Los operadores jurídicos creen que un Gobierno interino o una situación de bloqueo agravará los problemas de la justicia

Los resultados electorales del 23J han situado a España en una encrucijada política de difícil solución. En este contexto, las miradas de los operadores jurídicos se han detenido en la situación de la Administración de Justicia, quizás la más preocupante en los últimos años.

El año 2023 ha estado sacudido por distintos conflictos laborales que se iniciaron con la huelga de los LAJs en enero; le siguieron las reivindicaciones de los jueces y fiscales y la movilización y huelga de los funcionarios de justicia ante un Ministerio de Justicia que no ha atendido a sus requerimientos.

En este contexto de preocupación generalizada, los operadores jurídicos consultados por Economist & Jurist observan septiembre con mucho malestar con un Gobierno que seguirá en funciones no se sabe por cuánto tiempo. En esta situación estarán todos los proyectos parados y bloqueada la renovación del CGPJ. La solución podría llegar de un Pacto por la Justicia de los grandes partidos políticos, pero el nivel de diálogo de PP y PSOE es casi inexistente.

En estas reflexiones estos juristas señalan la importancia de la justicia como uno de los pilares del Estado de Derecho y comparan su importancia a la reforma de las pensiones o a la mejora que requieren la sanidad o la educación. Una idea recurrente es que se necesita un ministro de Justicia que asuma el compromiso de restañar las relaciones entre los operadores jurídicos y que reclame en el Consejo de Ministros presupuesto suficiente para acometer las reforma que requiere nuestra justicia.

Los jueces quieren un golpe de timón

Jorge Fernández, magistrado y portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, subraya que “si no se forma Gobierno sería una mala noticia. Todo el tiempo que permanezca en funciones impedirá que se acometan proyectos legislativos importantes que quedaron sin aprobarse. Son el caso de la reforma de la organización judicial. Hemos vuelto a la situación prepandemia en cuanto al uso de medios tecnológicos para actos procesales. El sistema judicial está muy dañado por defectos estructurales y por los conflictos laborales que hubo este año”.

Jorge Fernández, magistrado y portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. (Foto: AJFV)

Al mismo tiempo, recuerda la situación del CGPJ. “El mantenimiento tal y como está, agravaría la crisis institucional que sufre. La reforma legal de 2021 está produciendo que muchas bajas de magistrados del Supremo no se cubran. Esto tampoco se podría solucionar con un Gobierno en funciones. Si al final se llega a un bloqueo y no se puede crear un Gobierno supondría que este año 2023 pasase en blanco agravando la crisis de nuestra administración de justicia”.

Para este magistrado, “lo triste es que en el caso que se forme Gobierno mucho nos tememos que no se van a abordar la problemática de nuestra justicia. Lo estamos viendo en casos como en la reforma de la LEcrim, donde hemos conocido varios anteproyectos, pero ninguno cuaja. La idea de los tribunales de instancia data de hace 15 años o la nueva organización de la oficina judicial empezó a diseñarse en el 2003 y no se ha concretado. No hay una voluntad política de mejorar nuestra Administración de Justicia”.

Por su parte, Joaquim Bosch, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, juez de primera instancia e instrucción en Moncada (Valencia) en cuyo partido judicial es magistrado decano, asegura que “en las dos hipótesis que se plantean de Gobierno de coalición de Pedro Sánchez o bloqueo, no hay signos de que se pueda desbloquear el CGPJ y que se pueda abordar un gran Pacto de Estado para la Justicia similar al del 2001 entre todas las fuerzas políticas, que es lo que sería necesario”.

“Desde su punto de vista, “son necesarios grandes consensos entre el Gobierno y la oposición en los grandes temas de justicia, pero hasta ahora no ha sido así y no hay indicios sobre un cambio de tendencia. Podríamos tener lo que queda del año con un Gobierno interino sin ningún cambio importante. Los partidos políticos deberían tener sentido de Estado y advertir de la situación crítica de nuestra justicia”.

Joaquim Bosch, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia. (Foto: Wikipedia)

Para Bosch, es fundamental un Pacto por la Justicia “con medidas a corto, medio y largo plazo con el compromiso de las fuerzas políticas de que gobierne quien gobierne se fuera a respetar lo acordado. Hay bastante consenso en que la justicia es la asignatura pendiente de nuestra democracia. Necesita un plan de modernización de sus estructuras judiciales y de la propia organización interna de los órganos judiciales y gestionar bien los recursos destinados a justicia”.

Desde esa perspectiva, se necesita “una mayor voluntad política de sacarlo adelante, que por el momento no se ha producido. Ha faltado en el Ministerio más iniciativa y más peso político en el Gobierno y cierto sentido de la imaginación para resolver los múltiples problemas que tenemos tanto en plante judicial que es del siglo XIX, las reformas de la oficina judicial que no arrancaron de todo o instrumentos procesales como la LEcrim que no hay y que no hay manera de sacarlo”.

La abogacía denuncia una situación critica

Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid, considera que “el Estado está en una situación crítica por distintos factores; la peor desde que llegó nuestra democracia, la justicia está enferma de gravedad ahí observamos la inestabilidad del CGPJ, junto a ello detectamos una quiebra de la división de poderes y al mismo tiempo estamos en una diatriba legislativa de pérdida de derechos fundamentales de la Constitución de 1978. Nos preocupa el crecimiento del Estado frente a los derechos individuales de los ciudadanos”.

Para este letrado “urge que todos los grupos políticos hagan una reflexión en un Parlamento cada vez más atomizado. Ahí es imprescindible un Pacto de Estado por la Justicia. La Justicia no tiene medios materiales ni humanos y está generando una desatención del ciudadano. La Justicia debe ser una cuestión de Estado, como es la educación, defensa, sanitad o política exterior”.

Eugenio Ribón, decano del ICAM. (Foto: E&J)

Desde su punto de vista, la justicia necesita un revulsivo porque la sombra de nuevas huelgas está ahí en septiembre, tanto por los LAJs, jueces y fiscales, con acuerdos que no se han ratificado por el Gobierno, como por los propios funcionarios de justicia con los que el Ejecutivo no se ha sentado con ellos tras casi 100 días de conflicto. La situación es catastrófica, muchos despachos de abogados y de procuradores están cerrando y hay más de 6.000 millones de euros en cuentas de consignación bloqueados. Se avecina además una crisis económica tras el verano importante”.

Si no se llega a la investidura, la falta de Gobierno podría generar un Gobierno interino hasta diciembre con escasa capacidad de maniobra “daremos una imagen de total inestabilidad, ahora que presidimos la UE en este semestre. Debe buscarse una solución al momento actual y buscar un gobierno estable fuera de los intereses particulares de los grandes partidos políticos. El momento es preocupante y sumir al país en una interinidad con un bloqueo donde no se elija presidente es lo peor para nuestra Administración de Lusticia”:

Desde el Consejo General de la Abogacía, su secretario general, Javier Martín, también decano del Colegio de Abogados de Valladolid, destaca que “por lo que conocemos en esos momentos parece que estamos abocados en diciembre a tener que votar de nuevo. El problema es que urge un plan de choque para nuestros juzgados porque no se han implementado los planes de refuerzo y aún hay mucho dinero en los juzgados bloqueado”.

Javier Martín, secretario general del Consejo General de la Abogacía. (Foto: CGAE)

Para este abogado, “lo lógico es que los dos grandes partidos como PSOE y PP cerraran acuerdos en los grandes temas del país. Y la justicia es uno de ellos. Nosotros desde el CGAE venimos reclamando ese Pacto de Estado por la Justicia desde hace años. La última movilización que hicimos la abogacía institucional el pasado 28 de junio iba en esa dirección. La justicia es la gran olvidada de nuestro país”.

A juicio de Martín, “la situación de interinidad que ahora se abre es preocupante. Septiembre será un mes de nerviosismo e incertidumbre. La huelga ahora suspendida podría volver. Muchos compañeros tienen problemas económicos serios porque han facturado muy poco este año. Y los propios ciudadanos ven cómo sus asuntos se dilatan en el tiempo. No es lógico que los juicios se trasladen al 2025 o 2026”.

Los fiscales piden grandes acuerdos

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales y miembro del Consejo Fiscal, también coincide con otros operadores jurídicos en el momento complicado por el que pasa la Administración de Justicia. “Como ciudadanos, nos preocupa porque es necesario tener un Gobierno estable y que esta interinidad sea breve porque genera inestabilidad. Necesitaríamos un Gobierno fuerte para afrontar todos los retos que hay sobre la mesa. La justicia y su organización es uno de ellos”.

Desde su punto de vista, “los partidos políticos, y en especial PSOE y PP, deberían llegar a pactos de Estado en materia de justicia para marcar unas directrices claras sobre la Administración de Justicia, tanto a nivel de procedimental como de inversiones, estableciendo unas líneas de actuación consensuadas en la misma dirección. Lo peor sería un Gobierno interino hasta diciembre sin capacidad de hacer nada”.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales y miembro del Consejo Fiscal. (Foto: Asociación de Fiscales)

Dexeus explica que en esta situación “el fiscal general del Estado no tendría capacidad de hacer ningún nombramiento más, con un Gobierno en funciones y un fiscal general del Estado al que se le va a plantear su continuidad o no”. Respecto al acuerdo firmado en mayo con los jueces a nivel retributivo, afirma que “si esa interinidad se extiende en el tiempo habrá que exigir al Gobierno su ratificación en Consejo de Ministros. Hay que darle al Ministerio de Justicia la relevancia que uno de los poderes del Estado debería tener en la práctica para hacer todas las reformas que se precisan”.

Por su parte, Juan Carlos Estevez, presidente del Consejo General de los Procuradores, destaca que “urge tener un Gobierno lo antes posible que dé cauce a las reivindicaciones de los operadores jurídicos. Llevamos casi seis meses con la justicia parada y es el momento de reactivar nuestros juzgados. El momento es de mucha incertidumbre. Las noticias que llegan sobre la investidura de un nuevo presidente o votar de nuevo en diciembre por el bloqueo que podría haber no son las mejores”.

Desde su punto de vista, “entramos ahora en una etapa con un Gobierno en funciones, en la que todo se va a ralentizar. Mientras no haya un Gobierno elegido en el Parlamento seguirán parados los proyectos de ley de eficiencia que decayeron con el adelanto electoral. Luego está el escenario a partir de septiembre, donde veremos cómo se comportan los LAJs, jueces y fiscales y los propios funcionarios de justicia que han suspendido la huelga, pero no está desconvocada”.

Juan Carlos Estevez, presidente del Consejo General de los Procuradores. (Foto: CGPE)

Para este jurista, “todavía hay muchos interrogantes en esta nueva etapa que se abre en nuestro país, por eso hay que ser prudente en lo que se diga porque tenemos poca información al respecto. Lo ideal sería impulsar un Pacto por la Justicia como aquel que se activó en el 2001 en el que estuvieran implicados los partidos políticos y el resto de operadores jurídicos. Es una reivindicación de muchos de nosotros. Y lo seguiremos pidiendo. La situación de muchos procuradores es complicada por su escasez de ingresos provocada por esas huelgas que hemos vivido”.

LAJs en pie de guerra

Por su parte Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, cree que lo lógico sería que hubiera grandes consensos entre PP y PSOE para desbloquear el CGPJ y activar los acuerdos retributivos de los LAJS y jueces. Sin embargo, “la situación es muy incierta y no se sabe lo que va a pasar en las próximas semanas, pero lo que es cierto es que también podría darse un bloqueo y tener que votar de nuevo”.

A su juicio, “en la justicia sigue habiendo una crisis importante. Los problemas siguen existiendo y por nuestra parte vamos a exigir el cumplimiento de nuestro acuerdo retributivo del pasado 28 de marzo. Lo que ha conseguido este Ministerio ha sido enfrentar a los operadores jurídicos entre nosotros, así sucede con la relación LAJs con funcionarios de justicia. Además, el Gobierno no ha sacado adelante ninguna propuesta en materia de justicia”.

Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. (Foto: CNLAJ)

Desde su punto de vista, “Justicia requiere de otra organización de sus recursos y efectivos. No se pueden proponer medidas en práctica sin un soporte legal. La primera Ley que tenía que salir es la de eficiencia digital que dé carácter legal a unas previsiones que se están poniendo en práctica sin soporte legal. Ahora se quiere modificar la cuenta de consignaciones que se regula en un Real Decreto, de tal forma que no se hace ningún pago porque emites el documento en papel y no en forma electrónica. No entendemos esta medida. Es un disparate”.

Sobre el acuerdo salarial logrado por los LAJs, cerrado en marzo del 2023, no saben por qué se ha parado su ratificación. “Vamos a exigir por vía judicial su cumplimiento en los próximos días, al igual que vamos a impugnar la última Oferta de Empleo Público porque vulnera la LOPJ. Tampoco se aprobó el decreto de sustituciones que hubiera generado a Justicia un ahorro de 14 millones de euros. El Ministerio de Justicia no ha dado la talla en estos momentos claves que hemos vivido este semestre del 2023”.

Los funcionarios, a la expectativa

Por su parte, Javier Jordán presidente de CSIF Justicia, cree que a finales de septiembre se aclarará la situación “todo parece indicar que Pilar Llop no continuará como ministra de Justicia. Necesitamos otro interlocutor que busque resolver los conflictos que hay en la Justicia y especialmente nuestra reivindicación como colectivo de 45.000 profesionales con los que no se han sentado a negociar pese a los tres meses de paros y huelga”.

Javier Jordán, presidente de CSIF Justicia. (E&J)

Desde su punto de vista, el Ministerio de Justicia y su equipo no ha dado la talla generando distintos conflictos laborales. “Llevamos casi cien días con huelgas y movilizaciones y no hemos conseguido nada. Hemos llevado el conflicto a la UE y contactado con varios comisarios comunitarios para denunciar la situación actual en la que el Gobierno español ningunea a nuestro colectivo, con el que no ha querido reunirse desde el pasado mes de abril”.

Desde este Comité de Huelga se acusa al Ministerio de falta de previsión. “Aprobado el acuerdo de lo LAJs, tenían muy fácil convocar la mesa de negociación de nuestro colectivo y con posterioridad atender las necesidades de jueces y fiscales. Eso hubiera ahorrado al país tres meses de huelga y miles de suspensiones de juicios y de actos procesales. El ciudadano no se merece que sus asuntos se demoren tanto por la inoperancia del Gobierno. Pero el tema sigue sin resolverse, volveremos en septiembre con otras movilizaciones”, apunta.