Madrid demandará al Ministerio de Justicia si en tres meses no activa un modelo de financiación para los tribunales de instancia

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado mes de enero, que prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y flexible y dotarla de mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados, ya está envuelta en una batalla judicial. Tras el fiasco de la Conferencia Sectorial de Justicia de este viernes, que se suspendió, ahora podría abrirse una nueva contienda legal.

La Comunidad de Madrid llevará al Gobierno central ante los tribunales por la falta de financiación y desarrollo de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Ley de Eficiencia). Así lo ha avanzado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que ha protagonizado el encuentro informativo organizado por Europa Press.

García Martín ha detallado que el Estado, según la LOFCA, está obligado —de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica y por el principio de lealtad institucional— a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas; obligación que resulta esencial para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las medidas oportunas para sufragar y compensar esos costes. Hasta la fecha, no se ha recibido financiación por parte del Estado.

A este efecto, este lunes los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid mandarán al ministro Bolaños un requerimiento para dotar de financiación la reforma de los tribunales de instancia. Tres meses es el plazo que tiene para contestar; de lo contrario, esta Consejería de Presidencia, Justicia y Función Pública acudirá a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo para reclamar esa financiación.

Desde la Comunidad de Madrid, su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, señaló que esa sectorial fue un fracaso: «Nos volvemos de esta sectorial como vinimos. Se quería hacer un paripé. Ninguno de los puntos que planteamos para incorporar al orden del día aparece en el mismo. Hay que hablar de cosas esenciales, como la financiación. Esa financiación para las CC. AA. con competencias va a suponer un desembolso importante, por encima de los 40 millones de euros».

Sobre lo comentado del ahorro de 290 millones de euros que va a generar en el medio plazo la Ley 1/2025 a las CC. AA., el consejero madrileño subraya que «el ministro no tiene ningún dato verídico que demuestre que eso puede ser así. No hay un solo papel que nos haya trasladado a las CC. AA. donde nos hable de ahorro. Respecto a la CC. AA. de Madrid, nuestra memoria económica habla de 40 millones de euros de desembolso, de los cuales 20 serán estructurales. A partir del año que viene tendremos compromisos de gasto».

Consejeros del PP de Justicia saliendo de la sectorial de Barcelona este viernes. (Imagen: Comunidad de Madrid)

La financiación es el problema

En este contexto, la financiación de este cambio de modelo parece el escollo más importante para que se lleve a cabo. El quid de la cuestión es que, sin Presupuestos Generales del Estado, es difícil que Justicia haga otra ronda de financiación como la del 2021, donde repartió 325 millones. Los consejeros de las CC. AA. reclaman una cofinanciación, al haberse aprobado la Ley 1/2025 en enero del 2025, lo que les ha dejado sin margen de maniobra presupuestaria.

Este pasado viernes, las CC. AA. gobernadas por el PP decidieron boicotear la Conferencia Sectorial, que periódicamente reúne al Ministerio de Justicia con el resto de CC. AA., y no acudir a la misma, al no lograr que en el orden del día se hablase de la financiación de la norma. Esta decisión fue compartida por los consejeros de Valencia, con Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, La Rioja y Cantabria, que también han desistido de participar en el encuentro.

Una financiación que genera costes adicionales de más de 45 millones a la CC. AA.; 63 millones a Andalucía y unos 100 a la Generalitat Valenciana. Estas y otras pedían una cofinanciación, pero el Ministerio de Félix Bolaños indica que ya entregó un dinero por encima de 325 millones repartido en el 2021. El problema es que no parece muy dispuesto a financiar de nuevo a las CC. AA.

La sensación de algunos de estos consejeros, consultados por Economist & Jurist en estos días, es que “no hay dotación presupuestaria para la norma que va a implementar los tribunales de instancia y el Ministerio quiere que las CC. AA. asumamos ese coste íntegro”.

Ahora mismo, el divorcio es evidente entre ambos bandos, lo que podría hacer peligrar la conversión, en el 2025, de esos 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos asistido administrativamente por una Oficina Judicial. Tampoco ha aclarado el Ministerio las plazas que se van a convocar y en cuánto tiempo se acortan los pleitos.

Andalucía ve costes no ahorro

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, entrevistado recientemente por nuestro medio, ha calificado de «tomadura de pelo» los cálculos que hace el Ministerio de Justicia sobre la implantación que conllevan los cambios de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según el Ministerio, la Junta solo tendría que invertir 3,3 millones de euros para transformar la comunidad con mayor número de partidos judiciales —un total de 85—, y que ahorrará 63 millones en diez años.

Sin embargo, solo la ampliación de plantilla para los primeros 70 que deben adaptarse antes del 1 de julio va a suponer un coste anual de casi 3,6 millones de euros. «Que no mientan, que dejen de insultar a la inteligencia de las comunidades autónomas y sus técnicos, que están haciendo un esfuerzo tremendo», ha dicho el consejero.

Nieto, tras una reunión previa con el ministro Félix Bolaños, decidió el pasado viernes, junto con los consejeros del resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP con competencias en Justicia transferidas, no participar en el pleno de la Conferencia Sectorial. A su juicio, esta ley carece de una memoria económica; por tanto, «los costes de su implantación los estamos asumiendo las comunidades solas», y los mismos se van conociendo conforme se avanza y se trabaja cada uno de los aspectos a reformar. «Con los 3,3 millones que nos ofrece no es suficiente para esta transformación».

Imagen de la sectorial de Barcelona tras el plantón de las CC. AA. del PP. (Imagen: Comunidad de Madrid)

Valencia habla de 100 millones de coste

Por su parte, la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha exigido recursos financieros y coordinación al Gobierno central para la implementación de la nueva Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor este jueves y que, según estimaciones, podría generar a Valencia un coste de unos 100 millones de euros.

«Creo que nadie puede dudar de la necesidad de dotar de una mayor eficiencia y agilidad a la Justicia, pero no podemos eludir la cuestión de la financiación, y más en el caso de la Comunidad Valenciana, una autonomía que padece una infrafinanciación estructural y que, además, está afrontando en solitario la reconstrucción y recuperación social y económica tras la tragedia de la riada, ocurrida el pasado 29 de octubre», ha reivindicado la titular de Justicia.

Desde su punto de vista, «el Ministerio de Justicia no debe eludir su responsabilidad y debe garantizar los recursos necesarios para poder implementar la ley con las debidas garantías; debe revisar los tiempos de ejecución de la misma y coordinar su implementación. Si no se nos proporcionan los recursos necesarios, podemos sufrir el colapso de los tribunales», ha aseverado la consellera Nuria Martínez.

Para Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (COSEJU), colectivo clave —los LAJ— en la gestión de la nueva Oficina Judicial y la propia derivación a los MASC, las CC. AA. ya se han dado cuenta de que esta reforma es «a coste cero». Sobre el ahorro que Bolaños indica que generará esta reforma de los tribunales de instancia, indica que «es un futurible muy difícil de acreditar y pensamos que, en ningún caso, real. Una reforma de este tipo no se puede hacer sin inversiones en medios personales y materiales».

Desde su punto de vista, «precisamente lo que se está diciéndose en este momento es que lo que va a haber es una disminución de la inversión, y de esta manera los problemas pueden surgir en la implementación de esta reforma de tanto calado, como son la de los tribunales de instancia, que se va a impulsar de forma progresiva en el 2025. No es real pensar que se pueda acometer la reforma sin inversiones reales y efectivas. Estamos viendo que esa es la tendencia de forma tangible, y eso nos preocupa».

Nuestro interlocutor nos confiesa que, en conclusión, «entendemos que el proyecto de ley contiene medidas desacertadas, dudas e incertidumbres no aclaradas, y que se pretende implantar con excesiva precipitación, factores todos ellos que pueden llevar a hacer descarrilar el proyecto si no se corrigen. Al mismo tiempo, nosotros vamos a reclamar que se creen tantas plazas de LAJ como de juez en los nuevos juzgados de violencia».

Las CC. AA. vinculadas al PP acusan a Bolaños de no cofinanciar la reforma de los tribunales de instancia. (Imagen: Comunidad de Madrid)

Bolaños habla de ahorro a las CC. AA.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia, la situación es otra. La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años en las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia. Su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de 15 millones entre todos los territorios, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma.

Así se desprende de un análisis que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes iba a presentar en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, centrada en el proceso de implementación de la reforma de la Justicia; sectorial suspendida por las ausencias de las CC. AA. gobernadas por el PP.

No obstante, el Ministerio y los consejeros de País Vasco, Catalunya, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos, y continuarán así trabajando en la mejora del Servicio Público de Justicia.

El estudio presentado por el Ministerio detalla que, en estas 12 comunidades, el ahorro previsto gracias a la Ley de Eficiencia superará los 290 millones de euros en 10 años. Las que más ahorrarán son Andalucía (63 M€), Catalunya (55 M€), la Comunidad de Madrid (47 M€) y la Comunitat Valenciana (39 M€).

El Ministerio habla de una inversión realizada en el 2021, en las 12 comunidades con competencia en Justicia, que supera los 325 millones de euros procedentes de fondos europeos; una cifra histórica para modernizar este servicio público y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo previsto en la Ley de Eficiencia. Además, el Ministerio les ha facilitado soluciones tecnológicas por valor de 25 millones, de manera que la inversión total en esos territorios ha ascendido a 350 millones.

Por comunidades, las que han recibido una mayor inversión son Andalucía (65 M€), Catalunya (55 M€), Comunidad de Madrid (50 M€) y Comunitat Valenciana (42 M€).

Sin embargo, las propias CCAA niegan que ese dinero fuera para la implementación de los tribunales de instancia. «Las inversiones son del 2021 y la ley se aprobó en enero del 2025, teniendo todas las CC. AA. los presupuestos ya cerrados. Necesitamos que el Gobierno cofinancie esta reforma porque el esfuerzo que vamos a hacer es notable», señalan los consejeros.