Los LAJ acuerdan ir a la huelga de forma inmediata

La Junta Nacional y Delegados del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha decidido respaldar la convocatoria de huelga con inmediatez, de acuerdo con el resto de asociaciones de letrados de Justicia, “ante la postura de incumplimiento de lo acordado con el CNLAJ por parte del Ministerio de Justicia”.

Desde el CNLAJ se ha recordado que desde el pasado 17 de octubre, cuando se solicitó una reunión formal al secretario general, reiterada días después, además de la reciente carta abierta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, publicada el 10 de noviembre, el Ministerio ni ha convocado, ni ha dado explicaciones.

En la carta remitida a la ministra, los LAJs llaman la atención sobre el hecho de que en las últimas semanas han enviado al Ministerio distintas comunicaciones en las que trasladaban su preocupación “ante la situación en la que actualmente nos encontramos los letrados de la Administración de Justicia”. En estos mensajes pedían la inminente convocatoria de reuniones que les permitieran conocer la situación real de sus reivindicaciones. En la misiva enviada a Llop anunciaban que, “de no recibir respuesta de manera inmediata, y en todo caso antes del próximo día 15, nos veremos obligados a convocar huelga en los próximos días”.

Depié, el presidente del CNLAJ, Ernesto Casado (Foto: CNLAJ)

En palabras del presidente del CNLAJ, Ernesto Casado, “nadie ha tenido la delicadeza de aclarar nuestras dudas, ni expresar el estado de nuestras reclamaciones, haciendo un manifiesto desprecio hacia los letrados de la Administración de Justicia de este país”.

En el comunicado en el que anuncian su decisión, recuerdan que el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha demostrado en numerosas ocasiones que el dialogo y la negociación ha sido la primera de las opciones. Sin embargo, “la dilación injustificada e injustificable en la tramitación de los proyectos que venimos negociando desde hace meses, y especialmente en los pasos necesarios para aprobar la reforma acordada con esta Asociación de los decretos de retribución del Cuerpo Superior Jurídico de los Letrados de Justicia, para adaptarlo a los grupos de población que todos los funcionarios de Justicia tienen, nos aboca a una única salida: la convocatoria de huelga de manera inminente”.

La huelga, el corolario a un problema que viene de lejos

La huelga anunciada por los LAJs no es la primera que lleva a cabo este colectivo este año. Ya se produjeron paros en enero y marzo para exigir al Ministerio de Justicia que escuchara sus reivindicaciones, algunas de las cuales estaban sobre la mesa del departamento que dirige Pilar Llop desde hacía tiempo.

La pasada primavera, el Ministerio y los representantes de los letrados de la Administración de Justicia llegaron a varios acuerdos en materia retributiva y especialmente sobre la reforma de los Reales Decretos que tienen que modificar el régimen retributivo de los letrados de la Administración de Justicia para asimilarlo al sistema de grupos de población que ya tienen el resto de funcionarios de su categoría.

Sin embargo, a pesar del compromiso del Ministerio, aún no se ha producido la modificación de los reales decretos y, lo que ha dolido especialmente a los LAJs, a pesar de las explicaciones que se ha pedido al Ministerio, siempre han recibido la callada por respuesta.

Este no es el único frente importante que tienen abierto los LAJs. Los procuradores han propuesto hacerse cargo de la ejecución de las sentencias civiles, algo que hacen ahora los letrados de la Administración de Justicia, ante el atasco que hay en la ejecución de los fallos de los tribunales. Esta propuesta parece haber sido bien recibida por el Ministerio y cuenta con el apoyo de un sector de la abogacía.

Los LAJs rechazan de plano esta oferta y destacan que hacen falta mejoras de naturaleza procesal y organizativa, principalmente la creación de servicios comunes de ejecución y más medios tecnológicos.

Según recuerdan los letrados de la Administración de Justicia, el artículo 117.3 de la Constitución atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Afirman que “el letrado de la Administración de Justicia tiene reconocidas competencias en materia de ejecución, salvo en aquellas cuestiones reservadas a la competencia de los jueces. Por tanto, no es necesario buscar un responsable de la ejecución, puesto que este ya existe y es el LAJ”.

A juicio de este colectivo, “si se atribuyeran a los procuradores funciones en materia de ejecución, se generaría una evidente privatización del servicio público de la Administración de Justicia, creadora de una justicia de dos velocidades, en función del nivel económico del cliente”. Además, destacan que “el procurador, al ser representante de una de las partes del proceso y de sus intereses, no puede asumir funciones jurisdiccionales en materia de ejecución, que le convertirían en juez y parte, generando un evidente conflicto de intereses”.