Los juzgados reciben más asuntos que el año pasado y resuelven menos

El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de toda España, que en total sumaron 1.816.522, experimentó durante el segundo trimestre del año un incremento interanual del 7,7 por ciento. La tendencia fue al alza en todos los órdenes jurisdiccionales: en la jurisdicción civil, el incremento fue del 15,4% con respecto a los asuntos registrados en el segundo trimestre de 2022; en la penal, del 1,5 por ciento; en la contencioso-administrativa, del 5,8 por ciento y en la social, del 6,3 por ciento.

Estos datos forman parte del informe estadístico sobre la “Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2023”, que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy. En el trimestre analizado se han juntado dos elementos distorsionadores cuyos efectos no han sido homogéneos en los distintos territorios. Por una parte, en algunas comunidades autónomas se ha producido la admisión masiva de procedimientos que habían quedado pendientes como consecuencia de la huelga de letrados de la Administración de Justicia que tuvo lugar en el primer trimestre de 2023, lo que ha causado un incremento mayor en el ingreso de asuntos.  Al mismo tiempo, y con más incidencia en unos territorios que en otros, la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia del segundo trimestre del año ha provocado una retención de procedimientos que han quedado sin repartir en los servicios comunes de registro y reparto, lo que ha incidido en una disminución del ingreso.

 Durante el segundo trimestre de 2023 los tribunales españoles resolvieron 1.629.971 asuntos, un 4,7 % menos, y dejaron pendientes al final del trimestre un total de 3.664.388 asuntos, lo que ha supuesto un incremento del 17 % respecto al segundo trimestre de 2022.

En la jurisdicción Civil ingresaron 808.163 asuntos, un 15,4 % más que un año antes; se resolvieron 672.905 asuntos, un 4,4% menos, y quedaron en trámite 2.086.887, un 18,1% más que al final del segundo trimestre de 2022. De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 7 % son los que se encuentran en ese estado en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas).

Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 827.505, cifra que supone un incremento del 1,5% con respecto al mismo trimestre de 2022. En el mismo periodo, se resolvieron 796.974 asuntos, un 2,8% menos, y quedaron en trámite 963.620 asuntos, un 19% más.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 60.332 nuevos asuntos, lo que equivale a un aumento del 5,8 por ciento. Los asuntos resueltos fueron 53.499, un 18,4% menos que el año anterior, y los que quedaron en trámite sumaron 224.281, un 4,5 % más. Este área, en el Tribunal Supremo, es la más perjudicada por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha llevado a varias salas a vivir una «situación límite o de colapso», en palabras del presidente del Alto Tribunal

En la jurisdicción Social ingresaron 120.488 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 6,3% respecto al mismo periodo de 2022. Los resueltos disminuyeron un 11,4% al alcanzar la cifra de 106.533 asuntos y los pendientes al final del periodo (389.550), aumentaron un 14,5 por ciento.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (47,9), Cataluña (42,6), Baleares (39,8), Andalucía (39,2), Madrid (38,6) y Comunidad Valenciana (38,4). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (26), La Rioja (27,3) y Navarra (27,8).

En base a las series históricas trimestrales disponibles, llegando en este caso al segundo trimestre de 2023, el CGPJ ha realizado una previsión para el conjunto del año 2023. Se espera que, a final de año, se hayan dictado 1.483.300 sentencias, un 11,5% menos respecto al año anterior. El ámbito social y el contencioso administrativo son los más afectados.