Los sindicatos advierten a Justicia que los temas prioritarios de la mesa sectorial deben ser su futuro incremento retributivo y revisar la LOEO

Cerca de dos horas ha durado la reunión que ha mantenido el Ministerio de Justicia, encabezada por su secretaria general técnica, Sofia Puente; María dels Àngels García, directora general para el Servicio Público de Justicia; y el subdirector general de acceso y promoción profesional, Javier Moriñigo, con las seis organizaciones sindicales que conforman la mesa sectorial de Justicia, CSIF, STAJ, CCOO, UGT y los sindicatos regionales CIGA gallego y ELA vasco.

En principio desde esta mesa sectorial se confirma la constitución de distintos grupos de trabajo entre ambas partes con reuniones ya fijadas para los días 16 y 18, 23 y 25 y 31 de enero, martes y jueves de las próximas semanas.  Para las organizaciones sindicales es clave que desde el principio se aborde la cuestión retributiva.

Los grupos de trabajo abordarán el impacto de las nuevas leyes de eficiencia en el trabajo que realizan los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia al que se refiere la disposición adicional novena: “Personal de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia del Real Decreto-Ley, 6/2023, de 19 de diciembre”. Y, el otro determinar, es el contenido reglamentario básico al que se refiere la disposición final sexta: “Teletrabajo y puesto de trabajo deslocalizado del Real Decreto-Ley, 6/2023, de 19 de diciembre”.

Sofia Puente, secretaria general técnica del Ministerio de Justicia, ha encabezado la reunión por parte de la Administración (Imagen: Ministerio de Justicia)

Según indica Luis Calero, secretario general de FSC-CCOO, su organización sindical pidió la creación de un tercer grupo de trabajo para las retribuciones que incluyese la subida retributiva en la línea acordada con el cuerpo de letrados de la Administración, la carrera profesional, la eliminación de los grupos de población y un plan de productividad para la puesta al día de los asuntos atrasados por la huelga del año pasado. Pero la propuesta no fue aceptada.

El secretario también señala que, además de la ya mencionada, la otra propuesta para que las nuevas leyes de eficiencia no estén limitadas a las funciones, sino también a todas las condiciones de trabajo, fueron rechazadas, “por lo que hemos solicitado subsidiariamente la convocatoria de la Mesa Sectorial para la primera semana de febrero con el fin de analizar las conclusiones de los dos grupos de trabajo y dar comienzo a la negociación retributiva y de otras materias tal y como se comprometió en el Congreso el ministro Bolaños el pasado 21 de diciembre. El Ministerio no ha contestado a esta última propuesta”.

Hay que recordar que esta organización sindical, como ya se indicó en una información previa, ha interpuesto una queja al Defensor del Pueblo por los retrasos del Ministerio de Justicia en las convocatorias y resolución de los concursos de traslado.

Este retraso en la convocatoria del concurso de cuerpos generales se viene produciendo con asiduidad desde hace años, así, el de 2022 se publicó en el BOE del 3 de septiembre, el de 2021 en BOE del 13 de octubre, el de 2020 en el BOE del 1 de septiembre, el de 2019 en el BOE del 18 de julio, el de 2018 en el BOE del 23 de julio, el de 2017 en el BOE del 7 de julio, etc.

Arranca la negociación tras diez meses

Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Nacional, señala que «es fundamental que estos grupos de trabajo sean eficaces y efectivos» (Imagen: CSIF Justicia)

A la salida da la reunión, Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia, señalaba que “es fundamental que estos grupos de trabajo sean eficaces y efectivos, por eso la Administración coincide en que dicha negociación no puede prologarse mucho más del próximo mes de febrero. Desde el Ministerio se quieren cerrar estos temas para luego abordar el tema económico. Nosotros le hemos dejado claro que el incremento económico debe ser prioritario. Sin ello, todo lo demás será papel mojado”.

Las organizaciones sindicales, según comenta Jordan de Urríes, “no vamos a firmar dos acuerdos, uno de contenido variado y otro económico, sino que la parte económica es una de las dos patas del acuerdo. Es la parte principal de nuestro acuerdo con el Ministerio de Justicia y la otra, la relacionada con la LOEO, también es relevante. Esperamos que hayan tomado nota de lo que les hemos comentado. Queremos una subida salarial para todo el personal de justicia en base al documento que el Ministerio tiene desde el mes de abril del 2023”.

Para el presidente de CSIF Justicia “si llegamos a un buen acuerdo ahora es posible que podamos afrontar con posterioridad un acuerdo de legislatura en el que podamos abordar otras cuestiones como carrera profesional, grupos de población, oposiciones, comisiones de servicio o sustituciones entre otros temas, porque hay muchas cosas de las que hablar en la Administración de Justicia”.

Sobre el Real Decreto-ley ‘ómnibus’ con un apartado amplio sobre eficiencia digital que ha sufrido notables críticas por su contenido y forma de aprobarse, este dirigente sindical, al igual que los otros líderes sindicales, cree conveniente que si no fuera aprobado en el Pleno del Congreso sería bueno que se tramitara como proyecto de ley para recoger nuestras opiniones como profesionales que estamos en los juzgados.

Hay unidad sindical

Las organizaciones sindicales señalan a Economist & Jurist que “hay que recordar que a jueces, fiscales y letrados de la Administración les subieron sus retribuciones sin que hubiera una ley vigente en vigor. La mesa ha dejado claro que existe de nuevo unidad de acción sindical sobre estos temas. Es posible que tengamos distinto enfoque de afrontar la negociación, pero todos tenemos claro que es un acuerdo de subida salarial para todos donde también hay que revisar nuestras funciones como profesionales, sobre todo si la LOEO se aprobase en el futuro”.

En el ánimo de los asistentes, como señala José Luis Fernandez, vicesecretario general de STAJ, está en que en estos grupos se toque de forma prioritaria las cuestiones claves de la negociación, el incremento salarial, similar a LAJs, jueces y fiscales y la revisión de la futura ley orgánica de eficiencia organizativa (LOEO) que decayó en el anterior periodo de sesiones y está pendiente de aprobar.

Para este dirigente sindical “en estos grupos de trabajo además de estos asuntos hablaremos de la revisión de nuestras funciones como profesionales, la regulación del teletrabajo, como temas para iniciar estas negociaciones. Junto a ello hemos pedido que a nivel retributivo esté presente el Ministerio de Hacienda para cerrar el citado acuerdo salarial”.

Desde STAJ, se insiste en que es “fundamental, a las experiencias nos remitimos la necesidad de que en estas reuniones sobre retribuciones se incorpore el Ministerio de Hacienda para que sean efectivas. Llevamos reclamando desde abril del año pasado una propuesta económica a nuestra oferta que planteamos a Justicia, por el momento sin éxito”.

A su juicio ese incremento retributivo, similar al que ya han cobrado LAJs, jueces y fiscales “debe ser a todo el cuerpo de funcionarios generales y especiales de todo el Estado, no llegaremos a ningún acuerdo, eso ya lo sabe el propio Ministerio de Justicia”.

Para las organizaciones sindicales una de las líneas rojas de esta negociación es que “todo aquello que hagamos o todas aquellas nuevas funciones que surjan de este nuevo entramado legislativo deben estar retribuidas. Es fundamental que el Ministerio de Justicia tenga claro este escenario que hemos vuelto a plantear”.

Las organizaciones sindicales hablan de unidad de acción y están dispuestas a salir a la calle de nuevo si no hay un incremento retributivo como el de los LAJs, jueces y fiscales (Imagen: E&J)

Urge firmar el acuerdo

Por su parte, Antonio Lozano, portavoz nacional de Justicia de UGT, asistente a este encuentro cree que ahora le toca al Ministerio de Justicia mover ficha: “Hemos aceptado sus condiciones de crear dos grupos de trabajo pero debemos desde el primer día abordar la parte económica que es la que ha generado el conflicto en la Administracion de Justicia».

A su juicio, “a respuesta del Ministerio se puede asumir, pero tiene que darse cuenta que estas nuevas funciones que vamos a asumir deben ser compensadas con un incremento retributivo. El esfuerzo adicional del personal funcionario debe compensarse”.

En su opinión, “nosotros estamos dispuestos a entender que la Administración de Justicia entra en el siglo XXI, pero evidentemente tiene que haber una compensación para ese esfuerzo que harán los cuerpos generales de funcionarios que viene recogido en dicha normativa que se avecina. Hay funciones que son nuevas, otras que asumimos ya, pero que no nos retribuyen. No podemos dejar de reclamar lo que nos pertenece. Desde UGT defendemos estas tesis desde que se quiso implementar la LOEO en la anterior legislatura”.

A juicio de Lozano, “es evidente el espíritu constructivo de las organizaciones sindicales en esta negociación, pero al mismo tiempo el Ministerio debe reconocer el trabajo que estamos haciendo como funcionarios de justicia. En este escenario queremos que Hacienda esté presente porque sabemos que su presencia es clave para que cualquier negociación económica llegue a buen puerto.  La experiencia nos dice que es fundamental que este presente para que este acuerdo se cierre con garantías como ha pasado con LAJs, jueces y fiscales”.