Luis Sanz: «A la Justicia no se le dota de medios para que no sea tan incómoda para el poder político»
Este jurista, conocido en redes como MagistraThor, analiza en esta entrevista en 'Economist & Jurist' la situación del Estado de Derecho y la Justicia en España
(Imagen: Óscar Peña/E&J)
Luis Sanz: «A la Justicia no se le dota de medios para que no sea tan incómoda para el poder político»
Este jurista, conocido en redes como MagistraThor, analiza en esta entrevista en 'Economist & Jurist' la situación del Estado de Derecho y la Justicia en España
(Imagen: Óscar Peña/E&J)
«La justicia, sobre todo la penal y la contencioso-administrativa, es incómoda para el poder político porque es una fuente de control. Por eso, no se le dota de medios, para que no sea tan incómoda». Así lo declara a Economist & Jurist Luis Sanz, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, profesor universitario y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, muy activo en redes sociales, donde se le conoce con el seudónimo de «MagistraThor».
En esta entrevista con el director general de Economist & Jurist Group, Pablo Capel Dorado, aborda diferentes asuntos de actualidad, entre ellos la escasez de medios de la Administración de Justicia. También conversan sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y qué procede primero, si renovar o reformar; así como de la justicia tardía o la ley de amnistía.
Este magistrado denuncia la escasez de medios que sufre la Administración de Justicia, tanto personales como materiales, cuya consecuencia son los retrasos en los procedimientos judiciales. Y subraya que hace falta inversión, cosa que «no se ha producido prácticamente nunca, con la excepción del periodo de Enrique Múgica al frente del Ministerio de Justicia».
En cuanto al CGPJ, Luis Sanz aboga por reformar primero el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial –12 de un total de 20– para que sean los jueces directamente quienes les nombren y después renovar. «Es el sistema que se ajusta más a la Constitución española y lo que ocurre en prácticamente todos los países de Europa», señala este magistrado.
«Obsceno espectáculo»
Sanz destaca que «el problema está en el nombramiento por parte del Consejo de los cargos judiciales, que es lo que quieren controlar los partidos políticos a través de la elección de los vocales, ya que los altos cargos judiciales son los que juzgan a los aforados». Afirma que los dos principales partidos políticos, PSOE y PP, «han jugado a este juego» y critica este «obsceno» espectáculo.
Preguntado sobre qué cree que pasará finalmente, vaticina que se pondrá fin al bloqueo después de las elecciones europeas y se volverá a renovar por el sistema de siempre, pero no se acometerá la reforma, ya que «el PSOE ha dicho con absoluta claridad que no va a permitir nunca que los jueces elijan a los vocales».
Además, redobla su apuesta: piensa que el Partido Popular tampoco la acometerá, ya que pese a llevar en dos programas electorales la vuelta al sistema de elección por los jueces de los 12 vocales, podía haberlo hecho en su día teniendo mayoría absoluta, pero no lo hizo «porque también le venía bien tener controlados a sus vocales».
«Ahora parece que opta por el modelo de la elección judicial, pero es lo que siempre ocurre cuando se está en la oposición», manifiesta Luis Sanz. También recuerda un tuit de Pedro Sánchez antes de ser presidente en el que decía que había que acabar con la elección por los políticos de los vocales del Consejo. «Cuando llegan al poder, eso se olvida y vuelven al sistema de siempre», lamenta.
Este jurista también denuncia la modificación que PSOE y Podemos hicieron a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en 2021, pues esta «coacción para forzar al Partido Popular a aceptar mantenerse en el sistema partidista de elección de los vocales –que no dio resultado, ya que seguimos sin renovar y con el mandato caducado desde diciembre de 2018–, supuso desapoderar al CGPJ de una de sus principales o fundamentales funciones: la designación de los más altos cargos de la judicatura».
Recuerda que esta reforma ha provocado «un problema muy serio de vacantes, muy grave en el ámbito del Tribunal Supremo», sobre todo en Sala de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social, que va en aumento cada año por las jubilaciones voluntarios o forzosas, o por otros motivos, como los fallecimientos. «La situación es muy angustiosa, esa reforma fue muy mala idea», sentencia.
Ve mal el aforamiento y eliminaría los indultos
En la entrevista también afirma que no ve con buenos ojos el aforamiento de los políticos ante el Tribunal Supremo y recuerda que es «una excepción española», señalando que el expresidente de EEUU Donald Trump ha comparecido esta semana ante un juzgado normal y corriente de Nueva York como le correspondería a cualquier otro ciudadano y no ante el Supremo. Sobre esta cuestión indica que los políticos buscan ese cobijo del aforamiento, pero luego se quejan de que esto les produce merma de garantías al no tener doble instancias. «Le produce merma de garantías, pero nunca renuncian al aforamiento, es curioso», apunta Sanz, que también «eliminaría los indultos».
En cuanto a la amnistía, subraya que es «claramente inconstitucional, porque es un ataque directo y contundente al Poder Judicial, a la división de poderes y al Estado de Derecho, y contraria al derecho comunitario». A quienes la defienden señalando que ya hubo una en 1987, les responde que «ese argumento no se sostiene, porque esa amnistía fue anterior a la Constitución y en segundo lugar, era lógica cuando se pasaba de un régimen autoritario a un régimen democrático», pero ahora la Carta Magna no la reconoce.
Ante la tesis de que el hecho de que no esté contemplado en ella no significa que no pueda ser constitucional, también dice que «no funciona». Además, recuerda que la Comisión de Venecia se opone a la aprobación de esta ley de amnistía y advirtió, entre otras cosas, de que hacen falta grandes mayorías. «Y aquí no hay un amplio consenso, hay una mayoría absoluta escuálida y el principal partido de la oposición está frontalmente en contra», apunta Sanz. Asimismo, subraya que «un proyecto de tanta envergadura tiene que pasar necesariamente por los órganos constitucionales», pero no se hizo.
Luis Sanz defiende la independencia del Tribunal Constitucional y tiene ganas de conocer qué opinan los juristas del órgano de garantías sobre esta cuestión. «Tengo que confiar en que al final Cándido Conde-Pumpido cumpla su papel», manifiesta. Antes de ello tendrá que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que puede poner serias objeciones a la acomodación de la norma española al derecho comunitario por el terrorismo, según el entrevistado. «Después de esa eventual inaplicación de la Ley de Amnistía tras un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cabe un recurso de inconstitucionalidad», explica.
Luis Sanz (@MagistraThor), un prolijo tuitero
En la entrevista también aborda su actividad en redes sociales, que comenzó «para acercar la justicia al ciudadano, como una función pedagógica. En ellas también habla de la amnistía, porque «está en cuestión el Estado de Derecho, precisamente porque supone deslegitimar en gran parte a los tribunales» y, por tanto, le parece que tiene legitimidad para hacerlo.
«No nos olvidemos de que la amnistía aparece con la intención deslegitimar al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda, en la sentencia del procès, para dejarla sin efecto. Por eso se habla de intentar la reconciliación e impedir la judicialización. ¿Entonces, cómo no nos vamos a oponer a eso? Esta sentencia se dictó después de un proceso absolutamente ejemplar, donde se cubrieron y se respetaron las garantías. Y el Poder Legislativo no puede hacer de última Cámara dejando en cuestión lo que ha resuelto el Tribunal», concluye Sanz.