Para el nuevo presidente, uno de los objetivos del actual mandato es “potenciar el diálogo del Consejo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para construir un nuevo paradigma de relación entre los graduados sociales y la Administración que sea recíproco y no unidireccional, como la sentimos ahora”.
Asimismo, ha asegurado que tanto los graduados sociales como los profesionales que trabajan en sus despachos están “desconcertados y extenuados ante una forma de legislar, publicar e implementar unas normas que es insostenible en la forma y en el fondo y que vulnera el derecho a la desconexión digital y a la conciliación que venimos reivindicando desde hace tiempo y al que no vamos a renunciar porque creemos que es de Justicia”.
Merchán ha pedido “que se tome ejemplo del Ministerio de Justicia, donde la participación se rige por un modelo de cogobernanza que permite a diversos colectivos profesionales, tanto del ámbito público como privado, intervenir en la elaboración de nuevas disposiciones legales y en el desarrollo de herramientas destinadas al servicio de Justicia”.
Con esta petición, Merchán busca reforzar la vocación de servicio a la ciudadanía de los graduados sociales y ampliarla con la participación del colectivo en la Administración de la Justicia Gratuita y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que también ha reclamado.
Joaquín Merchán fue presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Salamanca entre 2003 y 2015, vicepresidente segundo del Consejo General de Graduados Sociales de España entre 2014 y 2018 y, posteriormente, vicepresidente primero del Consejo.
Fue elegido presidente en febrero, después de asumir la presidencia en funciones tras la dimisión de Ricardo Gabaldón en septiembre de 2023. De este modo, completará el mandato iniciado en 2022 por Gabaldón que finalizará en 2026.
Díaz reconoce el papel de los graduados sociales
En su intervención, Yolanda Díaz ha reconocido la importancia que tiene la labor que diariamente realizan los graduados y graduadas sociales en el ámbito de las relaciones laborales.
“Sé muy bien lo que habéis hecho los graduados y graduadas sociales por nuestro país”, ha dicho la vicepresidenta mientras recordaba el período de la pandemia y los “momentos críticos” a causa de los ERTES que declararon muchas empresas. “Cuando deje de ser ministra, porque ahora no puedo, contaré todo lo que hicieron muchas personas para salvar a España”, añadió en referencia en también a los graduados sociales.
Al mismo tiempo recordó que estaba abierta la Mesa de Diálogo Social y que creía que antes del verano se podrá regular la reducción de jornada: “En muchas empresas es de 40 horas semanales, vía convenios colectivos son de 38, pero hay que hacer esa reducción para vivir mejor en un contexto donde tenemos más afiliados a la Seguridad Social, 21 millones, de ellos 10 millones son mujeres, y un paro juvenil ahora de 188.000 jóvenes que hemos mejorado”.
Díaz recordó el papel clave de los graduados sociales en el mundo de las relaciones laborales “entre la teoría legislativa del Consejo de Ministros que aprueba distintas normas para mejorar el mercado de trabajo, y en la implementación de las normas se encuentran los graduados sociales como punto clave para las pymes de conexión con el mercado laboral y sus propios asesores jurídicos. Su trabajo es necesario y así lo reconocemos”.
Gran poder de convocatoria
Al acto acudieron más de doscientos profesionales del sector jurídico y del mundo de las relaciones laborales, entre ellos pudimos saludar al finalizar el acto a Álvaro Cuesta y Juan Martínez Moya, vocales del CGPJ. También acudieron el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Antonio Sempere, que vino acompañado de los magistrados de su Sala.
Junto a él comparecieron los magistrados Sebastián Móralo; Ignacio García-Perrote, autor de la sentencia de octubre del 2023 sobre la necesidad de regular la carga de trabajo de los jueces; y Ángel Blasco Pellicer. Moralo será el ponente de la cuestión prejudicial que la Sala plantee al TJUE por su última sentencia de 22 de febrero sobre personal en fraude de ley.
Estos juristas mantuvieron con Aurora de la Cueva, presidenta de la Sala Social del TSJ de Madrid, una conversación distendida de actualidad por la últimas sentencias de los interinos tras la cuestión prejudicial del TJUE; así como con Magdalena Valerio, expresidenta del Consejo de Estado, recientemente incorporada como asesora al Consejo Asesor de Brecha de Género, entidad creada por el Ministerio de Seguridad Social que lidera Elma Saiz.
En otro lado de la sala, donde tuvo lugar el coctel, se formó otro grupo en el que estuvieron presentes el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, que valoró el papel de los graduados sociales como clave en ese afán del Gobierno de modernizar las relaciones laborales en nuestro país; la secretaria general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, junto a Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administracion de Justicia (CNLAJ).
En declaraciones a Economist & Jurist, Casado destacó el papel de estos profesionales “que realizan una intensa labor tanto en sus despachos como en los juzgados y tribunales en la Justicia social, siendo unos especialistas en la ordenación de las relaciones laborales, tanto desde el punto de vista de las empresas como de los trabajadores”.
Al mismo tiempo resaltó que “por otro lado, han puesto a disposición de las administraciones públicas sus despachos para la extensión de las nuevas tecnologías y de los nuevos medios electrónicos y telemáticos en las relaciones de la sociedad con las administraciones. Una tarea esencial que debe ser justamente valorada”.
También hicieron acto de presencia los secretarios de Trabajo, Joaquín Pérez Rey; de Seguridad Social, Borja Suarez Corujo; de Economía Social, Amparo Merino; así como el director de la Oficina de la OIT para España, Félix Peinado, al que citó en su discurso la ministra Díaz al indicar que España era el país que más convenios internacionales había suscrito con la OIT, lo que viene a reflejar nuestra puesta por el trabajo digno.
Emotivo fue el encuentro entre Merchán, actual presidente y su predecesor Ricardo Gabaldón, inmortalizado en distintas fotos. Gabaldón afirmó que “ha sido un día magnifico. Entiendo lo que ha vivido Joaquín en este evento. Hace cinco años me tocó a mi asumir este cargo de tanta responsabilidad. La presidencia del Consejo General de Graduados Sociales está en buenas manos, no en vano fue vicepresidente primero en mi Junta de Gobierno”.
Para este jurista “Joaquín va a hacer un gran trabajo por los conocimientos que tiene de las relaciones laborales y del colectivo. Al mismo tiempo cuenta con una Comisión Permanente con distintos expertos que le van a ayudar mucho en su gestión diaria. Nuestro papel es clave en las relaciones laborales, tanto en el seno de las empresas como para los trabajadores para que entiendan la normativa que se aprueba y serles de apoyo en las obligaciones que deben cumplir”.
El papel clave de los graduados sociales
Desde su punto de vista “es importante que los 17.000 profesionales que configuran este colectivo, sean claves en el futuro desarrollo del Estatuto de los Trabajadores, en el que la ministra Díaz tiene claro que debemos ser una pieza clave de dicha normativa futura. Es fundamental que vea la luz pronto. Nosotros podemos colaborar activamente porque somos en la práctica quien pone en marcha dicha legislación”.
Otros profesionales jurídicos que acudieron fueron Victoria Ortega, presidenta del CGAE, quien subrayó el papel clave que hacen los graduados sociales en nuestro país. A la pregunta que le formuló E&J sobre si ya ha decidido si se va a presentar a las elecciones de julio como presidente de este organismo de la abogacía, Ortega comentó que primero lo comunicaría al Pleno del CGAE, su esperada decisión, pero no concretó fecha.
A su lado, Juan Carlos Estévez, y Ana Belen Martinez, presidente y directora general del Consejo General de Procuradores, acompañados por Carlos Lamadrid, jefe de prensa, comentaban las incidencias de esta toma de posesión con Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. Junto a ellos, Sebastian del Rey, director de relaciones institucionales del Colegio de Registradores, y Leonor Recio, directora de comunicación, intercambiaban opiniones con Marisol Gálvez, responsable de relaciones institucionales del Consejo General del Notariado.
El mundo de los despachos de abogados estuvo representado en este evento por Esteban Ceca Magán, fundador del despacho que lleva su nombre y cumplió cincuenta años el pasado año. El fundador de este despacho ha logrado convertir a esta firma en un bufete multiservicio de la abogacía, tras una transición que señala se hizo “de forma progresiva y sin traumas en el seno de la firma”.
Al igual que otros interlocutores con los que E&J habló, Esteban resaltó el papel de los graduados sociales como asesores de los empresarios y apoyo de los abogados en la actividad diaria: “Su papel es importante en el ámbito del derecho del trabajo. Su papel de apoyo a la labor que hacemos los abogados para que las empresas cumplan con la normativa es clave. Creo que sería bueno que pudieran personarse en los tribunales y otras instancias como ya lo hacen abogados y procuradores”.
Muy cercano a este dirigente se encontraba Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de inspectores de trabajo y seguridad y vicepresidenta de FEDECA, quien conversaba con otros compañeros inspectores que habían acudido a la invitación. Desde esta organización sindical se confía que se pueda retomar el diálogo y resolver los problemas que tiene este colectivo, con muchas obligaciones y trabajo pero con escasos medios, como ha denunciado Economist & Jurist en ocasiones.