Los vocales electivos de la AF en el Consejo Fiscal piden a García Ortiz que reconsidere su decisión y, por el bien de la institución, dimita
"Pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la Carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación", destacan
(Imagen: Congreso de los Diputados)
Los vocales electivos de la AF en el Consejo Fiscal piden a García Ortiz que reconsidere su decisión y, por el bien de la institución, dimita
"Pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la Carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación", destacan
(Imagen: Congreso de los Diputados)
Los vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales (AF) en el Consejo Fiscal han reclamado hoy al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que reconsidere su decisión de mantenerse en el cargo y, «por el bien de la institución y con arreglo al artículo 31.1.a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, presente su dimisión».
El fiscal general del Estado convocó este jueves a los integrantes del Consejo Fiscal para hacerles partícipes de su decisión de seguir ejerciendo sus responsabilidades como fiscal general, pese a que el Tribunal Supremo haya acordado la apertura de procedimiento contra él y, con ello, que esté ahora sujeto a la condición de investigado por presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tuvieran a bien manifestar los miembros de este órgano consultivo del Ministerio Público. En la reunión, el fiscal general les ha reiterado su decisión de no dimitir.
«Tal decisión responde en esencia, según nos ha expuesto, a que su actuación se enmarcó en el deber de informar de los asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, de manera que, ponderando las circunstancias, ha estimado que lo menos gravoso y más prudente es su propia continuidad en el cargo», explican en un comunicado los vocales electivos de la AF, Jorge Andújar Hernández, María Isabel Gómez López, Eva María Mas Curià, Miguel Rodríguez Marcos, Beatriz Sánchez Carreras y Roberto Valverde Megías.
Ante ello, los vocales de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la Carrera Fiscal, le han transmitido su parecer, «compartido por la inmensa mayoría de los fiscales», que no es otro que deje de aferrarse al cargo, y se abra una nueva etapa en la Fiscalía.
«El más absoluto respeto tanto a las resoluciones judiciales como a la presunción de inocencia nos debe llevar a abstraernos de los presupuestos fácticos que constituyen el objeto del proceso seguido en el Tribunal Supremo, y los hechos y circunstancias que el fiscal general alega en defensa de su posición. Este debe ser el punto de partida para valorar si, en efecto, lo menos gravoso para el Ministerio Fiscal español es que el fiscal general del Estado se encuentre investigado en un procedimiento judicial que tenga por objeto aclarar su posible responsabilidad penal por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones», razonan.
Y destacan que ante ello, «sólo cabe entender que el perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso».
Los seis vocales de la AF subrayan que «la decisión del fiscal general de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la Carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación».
A ello añaden que les resulta «absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo». «No puede, por tanto, haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución, de la que pretende seguir ostentando la jefatura superior y representación pese a su condición de investigado», concluyen.