Los jueces españoles, el único colectivo que no tiene definida su carga de trabajo a efecto de salud laboral

El anuncio por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que actualizará el mapa judicial de riesgos y alertas y elaborará una “agenda saludable” con el fin de proteger la salud de jueces y magistrados resulta insatisfactorio para las cuatro asociaciones de jueces que integran la Comisión de Salud Laboral. “Hemos vuelto al 2015 y no hemos avanzado nada”, comentan al mismo tiempo.

La decepción es grande porque la iniciativa de la Comisión Permanente —oídos los vocales Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya para dar cumplimiento a sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que en septiembre de 2023 condenó al órgano de gobierno de los jueces a regular la carga de trabajo de los miembros de la Carrera Judicial para proteger su salud laboral— no es la adecuada.

La propuesta consta de dos ejes principales: en primer lugar, la elaboración de un mapa judicial de riesgos y de un sistema de alertas que permita disponer de datos actualizados sobre las cargas de trabajo de todos los órganos judiciales, tanto unipersonales como colegiados.

Para dar cumplimiento a esta iniciativa, se solicitará al Servicio de Inspección un informe sobre los órganos judiciales con módulos de entrada de asuntos comprendidos entre el 150 % y el 175 %, entre el 175 % y el 200 % y los que superen el 200%.

Para el correcto desarrollo del mapa de riesgos y del sistema de alertas, el CGPJ empleará la metodología y parámetros utilizados con anterioridad, tales como el indicador de la carga de trabajo y la pendencia puesta en relación con la media de la comunidad autónoma y con la media nacional.

El segundo eje de trabajo tiene como fin proporcionar a los integrantes de la Carrera Judicial un documento de trabajo con indicadores orientativos que permita a jueces y magistrados elaborar una “agenda saludable” de la actividad del órgano judicial.

La confección de este documento se llevará a cabo por varios grupos de trabajo, uno por cada orden jurisdiccional, en cuya composición se tendrán en cuenta la perspectiva de edad y de género.

Esta propuesta aprobada por la Comisión Permanente ha sido elaborada por los vocales Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya de acuerdo con el informe jurídico sobre el alcance y efectos de la sentencia del Tribunal Supremo redactado por el Gabinete Técnico del CGPJ y con lo acordado durante la reunión mantenida con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (CNSSCJ), que preside el propio Moya.

El Supremo ha condenado al CGPJ a regular la carga de trabajo de los jueces, pero por el momento no lo ha logrado. (Imagen: Poder Judicial)

Un problema serio de compleja solución

El futuro incierto de esta problemática, que, como dijeron los jueces decanos recientemente, es el problema clave de la carrera judicial, no está claro. Es previsible que se produzca una nueva reunión de dicha Comisión y de los grupos de trabajo que se van a constituir para arrancar los grupos de riesgo, completando y actualizando y dar contenido a la agenda saludable. Sin embargo, el malestar de los jueces es evidente por la falta de cintura del CGPJ.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel Yuste, magistrado representante de esta asociación junto a otro juez como Migue Bellido en la (CNSSJC), “la sensación es que hemos retrocedido en el tiempo. Ellos nos plantean la actualización de los mapas de riesgo y la creación de esa agenda saludable, instrumentos que pensamos, a nivel colectivo, que son insuficientes para medir las cargas laborales de los jueces. Son términos genéricos que no dicen nada y no responden a la filosofía de la cuestión cuando se habla de establecer cargas de trabajo a efectos de la prevención de riesgos”.

A su juicio, “estamos igual que antes. No hay avances en estos años. Está todo por hacer. Les hemos pedido que echemos a andar; el mapa de riesgos de esta propuesta ya existía. Hace casi un año, en alguna reunión, se advirtió que había que renovar dicho mapa, aunque hay muchos órganos judiciales que están valorados. Es un indicador de que solo vale a efectos de lo que quiere hacer el CGPJ en cuanto a conflictos que se exceden de la entrada. Sobre la Agencia, es algo sin contenido que el CGPJ acabará de darle ese contenido”.

En su opinión, “aquella sentencia del Supremo que hablaba de regular la carga de los jueces no nos da la razón. Lo único que dice es que hay una obligación de regulación, a la que no se le pone contenido ni fecha, no es una obligación en los términos del Código Civil. No puede quedar en manos de una de las partes como ha quedado a partir de dicha sentencia. En ese fallo se dice que puede tener el contenido que quiera y cumplirse cuando también se quiera”.

Sobre dicha sentencia del Supremo, “no hemos avanzado nada, ni siquiera hemos hecho nada sobre la primera reunión que mantuvimos tras el fallo judicial donde les decíamos a todas las asociaciones que debíamos arrancar; en algunas propuestas les dijimos de utilizar algunos de los módulos que ya existen para otros efectos, para saber si ese juzgado está en riesgo por tener más carga de trabajo, pero no se ha hecho nada. Se recogieron nuestras propuestas y nada más. Si el CGPJ no da el visto bueno a ninguna iniciativa, no se hará nada”.

Para Óscar López, magistrado representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en dicha Comisión, junto a otra jueza como Paz Fernández, formada por representantes de las cuatro asociaciones, los vocales del CGPJ, Martínez Moya y Mar Cabrejas junto con la jefa de servicio de inspección y en ocasiones la jefa de gabinete, “estamos bastante decepcionados. Es muy frustrante la propuesta del CGPJ generada tras la última reunión que mantuvimos con ellos en febrero donde se hizo un debate muy profundo sobre el cumplimiento de la sentencia que no soluciona nada”.

Juzgados colapsados donde el CGPJ debe buscar una solución a esas cargas de trabajo. (Imagen: Poder Judicial)

Tumbadas propuestas asociaciones

En su opinión, “en dicha reunión llevaban las dos propuestas que hoy ya dan por buenas, como son la actualización del mapa de riesgos y crear la agenda saludable. Nosotros planteamos muchas propuestas. En nuestro caso, creemos que hay alternativas para cumplir la sentencia sin tener que acudir a la Audiencia Nacional para pedir la ejecución de sentencias. Les planteamos la posibilidad de fijar unas cargas de trabajo haciendo un híbrido entre el módulo de salida y de entrada, que debe resolver un juez. También resaltamos que la propuesta de agenda saludable no tenía contexto jurídico y no vinculaba a nadie”.

Sin embargo, el CGPJ ha hecho oídos sordos y no ha considerado ninguna propuesta de las asociaciones. “Tuvimos una reunión telemática entre las asociaciones tras conocer la propuesta del propio CGPJ y por lo que hemos visto hace unos días no han aceptado ninguna de nuestras sugerencias. No recogen ninguna propuesta de nadie y es bastante frustrante”.

Nuestro interlocutor recuerda que “llevamos diez años sin avanzar desde que se aprobó el convenio en materia de seguridad y salud y como no cumplen tuvimos un pleito, pero es que luego tras la última sentencia del Supremo vemos que no quieren hacer nada. Tenemos que pensar qué vamos a hacer. Nosotros propusimos desde AJFV una mejor interrelación entre la normativa disciplinaria y otra sobre retribuciones variables. Que haya menos discordancia para evitar sanciones. Habría que homogeneizar el reglamento de retribuciones a todos los efectos y crear un sistema mixto de entrada y salida, entre otras cuestiones”.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia, el magistrado Francisco Javier Martínez, representante junto a Gloria Poyatos en la CNSSCJ, comenta: “la valoración de la propuesta que hemos conocido del CGPJ no es buena. Se sigue un itinerario que deja al margen, según nuestra asociación, que se están dejando sin considerar las propuestas que se hicieron por las asociaciones de jueces que iban más hacia una mediación real de las cargas de trabajo”.

En su opinión, las medidas que plantea el propio CGPJ de actualizar el mapa de riesgos y crear la agenda saludable para el juez o jueza “son medidas insuficientes. El mapa de riesgo es una medida individual y que se pone en funcionamiento cuando se cumplen algunos indicadores, aunque además dependen de factores que están desfasados. No es una medida colectiva y en cuanto a la agenda saludable es un instrumento que podría facilitar la organización del trabajo una vez fijadas esas cargas.

Desde su punto de vista, “si se fija una carga concreta de salida y una magistrada la supera en septiembre, no se puede detener, tienen que seguir trabajando. De lo que se trataría es que una vez fijadas esas cargas con un instrumento de apoyo se pudiera distribuir racionalmente esa carga a lo largo del año. No se conseguiría la finalidad preventiva de la prevención de riesgos psicosociales. Si esa carga se fija de cómputo anual, significaría que de enero a julio esa persona ha ido desbordada”.

Jueces sustitutos reunidos con Enrique Santiago, diputado de Sumar. Para Foro Judicial podría ser una solución a la escasez de plantilla. (Imagen: Sumar)

Agenda saludable no es el remedio

Para Martínez, “la implementación de la agenda saludable no es malo, pero no puede sustituir el cumplimiento de la obligación que viene siendo incumplida por el CGPJ desde hace más de diez años para fijar las cargas de trabajo a nivel de salud laboral. La sensación no es buena, parece que estamos donde antes en una especie de bucle. No han tenido en cuenta nuestras propuestas. Es difícil de entender que no se avance, es un tema de voluntad. Con la valoración de cargas de trabajo, todos los indicadores deberían supeditarse a este”.

Por su parte, Rosa Esperanza Sánchez, magistrada representante de Foro Judicial Independiente en dicha Comisión del CGPJ, comenta: “la situación de bloqueo es preocupante. Eso ha hecho que nuestra asociación decida enviar tres escritos al CGPJ. Uno sobre la actualización del mapa de riesgos judicial, respecto a esos jueces y magistrados que estén en riesgo. Reclamamos que se incremente el número de jueces para reducir la litigiosidad. Fijar el número de asuntos equilibrando la carga razonable con la que no provoque riesgos para la salud laboral del juez.

Al mismo tiempo, también hemos planteado que se deje de utilizar el baremo del 2003, modificado en el 2010, anulado por el Supremo en el 2006. En otra carta  pedimos que se desarrolle la figura de apoyo del juez de la guía de protección social de la carrera judicial.

A su juicio, “debería impulsarse desde el Servicio de Prevención del CGPJ para dar asesoramiento a los compañeros que se sientan en situación de riesgo psicosocial. Al mismo tiempo, hay que informar a la carrera de los baremos que se aplican, no sabemos los que utiliza el Servicio de Inspección, solo lo saben los jueces que acaban expedientados”.

Esta magistrada confiesa que esta reclamación que plantean los jueces viene de los últimos veinte años con distintos Gobiernos. “En mi opinión personal el tema de los jueces sustitutos no se afronta. Podría ser una manera sencilla, fácil y sin cargo para la administración de justicia de ampliar la planta judicial con personas que ya están formadas”.

Por lo que parece, esta jurista indica que “el ministro Bolaños todo lo fía a la Ley de eficiencia organizativa y a implantar la mediación y los MASC para reducir el número de asuntos, sin crear plazas judiciales adecuadas. En cuanto al tercer escrito, “tiene que ver con los módulos de retribución variables. Se tiene que adaptar ese módulo a cada uno de los procedimientos judiciales para ajustar su valoración”.