Los sindicatos pedirán a Pedro Sánchez que intervenga en el conflicto laboral abierto ante la «pasividad» de la ministra Llop

“No hay noticias del Ministerio de Justicia, por el momento. Pero parece que hay dinero por lo que hemos sabido este martes con la oferta que han recibido jueces y fiscales de 44.6 millones de euros. Esperemos que pronto tengamos una oferta adecuada a nuestras responsabilidades”, apunta Javier Jordan, presidente de CSIF Justicia, a la hora de valorar este primer dia de huelga general.

A este respecto, Jordán avanzó que el próximo martes 9 de mayo registrarán un escrito en Moncloa, día de Consejo de Ministros, para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga en el conflicto. “La ministra no nos resuelve nada y parece que no le importa demasiado nuestro problema”, añadió.

Este primer dia de huelga general ha supuesto una guerra de cifras de nuevo, como cuando hay un conflicto de este tipo, entre lo que señala el Ministerio de Justicia, que habla de un seguimiento del 28,5 % de la huelga general frente al 90% que indican los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT.

A primera hora de este miércoles, estas organizaciones tuvieron una reunión con el decano del ICAM, Eugenio Ribón, con quien intercambiaron impresiones. Una nueva huelga general sería una losa importante para los intereses de muchos abogados y abogadas que ya sufrieron el impacto de la huega de los LAJS en la facturación de sus despacohs.

Este primer día de huelga general fue refrendado con una concentración masiva de funcionarios frente al Ministerio de Justicia donde han reclamado la solución al conflicto y la implicación de la propia ministra, que, según manifiestan, hasta ahora ha estado bastante ausente de este asunto.

avier Jordan atendiendo a los medios (Foto: E&J)

Desde las organizaciones sindicales se insiste en que el 95% de los juicios previstos habrían quedado suspendidos (la mayoría en los ámbitos de lo Civil, lo Mercantil y lo Social), y solo se habría mantenido la celebración de aquellos relacionados con derechos fundamentales. En resumen, decenas de miles de juicios se han visto afectados y se han paralizado más de un millón de actuaciones judiciales, incluyendo la tramitación de multas, sanciones, infracciones, acuerdos, etc, por lo que el paro también podría haber tenido un impacto económico de varios millones de euros.

No somos funcionarios de Segunda

Los funcionarios, igual que lo han logrado los LAJS, tras su acuerdo de 28 de marzo y están en vías de lograrlo jueces y fiscales, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros brutos al mes. Asi lo han manifestado a Economist & Jurist en el transcurso de la citada concentración en Madrid.

“Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a nuestras funciones que realmente realizamos y que no se nos reconocen, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen”, aclara Luis Calero, Secretario General de CCOO Justicia. Otra cuestión que señalan es que “se nos dijo que en este momento de crisis económica pedir subida retributiva no era el momento. Pero sabemos junto con el acuerdo ya suscrito con los LAJS, está muy avanzado otro con jueces y fiscales. Nosotros tenemos el mismo derecho a esas mejoras retributivas. Esperamos que nos convoquen a una reunión de inmediato”.

También aclaran que “las movilizaciones se endurecerán si el Gobierno no les ofrece una propuesta económica. De hecho, ya hay convocados nuevos paros de 24 horas los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, e incluso no se descarta la convocatoria de un paro indefinido, indico Antonio Lozano, portavoz de UGT Justicia.

Desde su punto de vista “no podríamos entender que se alcanzase un acuerdo con jueces y fiscales y no se hiciera con el 93% de la oficina judicial como es el personal funcionario de la administración de justicia. Este es un problema que viene de años atrás por la carencia de medios de nuestra Justicia. En este contexto hay muchas funciones que hacemos que no tienen una retribución”.

Por su parte, Jose Luis Fernández, vicesecretario del sindicato STAJ, resaltaba que “nuestra reclamación no es solo económica. Queremos que se nos reconozca el trabajo que hacemos en la oficina judicial y que no está compensado adecuadamente por parte de los funcionarios de administracion de justicia en nuestros juzgados y tribunales. Si se han reconocido a los LAJS se tiene que hacer ese reconocimiento a nuestra actividad”. Fernández denunciaba que la tramitación de la LOEO “se ha hecho a espaldas de los trabajadores. No han tenido en cuenta nuestros puntos de vista cuando realmente va a suponer un cambio radican en el concepto de justicia actual. Creemos que aún hay tiempo para mejorar dicha normativa antes de su aprobación parlamentaria en los próximos días”.

Las organizaciones lamentan los perjuicios que están generando estos paros por los que calculan que ya se han paralizado más de cinco millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios, “pero la ministra Pilar Llop es la única responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia”, advierten.

Juzgado. (Foto: CSIF)

En concreto, están llamados a los paros de 24 horas los 45.000 trabajadores, que constituyen el 93 por ciento de la plantilla: gestores procesales y administrativos, atención al ciudadano, registro de documentos, redacción y distribución de diligencias, autos, notificaciones, etc. También se incluyen médicos forenses y facultativos de toxicología, técnicos de laboratorio, etc. En este sentido, Jordán ha advertido que “la ministra no puede amparar que haya trabajadores de primera y de segunda” en materia de retribuciones, y que “si hay dinero para mejoras salariales tiene que ser para todos, en especial para el 93 de la plantilla de Justicia y por cuyas manos pasan el cien por cien de los papeles que afectan a los ciudadanos en su relación con este servicio público”.

Seguimiento irregular

El seguimiento de esta huelga de funcionarios está siendo irregular en todo el pais. Los datos de las CCAA y territorio Ministerio no concuerdan con los datos aportados por los propios sindicatos. Así, se indica que los juzgados aragoneses han vuelto a funcionar hoy a medio gas. Tras una serie de paros parciales, los funcionarios de Justicia han secundado este jueves 4 de mayo su primera jornada de huelga general, lo que ha obligado a aplazar numerosos juicios y trámites.

Las organizaciones convocantes, CC. OO., CSIF, STAJ y UGT cifraban provisionalmente en un 80% el seguimiento de la protesta, que se ha escenificado a mediodía con una concentración frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el Coso zaragozano. Sin embargo desde la Dirección General de Justicia se estima que el paro lo secundaron el 38,30% contando los servicios mínimos.

Desde el Colegio de Abogados de Madrid, aseguran que este día de huelga general se ha notado bastante más que en los días anteriores que fueron paros alternos. A lo largo de este 4 de mayo se ha detectado suspensiones en un 31.94% de los juzgados frente al 17% de los días anteriores donde la huelga fue parcial de tres horas cada día.

Al mismo tiempo, el diputado del ICAM Javier Mata señala que desde el inicio de la huelga, Defensa de la Abogacía ha recibido un total de 62 incidencias de compañeros/as, que no han sido avisados de la suspensión de sus actos judiciales (59), o que les han denegado el acceso a las actuaciones (3).

Los procuradores, preocupados por las huelgas seguidas

Por su parte, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, manifestaba al término de la presentación de la Monografia Prácticum, compendio de actividad que realizan los procuradores en nuestro país, “que la situación actual con huelgas que se concatenan en el tiempo es muy grave y hay que ponerle fin”.

Estamos “una situación límite, por no decir cercana ya al punto de no retorno»

Los perjuicios están siendo soportados por los litigantes, que no ven satisfechas sus pretensiones, o reciben el amparo judicial tarde o limitadamente. Al mismo tiempo los profesionales sufrimos estas disfunciones que, en el caso de la Procura, suponen una distorsión grande en el quehacer diario”. Desde la procura se es consciente de que estos colectivos tienen derecho a sus reivindicaciones en estos conflictos laborales “Pero ello, no limita nuestra facultad de instar unos rápidos acuerdos que pongan fin a esta situación, así como unas medidas que ayuden a la recuperación de la situación actual de la Justicia”

Juan Carlos Estévez. (Foto: Archivo)

Estévez cree, como otros juristas, que el modelo actual de justicia “necesita mejoras. Ahora hay tres proyectos de ley de eficiencia en el Congreso de los Diputados pero parece que avanzan como es el caso de la LOEO, donde nosotros hemos presentado una enmienda para que la cuestión de las ejecuciones de sentencias las podamos gestionar desde la procura

A nivel práctico, Roberto Granizo, titular del despacho Granizo Procuradores, creado en 1961 y que aglutina a varias generaciones de procuradores, señala que “nunca hemos vivido en estos años una situación actual. Además, se percibe mucha tensión entre los juzgados en esa relación entre funcionarios, LAJS y jueces que ahora ya no es tan pacifica como antes– Echo en falta que existan servicios mínimos en la presentación de escritos”, apunta

Este jurista constata que los retrasos en los asuntos y señalamientos empiezan a afectar a despachos como el suyo “los procuradores cobramos cuando el asunto se acaba y hay sentencia firme. Al mismo tiempo tenemos que adelantar la tasa judicial y los depósitos de los recursos. Cuando hay sentencia se liquida la provisión de fondos y el asunto. Después del verano empezaremos a ver que no cobramos por consecuencia de estos tres meses de huelgas y dando pérdidas en el despacho”.

También subraya que “la suspensión de los juicios sigue siendo importante, en muchos de los asuntos hasta el mismo día no sabíamos de las suspensiones de los juicios, con el problema económico que ha generado para clientes, abogados y procuradores. Con la huelga de los LAJS, el 80% de los juzgados suspendía el mismo dia de celebración del juicio, lo que ha generado mucho daño”.