Los penalistas piden al Constitucional que siga la línea marcada en el caso de los ERE e intensifique el amparo a los ciudadanos

La polémica entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS) ante la evolución del caso de los ERE y las sentencias anuladas por el Tribunal de Garantías vuelve a estar sobre la mesa. Según señala El Mundo, durante el actual 2024 —en los seis meses y doce días transcurridos del año—, el Tribunal Constitucional ha anulado más sentencias de la jurisdicción penal del Tribunal Supremo que en los últimos seis años juntos. Eso hace que, en los últimos seis meses, con el caso de los ERE hayan sido anuladas once sentencias del Supremo.

En vísperas de que el Tribunal Constitucional decida sobre los recursos presentados por Manuel Chaves y José Antonio Griñán —el próximo martes—, el PP ha decidido recusar a tres de los siete magistrados de la mayoría izquierdista. Se trata del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y de las magistradas Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer. Según el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, los tres deberían haberse inhibido motu proprio en la causa de los ERE porque es evidente su vinculación con el PSOE.

El PP, que fue acusación particular en la causa, ha tomado esta decisión después de que el Constitucional ya haya resuelto varios recursos de forma favorable a los condenados por el desfalco de, al menos, 680 millones de euros. Los populares no tienen demasiadas esperanzas en que la recusación prospere. No obstante, este paso les da una baza más si en el futuro deciden recurrir el borrado de los ERE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, el PP solicitará al presidente del TC que se aparte de los recursos que afecten al caso de los ERE para «garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del TC», tal y como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo porque, siendo fiscal general del Estado, participó en la tramitación del asunto, según ha recordado.

El Constitucional, que revisará los casos de Griñán y Chaves, ha excarcelado a Miguel Ángel Serrano en la trama de los ERE. (Imagen: Canal Sur)

Una polémica interesada

Víctor Moreno, catedrático de derecho procesal, actualmente en la Universidad Carlos III de Madrid, abogado y presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas, letrado que ha ejercitado la defensa de una condenada en el caso ERE, afirma que “los datos de anulación de sentencias no son exactos. De las dieciocho sentencias de los ERE, todas se refieren a la misma sentencia del Supremo. Se ha anulado una del Supremo y el Constitucional podría haber acumulado todos los recursos y, en una sentencia, darle la razón a cada uno de los recurrentes”.

Desde su punto de vista, “es obvio que los argumentos del Constitucional son replicables en la mayoría de los casos y de las sentencias de los recursos de amparo. Cada recurrente hizo su recurso, pero todos se han referido al caso de los ERE y a la misma sentencia del Supremo, y este Tribunal ha extendido los efectos de su doctrina a todos los condenados. Sin embargo, no creo que se deba hacer política de este tipo de fallos judiciales, ya que daña la reputación de la institución de forma notable”.

Para este jurista, “es preocupante la deriva política de algunos fallos judiciales, sobre todo en cuanto a la deslegitimación de las instituciones. Estamos llegando a un momento de mucha polarización en función de si nos gusta mucho o poco el fallo del Constitucional en cuestión. En algunos casos, el fallo reproduce la situación de dos grandes bloques, el famoso siete a cuatro, con mayoría progresista frente al otro bloque más conservador. En el tema de los ERE, el voto de María Luisa Segoviano también confluye con el bloque conservador, y de esto se ha hablado poco en los medios de comunicación”.

En su opinión, “deberíamos aprender de EE. UU., que tiene un mayor respeto por las instituciones. En el Tribunal Supremo actual hay algunos magistrados nombrados por el gobierno de Donald Trump y no hay tantos ataques como los que sufre el Constitucional en nuestro país, a raíz de la nueva composición. En España, la política se ha instalado en el mundo jurídico y perjudica las decisiones que se están tomando en el mundo judicial. Se viene a decir que si el Constitucional le enmienda la plana al Supremo, es algo perverso lo que estamos viviendo en estos momentos. Se busca un uso partidista de las instituciones”.

Moreno recuerda que, en medio de esta polémica, “el Tribunal Constitucional debe hacer su trabajo, que es ofrecer amparos en derechos fundamentales. Desde hace muchos años, ha desatendido ese papel tan clave para el ciudadano. La doctrina de los años noventa y principios de este siglo parece olvidada. Desde la reforma de 2007 del recurso de amparo, no se admiten la gran mayoría de ellos. Está omitiendo su papel de Tribunal de amparo. El ciudadano, cuando ve vulnerados sus derechos fundamentales, acude en última instancia al Constitucional, que en un 98% deniega ese amparo sin motivar su resolución”.

Víctor Moreno cree que no hay intromisión del Constitucional en el Supremo, aunque el TC ampara poco a los ciudadanos. (Imagen: Cesión propia)

A juicio de Moreno, “esta cadena masiva de inadmisiones es algo que no es admisible. La tendencia se percibe en los últimos veinte años y esto es algo realmente preocupante. Se ha dedicado a algunas cuestiones de inconstitucionalidad, a la revisión de los Estatutos de las comunidades autónomas (CC. AA.), a conflictos entre el Estado y las CC. AA. por determinadas leyes, pero realmente como tribunal de garantías. Lo lógico es que, si han amparado a algunos condenados por el caso de los ERE, también se le pida que estime otros recursos porque a veces los tribunales cometen atropellos a los ciudadanos”.

Más recursos para el Constitucional

Por su parte, Óscar Morales, socio responsable del área penal económica de la firma Cases & Lacambra, doctor en Derecho y académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores, recuerda que, cuando entró en esta institución, lo hizo con un discurso basado en el horizonte de sucesos de la justicia penal. “Uno de los elementos que señalé como clave en el colapso de la administración de justicia estaba en la reforma que hizo en 2007 el Tribunal Constitucional a un nuevo sistema de admisiones e inadmisiones a través de los recursos. Ahora solo se admiten entre el 1.5 y el 2% de los que se presentan”.

Para este penalista, “según datos del propio tribunal, un 60% de las inadmisiones es porque el jurista no ha sabido identificar el interés constitucional del asunto que se recurre ante el TC. Esto ha hecho que prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional estén ahora participando y ayudando a la preparación de esos recursos de amparo, mientras que el Constitucional se ha hartado de decir a esos catedráticos que no saben justificar ese interés del citado recurso de amparo. Al mismo tiempo, hace dos años introdujeron un formulario en la web del TC para explicar cómo había que hacer ese recurso. Muchos pensamos que era un insulto a nuestra inteligencia”.

En su opinión, “hay que darse cuenta de que un recurso de amparo deriva de la lesión de un derecho fundamental del justiciable que es percibida así, y será esa persona quien, a través de un letrado, con mayor o menor fortuna, plantee el problema en cuestión y el interés constitucional del asunto. El Tribunal Constitucional también está para esto, para admitir muchos de esos recursos de amparo que ahora quedan fuera, en la mayoría de los casos sin ninguna explicación convincente. Que ahora se diga que el Constitucional anula más sentencias del Supremo que antes no es una buena noticia”.

Para este experto, “este tipo de planteamientos genera la sensación de que los organismos jurisdiccionales, tribunales de justicia, audiencias provinciales y el Tribunal Supremo después de ellos no tienen a nadie. No hay un tribunal de garantías porque no lo van a admitir a trámite. Esa percepción de los tribunales jurisdiccionales de que no hay nadie después les da una mayor libertad para tomar decisiones que se alejan de un respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, de ahí que se haya incrementado ese número de anulaciones de sentencias al ir al fondo del asunto”.

Óscar Morales pide que el TC duplique las salas de jueces y letrados para que desarrolle su labor de amparo a los ciudadanos. “Es escasa ahora”. (Imagen: Cases & Lacambra)

A su juicio, “el Tribunal Constitucional tiene que hacer su trabajo. Que no se case con nadie y que tome las decisiones que deba tomar, con independencia de que nos guste o no. En los temas de los ERE han revisado a fondo las sentencias, esto es lo mismo que tienen que hacer en otros asuntos que les lleguen que sean menos mediáticos del que estamos comentando. Para los que no lean esta sentencia, hay muchos ciudadanos que se quedarán con la idea generalizada de una posible politización del Constitucional. Es muy importante que el TC atienda a los ciudadanos de a pie si hay vulneraciones de derechos fundamentales”.

Sobre esta cuestión, Óscar Morales propone que el CGPJ pida “una duplicación de recursos en el Tribunal Constitucional que permita que se cuadruplique la admisión de los recursos de amparo. Que se pase de 12 a 24 magistrados que resuelvan esos asuntos, al igual que el número de letrados que les dan apoyo y que en vez de dos salas se creen cuatro. Se trata de que trabajen realmente como órgano de garantías constitucionales. Hay que revertir el ratio de admisión de recursos de amparo al Constitucional porque no pueden quedar fuera los derechos fundamentales si son vulnerados por terceros”.

Deben motivar las inadmisiones

Para Bernardo del Rosal, catedrático de derecho penal de la Universidad de Alicante y socio de la boutique Constitución 23, esta tendencia del Tribunal Constitucional para anular sentencias de jurisdicción por motivos de amparo es preocupante. “Se extiende una imagen sobre el Constitucional que no es deseable. Por una parte, se está convirtiendo en una especie de instancia más en el ámbito judicial y, por otra, en muchos casos ya se sabe qué va a fallar, con esa ecuación de siete a cuatro, lo que también va en contra de su reputación. Eso no es bueno. En Derecho las cosas no son siempre tan previsibles y las interpretaciones sin condicionantes políticos han sido muy variadas”, alega.

A juicio de este jurista, “hay una cuestión que me preocupa mucho y es que me da la sensación de que el TC está metiendo mucha energía en una serie de asuntos muy concretos. Sin embargo, en asuntos cotidianos es muy difícil que te admitan los recursos de amparo. Hace poco interpusimos un recurso de amparo por una sentencia de la Sala de lo Militar, donde apreciábamos que había muchos motivos para percibir la vulneración de derechos fundamentales, y sin embargo lo despachan con tres líneas diciendo que no tiene interés casacional”.

En su opinión, “sería lógico que se motivasen esas providencias. Nosotros nos debemos a nuestro cliente y hay que darle alguna explicación de por qué no se admite su recurso de amparo y así lo podremos hacer mejor. Que el Constitucional se convierta en un tribunal tan selectivo y previsible es algo preocupante, no debería funcionar así. El TC a lo largo de su historia ha cometido muchos errores, como cualquier organización o ser humano, pero la situación actual por la que pasa es inédita. El momento que pasa es uno de los más delicados de su historia por esa previsión en ciertos fallos”.

Bernardo del Rosal cree que el TC pasa por una crisis de reputación importante, la peor de su historia. (Imagen: Cesión propia)

Al final da la sensación de que el Constitucional “reproduce las votaciones que hay en el Congreso de los Diputados en cuanto a las votaciones que se producen entre los dos grandes bloques de fuerzas políticas, pero no debería funcionar así. No es de recibo que ya se sepa el resultado en determinados asuntos con cierta connotación política. Los derechos fundamentales son para todos y los ciudadanos también tienen derecho a que se admitan sus recursos de amparo o al menos saber por qué se inadmiten en un 98% de las ocasiones que se plantean”.

En estos momentos, tras las sentencias de los ERE que están excarcelando a varios de los imputados tras el fallo del Constitucional, “hay una duda razonable sobre el funcionamiento de este Tribunal que en otros casos debería funcionar de idéntica manera. La función de amparo de este tribunal es muy importante y ahora lo está ejerciendo de forma muy restringida. Esperamos que vuelva de nuevo a realizarla en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas que se vean afectados”.

Desde su punto de vista, “el Constitucional pasa por el momento más crítico de su historia, la falta de credibilidad es importante. Ahora los clientes se muestran remisos a plantear recursos de amparo ante la falta de receptividad en la admisión de los mismos. Esa no es una buena señal, desde luego. Parece que la percepción que tiene la gente es que si no eres vasco, catalán o estás vinculado a la trama de los ERE, tu recurso no se va a admitir. El Constitucional tiene magníficos juristas y debe superar la crisis que vive. Tampoco es bueno que exministros de Justicia o juristas vinculados por el Gobierno formen parte del mismo. Deberían ser todos magistrados del Supremo”.