Los LAJ recuerdan al Ministerio sus reivindicaciones y amenazan con huelga indefinida

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han emitido un comunicado recordando al Ministerio de Justicia sus reivindicaciones. El texto parece ser un último intento para evitar tener que ir a la huelga, que ha sido convocada para los días 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre. Los LAJ muestran en este escrito su intención de llevar sus reivindicaciones “hasta donde sea necesario” si el Ministerio no cumple con lo acordado. Esto incluye la posibilidad de convocar huelga indefinida en enero de 2023 si no son atendidas sus reivindicaciones.

Los LAJ han vuelto a plasmar en un documento los problemas que aquejan al colectivo y cuya resolución no ha sido acometida por el departamento que dirige Pilar Llop.

En primer lugar, citan el decreto de sustituciones que, entre otros beneficios, “supondría un ahorro para las arcas públicas de 14 millones de euros”. Denuncian los LAJ que el retraso en su tramitación está provocando que “muchos letrados de la Administración de Justicia estén sustituyendo en varias oficinas judiciales, sin ninguna retribución”. Además, “junto al citado decreto se debían recuperar los días de libranza, respecto de aquellas sustituciones que no daban lugar a retribución económica, y que siguen paralizadas”. Asimismo, piden la implementación del incremento del porcentaje actual destinado a productividad.

Por otra parte, se quejan de que el Ministerio de Justicia ha dilatado injustificadamente la asimilación de los letrados de la Administración de Justicia al sistema de grupos de población del resto de funcionarios dependientes del Ministerio. Entienden que, al asimilar los complementos de los mismos a los grupos de población establecidos para el resto de funcionarios de Justicia, y concretamente para los médicos forenses (Grupo A1 de la administración general, igual que los LAJ), se solucionaría “la clara discriminación que sufren los LAJ”. A este respecto, recuerdan que el Ministerio se comprometió́ a reducir los cinco grupos de población actuales a tres y establecer el mismo coeficiente previsto para la determinación del complemento general de puesto.

Pilar Llop, ministra de Justicia. (Foto: Moncloa)

En el apartado de incumplimientos por parte de Justicia incluyen el compromiso de incorporar, mediante enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa, una disposición que vincule las retribuciones de los LAJ a las de la carrera judicial, mediante un porcentaje mínimo, “que haga justicia con las funciones judiciales o cuasi-judiciales que venimos asumiendo, y que han sido reconocidas internacionalmente, de ese modo, por los informes de la CEPEJ, Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia”.

En este capítulo de reproches se hace igualmente referencia al trabajo realizado por las asociaciones de LAJ y el propio Ministerio para concretar un borrador de nuevo estatuto. Afirman los letrados judiciales que este documento está terminado, pero “el Ministerio lo ha paralizado y de manera incomprensible aún no ha visto la luz”.

En el comunicado difundido hoy, los LAJ afirman que son conscientes del perjuicio que la huelga generará en el destinatario último del servicio público que constituye la Administración de Justicia. “Siempre hemos considerado que, en un sistema democrático como el nuestro, el diálogo debe presidir nuestra relación con la Administración”. Pero “tras múltiples intentos infructuosos de resolver las reclamaciones sin obtener ningún resultado, no hay otra alternativa”.

Advierten que la huelga supondrá la paralización de los juzgados y tribunales de todo el país “evitable si el Ministerio de Justicia hubiera cumplido con sus compromisos firmados y no hubiera dado la callada por respuesta incluso a la solicitud de reuniones pedidas en varias ocasiones”.