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Los LAJ alertan de las lagunas de la reforma de la Ley de Eficiencia, que les coloca en el centro de este cambio de modelo

Tanto el CNLAJ como la UPSJ denuncian la falta de transparencia y medios, la imprevisión y la ausencia de coordinación en su implementación

La Ley de Eficiencia, impulsada por Bolaños, tiene lagunas evidentes, según los LAJ. (Imagen: Moncloa)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 7 min

Publicado




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Los LAJ alertan de las lagunas de la reforma de la Ley de Eficiencia, que les coloca en el centro de este cambio de modelo

Tanto el CNLAJ como la UPSJ denuncian la falta de transparencia y medios, la imprevisión y la ausencia de coordinación en su implementación

La Ley de Eficiencia, impulsada por Bolaños, tiene lagunas evidentes, según los LAJ. (Imagen: Moncloa)

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha expresado su preocupación ante la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley de Eficiencia. Pese a las mejoras incorporadas al texto durante su tramitación, para el Colegio la Ley sigue presentando graves carencias que comprometen su puesta en marcha efectiva y ponen en riesgo el funcionamiento de la Justicia para el entrado año 2025.

En conversación con Economist & Jurist, su presidente, Ernesto Casado, se muestra preocupado con respecto a la reforma, la cual considera que presenta sendos problemas estructurales, tales como «la falta de transparencia, la ausencia de medios materiales, tecnológicos y personales, así como una evidente falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas”.



En este sentido, expresa que “aunque apoyamos el concepto del Tribunal de Instancia, creemos que su implementación —en los plazos y condiciones establecidos por esta Ley— resulta inviable. Desde el año 2004 se reformó la Ley para poner en marcha la Nueva Oficina Judicial. Las primeras sedes que fueron discutidas y tuvieron problemas por no tener expediente judicial electrónico se implementaron en el 2010 en Burgos, Murcia, Cáceres y Segovia. Desde entonces no se ha vuelto a implementar. En territorio transferido hay algún paso en el País Vasco, pero poco más”.

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