Los presidentes de los TSJ reiteran la necesidad de que se respete la separación de poderes 

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de España han insistido en sus XIX Jornadas, celebradas en Granada, en «la importancia del modelo de Estado que se contiene en la Constitución de 1978, con una organización territorial descentralizada desde el punto de vista político, que contempla un Poder Judicial único e independiente, como uno de los tres poderes clásicos», y han reiterado «la necesidad de respetar el principio de separación de poderes y mantener la posición del Poder Judicial como garante de los derechos de los ciudadanos y cauce para la contención y control de la actuación de todos los poderes públicos, desde la perspectiva de su sometimiento pleno a la Ley».

Así lo destacan en una declaración institucional que incluyen en sus conclusiones de estas jornadas, en las que durante tres días han puesto en común las actuaciones en sus Tribunales «para aprovechar las experiencias, buenas prácticas, proyectos y mejoras desplegados en los distintos territorios», entre los que se encuentran «las agrupaciones de partidos judiciales para competencia en asuntos de Violencia sobre la Mujer, la comunicación entre órganos judiciales y las personas con discapacidad, las encuestas de satisfacción ciudadana, las experiencias en grandes catástrofes, la unificación de criterios gubernativas en materia de licencias, permisos y sustituciones», según han informado.

Asimismo, han debatido sobre temas de especial incidencia, como la realidad e imagen de la justicia, los retos de la jubilación masiva, la justicia interina, el proceso de transformación digital, etc.

Las jornadas, que han tenido lugar en la Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), comenzaron con una conferencia en torno a la eficiencia y retos de futuro en la función pública, «con evidente asimilación y repercusión con el sistema judicial», donde constatan «similares y endémicos problemas derivados un modelo obsoleto y rígido de gestión de personal».

Situación e imagen de la Justicia 

En sus conclusiones de este encuentro anual, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia reiteran su «preocupación» sobre la situación general de la justicia: «Su diseño constitucional; el encaje institucional de su órgano de gobierno; su politización, real o aparente; y los déficits organizativos y estructurales que la lastran desde hace década».

Ante ello, piden a los responsables políticos que «cierren, de una vez por todas, con el mayor consenso y sensibilidad, el proceso inacabado –o apenas iniciado– de modernización de la justicia«. «Recordamos un año más que permanecen invariables grandes retos pendientes: Reforzar institucionalmente el Poder Judicial y resolver de una vez y para siempre la crisis institucional del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018; y reorganizar y modernizar el sistema actual de Justicia, totalmente superado, que exige una profunda y urgente reforma para resolver los déficits organizativos, estructurales, legislativos y tecnológicos que la lastran desde hace décadas», exponen.

La pandemia impulsó la digitalización en la Justicia. (Imagen: Freepik)

Los presidentes de los TSJ observan «con preocupación» la «permanente descalificación» de su función; es decir, de la legitimidad de los jueces para decidir (que no al sentido de la decisión), «que conlleva el creciente deterioro de la imagen de la Justicia, con el riesgo añadido de provocar pérdida de confianza por parte de la ciudadanía sobre nuestra función».

En este contexto, consideran que la imagen de la Justicia es «algo que concierne a toda la comunidad jurídica», comenzando por quienes integran el Poder Judicial, por lo que afirman que se afanarán día a día para conseguir la plena legitimidad funcional, dando lo mejor de ellos desde los distintos niveles judiciales, con el máximo esfuerzo y compromiso, conscientes de la enorme responsabilidad de la que son depositarios.

Consideran necesario buscar los mecanismos legales que refuercen el estatuto profesional del juez en el ejercicio independiente e imparcial de su función, no solo desde la perspectiva formal, sino dotándolo de un contenido material que aleje planteamientos que lleven a una falta de credibilidad por la previa actividad política de jueces.

Los presidentes de los TSJ constatan «la necesidad de mejorar la imagen del juez ante la sociedad, partiendo de la relevancia de sus funciones e incidiendo especialmente en su profesionalidad, independencia e imparcialidad». Con esta finalidad proponen adoptar medidas internas, dirigidas al propio colectivo judicial, y medidas externas que tienen por objeto los medios de comunicación.

Las medidas internas, según explican, estarían integradas por «la sistematización y oportuna publicitación de aquellos principios de ética judicial que, asumidos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 20 de diciembre de 2016, inciden de manera relevante en la imagen del juez ante la sociedad».

Respecto de las medidas externas, proponen fortalecer el programa formativo “Educar en Justicia”; reforzar la actuación de las Oficinas de Comunicación del CGPJ con una política de comunicación proactiva; solicitar que el CGPJ diseñe y desarrolle campañas divulgativas con una finalidad eminentemente pedagógica sobre la función judicial; e interesar que se programen actividades formativas sobre habilidades de comunicación dirigidas a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Sede del CGPJ, en el número 8 de la madrileña calle Marqués de la Ensenada. El edificio fue construido en la segunda década del siglo XX sobre los restos de un antiguo teatro incendiado y fue previamente sede del Ministerio de Trabajo y después del Liceo Francés.(Imagen: CGPJ)

Retos de la jubilación masiva 

En las jornadas también han abordado los retos de la jubilación masiva que se prevé. En las conclusiones recuerdan que las proyecciones de futuro realizadas en el Plan Estratégico elaborado por el CGPJ alertan de un importante déficit de jueces y magistrados en esta década, como consecuencia de las vacantes que generarán las jubilaciones y la deficiente planificación de las convocatorias de selección para cubrirlas

Ante esta situación, advierten que «resulta imprescindible que, sin demora, cada año se realicen convocatorias de oposición de jueces entre 310 y 320 plazas, además de las que correspondan a los concursos del cuarto turno».

Advierten que es imprescindible que cada año se realicen convocatorias de oposición de jueces entre 310 y 320 plazas, además de las que correspondan a los concursos del cuarto turno

Además, señalan que la cobertura de vacantes en la Carrera Judicial «debe regirse por los principios de mérito y capacidad, garantizados por los sistemas de oposición para el turno libre y concurso para el cuarto turno, sin que el déficit de jueces y magistrados, producto de la falta de planificación, justifique acudir a sistemas de selección diferentes que no respeten los mencionados principios».

También ven imprescindible «llevar a cabo la esperada reforma organizativa de la Justicia española, mediante la implementación de un modelo de Tribunales de Instancia que permita conseguir una mayor eficiencia de los recursos humanos y una mayor facilidad para la creación de nuevas plazas de jueces y magistrados donde resulten necesarias, con un menor coste económico, al no conllevar la dotación de un nuevo Juzgado completo».

La justicia interina

Por otra parte, destacan que constituye una «anomalía» que en 2023 un 11,5 % de las resoluciones hayan sido dictadas por jueces sustitutos y magistrados suplentes, «configurándose así dos clases de justicia: la profesional y la no profesional».

Señalan que en ocasiones, ese fenómeno responde a causas estructurales relacionadas con el déficit de titulares para cubrir todas las vacantes, «lo que apela como primera solución al incremento estructural del número de plazas judiciales».

El presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, durante un acto de apertura del año judicial en Madrid. (Imagen: TSJM)

También indican que «muy frecuentemente, sin embargo, el recurso a jueces sustitutos y magistrados suplentes viene exigido por la necesidad de cubrir situaciones de baja, licencia o vacancia temporales de los titulares» y afirman que dicha problemática «sería más fácilmente manejable en escenarios organizativos de concentración de jueces y magistrados del tipo de los tribunales de instancia». En todo caso, sostienen que convendría explorar las posibilidades de un «mayor aprovechamiento» de la sustitución ordinaria realizada por jueces y magistrados titulares que estén en condiciones de acometerla en atención a la situación de sus propios órganos de origen.

«Ello pasa por hacer más atractivas dichas sustituciones mediante el incremento de las correspondientes retribuciones, que proponemos que pasen del 80 al 120 % del complemento de destino, cantidad que en todo caso resulta mucho más económica que el gasto que genera la sustitución no profesional», precisan.

Prioridades para la creación de unidades judiciales en 2025

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia valoran «muy positivamente» la figura del Juez de Adscripción Territorial (JAT) como instrumento que dota de flexibilidad al sistema para la atención de necesidades de trabajo.

Según exponen, el recurso a esta figura se hace «especialmente pertinente y conveniente» en situaciones como la actual, con restricciones presupuestarias para la creación de unidades judiciales completas, y subrayan que es una prioridad el incremento gradual de plazas judiciales por el reto de la jubilación masiva en la Carrera Judicial, y que conviene ir preparando y dotando de recursos a los futuros tribunales de instancia.

Los presidentes de los TSJ proponen aumentar el número de plazas de JAT en aquellos territorios donde así se solicite por las Salas de Gobierno en atención a las especiales características de cada territorio. «Esa debía ser una prioridad en los planes de creación de nuevas unidades judiciales para el año 2025, sin perjuicio de otras modalidades de nuevas dotaciones que resulten necesarias», manifiestan.

Además, alegan que la ampliación de plazas de JAT debería venir acompañada de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de que puedan desempeñar funciones de refuerzo, «sin que esto represente una opción excepcional, como sucede en la actualidad».

Proceso de transformación digital 

A) Conclusiones sobre el Expediente Judicial Electrónico

Los magistrados coinciden en que ante la ausencia de un único sistema informático de gestión de los procedimientos judiciales para todo el territorio nacional, «debe garantizarse un desarrollo similar de los distintos existentes, suprimiendo las diferencias que actualmente se constatan».

Visor de la sede judicial electrónica. (Imagen: Ministerio de Justicia)

Añaden que debe asegurarse la interoperabilidad y compatibilidad entre todos los sistemas, permitiendo la itineración del expediente judicial electrónico entre distintos órganos e instancias judiciales.

Los presidentes de los TSJ ponen también el foco en que la ciberseguridad y la reserva de los datos contenidos en el expediente judicial electrónico «requiere la implantación de los medios técnicos adecuados, pero también la formación y el establecimiento de los pertinentes controles de trazabilidad, fortaleciendo la percepción de seguridad entre los usuarios del sistema».

Además, indican que las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas mediante el uso de la inteligencia artificial han de concebirse «como un mecanismo de auxilio a la actividad judicial y no como solución al problema de exceso de carga de trabajo que afecta a nuestros órganos judiciales».

«Las actuaciones procesales telemáticas contribuyen a la mejor prestación del servicio de Justicia en supuestos de escasa complejidad o cuando la presencia física en el órgano judicial dificulta el acceso a la justicia, pero no deben suponer el abandono de la atención presencial al ciudadano que demanda el servicio», sentencian.

B) Conclusiones comunicación electrónica

Por otra parte, ponen en alza que deben adoptarse las medidas necesarias para que desde el primer contacto con cualquier persona que ha de intervenir en un proceso judicial, deje reseñado su número de teléfono móvil y, en su caso, una dirección de correo electrónico, informándole de que será a través de estas vías por donde recibirá todas las comunicaciones del órgano judicial.

(Imagen: E&J)

Además, indican que la administración prestacional correspondiente deberá prever, al menos, un lugar en cada municipio que disponga de medios suficientes con las necesarias garantías para que los ciudadanos que residen en esa localidad puedan realizar sus declaraciones judiciales sin necesidad de desplazamiento.

Asimismo, avisan que «deben crearse en cada Decanato y Audiencia Provincial, las Unidades de Auxilio Judicial necesarias, dotadas del equipamiento y personal suficiente, para atender las exigencias de conexión telemática derivadas del Real Decreto- ley 6/2023, de 19 de diciembre».

C) Conclusiones sobre el Sistema de Gestión Gubernativa 

En cuanto al Sistema de Gestión Gubernativa (SGG), abogan por una reforma general del mismo «para eliminar las disfunciones que se han ido apreciando, con duplicidades de expedientes»; la adaptación del SGG a las reformas legales, «al estar obsoletas aquellas que reseña»; dar mayor capacidad para adjuntar archivos que pesan mucho; y la creación de un SGG acorde con las nuevas tecnologías que eviten pasos innecesarios y una falta de coordinación.

Y declaran que el sistema de firma de los presidentes en el sistema gubernativo debe ser «más eficaz» y permitir firmar desde dispositivos como los móviles para ganar en rapidez y eficacia.

D) Conclusiones sobre el rol del CGPJ

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)) destacan que como órgano de gobierno del Poder Judicial, debe garantizar que los medios materiales, y en concreto que las nuevas tecnologías puestas a disposición de jueces y magistrados sean eficaces para el ejercicio de la función que constitucionalmente les está atribuida.

«Es imprescindible que las oficinas judiciales, con independencia del territorio donde estén ubicadas, sirvan con eficacia a los fines establecidos y previstos en el artículo 435 de la LOPJ. En el caso de las nuevas tecnologías disponibles en esas oficinas, los órganos de gobierno del Poder Judicial deben velar por su interoperabilidad y su capacidad en relación al uso para el que están diseñadas», explican.

Juicio telemático. (Imagen: Gobierno de Navarra)

Además, señalan que debe impulsarse la participación de los órganos de gobierno del Poder Judicial en las labores de coordinación y preparación de las reuniones del CTEAJE. En este sentido, y con independencia de que los presidentes y presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia estén representados en el mismo, afirman que debe procurarse el establecimiento de mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación en relación a esa Comisión y en otros instrumentos que pudieren existir en el ámbito del uso de las nuevas tecnologías al servicio de jueces y magistrados.

También debe existir, según exponen, una cooperación del CGPJ con los órganos de gobierno del Poder Judicial en cada territorio para el asesoramiento en las relaciones con las correspondientes administraciones prestacionales competentes territorialmente.

E) Desconexión digital

Otra de las conclusiones alcanzadas es la necesidad de conciliar la autonomía funcional de jueces y magistrados con la obligación de acudir al despacho oficial en horas de audiencia y en días hábiles. «Fuera de esos horarios debería articularse el derecho a la desconexión, tanto en relación a las tareas jurisdiccionales como a las gubernativas», agregan.

Agrupaciones de partidos judiciales para competencia en asuntos de violencia sobre la mujer

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se muestran favorables a la creación de Juzgados comarcalizados de Violencia sobre la Mujer con competencia exclusiva y excluyente en esta materia, de forma que tuviesen un ámbito territorial que comprenda varios partidos judiciales «y, de esta manera, conseguir una respuesta más especializada, coordinada y con mejores recursos». En este sentido, acogen favorablemente las últimas medidas legislativas impulsadas por el Real Decreto 1170/2023, de 27 de diciembre.

En este contexto, consideran necesario dotar de medios tecnológicos adecuados a las dependencias oficiales de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que las víctimas de violencia sobre la mujer puedan declarar desde los lugares más próximos a su domicilio, cuando así se solicite y se considere conveniente.

Asimismo, afirman que es necesario fomentar la participación de los Ayuntamientos y/o Juzgados de Paz (futuras Oficinas municipales de Justicia), así como las Oficinas de Igualdad y/o aquellos otros servicios que presten asistencia a las víctimas, con la consiguiente dotación tecnológica necesaria, para que las víctimas de violencia sobre la mujer puedan hacer desde dichas sedes su declaración telemática en los procesos judiciales.

Juzgado de Violencia sobre la Mujer. (Foto: Telemadrid)

Comunicación entre órganos judiciales y personas con discapacidad

También consideran necesario elaborar un plan de acceso para las personas con discapacidad para introducir mejoras significativas en cuatro planos:

1. Acceso al servicio público de Justicia con la creación de un turno específico de asesoramiento jurídico en el ámbito de la orientación y la asistencia jurídica gratuita y la implantación de sendos turnos de asistencia especializada en el orden penal, tanto cuando sean víctimas como cuando sean investigadas.
2. Acceso a los edificios judiciales conforme al principio de accesibilidad universal y, su defecto, introduciendo las adaptaciones razonables.
3. Acceso a los procedimientos mediante la catalogación de los ajustes de procedimiento, la creación del programa de facilitadores para la interlocución, la confección de documentos de lectura fácil y la neutralización del riesgo de brecha digital en el acceso a los servicios electrónicos de la Administración de Justicia.
4. Información y capacitación, mediante la puesta a disposición de las personas con discapacidad de una información comprensible y actualizada sobre los servicios que presta la Administración de Justicia y la capacitación y la formación específica de las personas integradas en la citada Administración.