María Andrés, presidenta de ALA: «Ni el ICAM ni el CGAE velan por los intereses de la abogacía, no son transparentes ni independientes»

En un creciente contexto de malestar general en el ámbito de la abogacía, relacionado con la lentitud de la Justicia, la falta de transparencia e independencia de algunas de sus instituciones, la pésima conciliación familiar-laboral y las humillantes condiciones de jubilación de los letrados del Turno de Oficio, la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), constituida en 1989 en Madrid, ha alzado la voz para exigir que se implementen ciertos cambios en favor de este sector.

María Andrés Rodríguez, abogada de familia y presidenta de ALA desde el pasado 3 de abril de 2023, habla en representación de la asociación, «de carácter progresista, totalmente independiente y sufragada exclusivamente con las cuotas de las personas asociadas», tal y como se definen en su página web.

Entre sus fines estatutarios se encuentran los de velar por los intereses de las abogadas y abogados en ejercicio, potenciando su figura como garantes del derecho de defensa de los ciudadanos; velar por la defensa, fomento de los Derechos y Libertades, y promover la reforma de la Administración de Justicia para alcanzar su democratización y modernización. Critican las actuaciones del ICAM y exigen un cambio en el modelo de voto del CGAE. También, ALA se enfrenta al desafío de mejorar las condiciones de los mutualistas y luchar por una Justicia más accesible y equitativa para todos los ciudadanos.

En esta entrevista, María Andrés aborda los desafíos actuales y las iniciativas de ALA para transformar el panorama legal español, haciendo hincapié en la necesidad urgente de cambios estructurales y en la defensa incansable de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

Economist & Jurist (E&J): ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de esta asociación?

María Andrés (M. A.): Pues mira, tenemos varias y podemos dividirlas en bloques. Aquellas que afectan a las instituciones de la abogacía y las que van enfocadas a la ciudadanía. Respecto de las primeras, creemos que es fundamental democratizar sus estructuras. Nuestra lucha principal se centra en lograr una mayor transparencia y neutralidad política en estas instituciones. Consideramos que debe haber una forma diferente de ejercer la profesión, alejada del modelo de negocio que promueven las grandes firmas y que se asemeja más a una multinacional que a una prestación de servicios jurídicos. Nosotros abogamos por una práctica profesional que no se mida solo en términos de éxito económico.

Respecto a la ciudadanía, una de nuestras principales reivindicaciones es la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia en condiciones dignas, especialmente para las personas en situaciones más vulnerables. Esto requiere también una acción política activa, y por ello mantenemos una estrecha relación con movimientos sociales como los de vivienda, la Cañada Real y otros surgidos del 15M y críticos con la Ley Mordaza.

Reconocemos que nuestra actuación tiene una clara línea política, ya que la defensa de los derechos humanos no puede desvincularse de la lucha por evitar el desmantelamiento de servicios públicos y la promoción de reformas como la derogación de la Ley Mordaza. Asimismo, apoyamos causas internacionales como la situación en Palestina, que consideramos un caso de genocidio por parte del Estado de Israel. En resumen, nuestras reivindicaciones a nivel institucional buscan un cambio y una democratización de las estructuras de la abogacía. Finalmente, creemos que la elección de los representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) debe ser más democrática. Actualmente, solo 83 personas eligen al representante máximo de la abogacía, y esto debe cambiar.

Junta coordinadora de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas. (Imagen: ALA)

E&J: ¿Qué acciones concretas está llevando a cabo la asociación para promover la consecución de sus objetivos?

M. A.: A nivel institucional, estamos llevando a cabo varias acciones. Recientemente, interpusimos un recurso de alzada contra la declaración institucional del ICAM respecto a la Ley de Amnistía. Esta mañana presentamos un escrito de impulso procesal porque el Consejo de Colegios no ha resuelto nuestro recurso de alzada ni ha respondido a nuestra solicitud de recusación de varios miembros del Consejo. Este silencio nos parece intencionado y creemos que responde a intereses políticos.

Además, hemos colaborado con otras asociaciones, como ADADE, para emitir comunicados conjuntos denunciando la falta de neutralidad política del decano en su actuación. Creemos que, independientemente de la ideología política de cada miembro de la Junta de Gobierno, su actuación debe centrarse en los intereses de todos los colegiados y ajustarse a los estatutos colegiales y al Estatuto General de la Abogacía.

En las juntas generales y extraordinarias, solemos proponer iniciativas que afectan directamente al ejercicio de la profesión, como la situación de las personas detenidas, las especializaciones del Turno de Oficio y la formación de la abogacía. Estas propuestas, que buscan mejorar el ejercicio diario de la abogacía, suelen ser rechazadas por la Junta de Gobierno o, si son aceptadas, no se les da seguimiento. También hemos solicitado la publicación de las actas de las reuniones de la Junta de Gobierno, ya que actualmente no se cumplen los plazos. Por ejemplo, las últimas actas publicadas son de febrero, y ya estamos casi en junio.

Finalmente, propusimos reactivar la comisión de reforma del Estatuto General de la Abogacía, creada por la anterior Junta de Gobierno, que asumió varias de nuestras propuestas, como la creación del Consejo Colegial para democratizar el funcionamiento del colegio. Sin embargo, la Junta de Gobierno actual rechazó el proyecto y no muestra intención de convocar a asociaciones ni colegiados para reformar los estatutos, lo que parece que se hará de manera unilateral. Nos reunimos con representantes de las instituciones de la abogacía, aunque la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, ha rehusado reunirse con nosotros y nos insta a canalizar nuestras reivindicaciones a través del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

E&J: Hablando del ICAM… ¿qué opinión tienen del mismo? ¿Creen que están haciendo bien su trabajo?

M. A.: Pues claramente no. A ver, partimos del hecho de que siempre hemos trabajo por el fin de la colegiación obligatoria; pero mientras esta exista, creemos que el ICAM debe funcionar de manera democrática y transparente, que es precisamente como entendemos que no se está trabajando.

La actual Junta de Gobierno difiere de las anteriores debido al auge de las redes sociales y la situación de indefensión de muchos mutualistas de abogacía. Ahora se percibe un rechazo más amplio de la abogacía de a pie hacia la actuación del colegio. Creemos que esta Junta está más centrada en intereses políticos y en promover una línea política específica, que en defender los derechos de la abogacía. Muchas proposiciones de la abogacía mayoritaria y otros colectivos son rechazadas. Además, se despliegan medios pagados con cuotas de los colegiados para promover una propaganda política que no representa los intereses de ni tan siquiera la mayoría de los abogados.

E&J: Porque, ¿cómo garantiza ALA su independencia?

Si te refieres a cómo garantizamos nuestra independencia respecto a cómo lo podría hacer el ICAM, debo remarcar que nosotros somos una asociación de abogados, es decir, no somos una corporación ni una institución semipública. No tenemos esos deberes y esas obligaciones que sí tiene el Colegio por su propia naturaleza.

En ALA somos una asociación asamblearia, compuesta por una Junta Coordinadora que gestiona el trabajo de las comisiones y grupos de trabajo. Estas comisiones están especializadas en diversas áreas como penal, defensa de la defensa, extranjería y mujer, entre otras. A través de estas comisiones, hacemos llegar nuestras reivindicaciones a las instituciones colegiales y a la ciudadanía, y luego las discutimos en la Asamblea General o en asambleas extraordinarias.

Nuestra independencia se garantiza porque la Junta Coordinadora está sometida a las decisiones de la Asamblea, que es el órgano soberano de la asociación. Todo lo que se decide en la Asamblea se lleva a cabo. De hecho, a veces somos más lentas en nuestros pronunciamientos porque buscamos el consenso amplio de nuestros socios y socias.

María Andrés Rodríguez, presidenta de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas. (Imagen: Cesión propia)

E&J: ¿Con qué iniciativas estáis trabajando a medio-corto plazo?

M. A.: Estamos colaborando con otros colectivos como la Plataforma por la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para asegurar una jubilación digna para la abogacía. Hoy hay una reunión en el Congreso con varios grupos parlamentarios, y tenemos previstas diversas acciones para la Asamblea de la Mutualidad el 29 de junio.

En cuanto al ICAM, hemos presentado un escrito de Impulso Procesal para acelerar la tramitación de nuestra petición de recusación. Continuamos monitoreando la actuación del decano para señalar cualquier violación de las previsiones estatutarias.

Hemos lanzado recientemente un podcast, producido con nuestros propios medios, donde debatimos temas importantes. Ya hemos discutido los recursos de inconstitucionalidad relacionados con las manifestaciones del 8M y la mutualidad. En el próximo episodio abordaremos la democratización y la transparencia en las elecciones del Consejo General, destacando que actualmente solo 83 personas pueden votar, lo cual es insuficiente y preocupante. Queremos que estas elecciones sean más inclusivas y representativas de toda la abogacía.

E&J: Porque, ¿qué cambios propondríais para mejorar el sistema electoral del CGAE?

M. A.: Para mejorar el sistema electoral del CGAE, propondríamos que toda la abogacía pueda votar y se facilite la votación. Un aspecto importante es la implementación del voto electrónico, una demanda de muchos abogados. Sin embargo, creemos que el voto electrónico solo debe introducirse cuando se pueda garantizar que quien vota es efectivamente quien tiene el derecho a hacerlo, evitando posibles fraudes con tarjetas.

Es necesario cambiar los estatutos para permitir que toda la abogacía pueda votar. No tiene sentido que la representación máxima de la abogacía a nivel institucional sea elegida solo por los decanos de los colegios. Esta reforma democratizaría las estructuras institucionales de la abogacía, asegurando una representación más amplia y justa.

Además del sistema de elección, también debe cambiar el sistema de gobierno. Actualmente, hay una falta de transparencia en las cuentas y en la gestión del cargo de Presidencia y los consejeros. Es esencial exigir una mayor transparencia, algo que hemos demandado en nuestras reuniones con las instituciones y en nuestros comunicados. Todo esto requiere una reforma estatutaria para que se logre una abogacía más democrática y transparente.

E&J: Para terminar, ¿qué desafíos cree que va a afrontar la abogacía de aquí al próximo años y cuáles tendrá que afrontar ALA?

M. A.: A nivel institucional, nos enfrentamos a varios desafíos que requieren reformas profundas. Primero, buscamos democratizar las estructuras de la abogacía para garantizar que todas las decisiones sean representativas y transparentes. Actualmente, vemos una falta de neutralidad política y transparencia en muchas instituciones colegiales, lo cual es crucial cambiar a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, nos preocupa la situación urgente de los mutualistas. Existe una clara necesidad de que las instituciones de la abogacía atiendan y defiendan los derechos y pensiones dignas de estos profesionales, que han sido desatendidos. Es esencial que la abogacía mayoritaria se una para asegurar que nadie quede excluido o desprotegido.

En este sentido, hemos formado alianzas estratégicas con diversos colectivos y asociaciones para abordar conjuntamente estos retos. Esta colaboración no solo fortalece nuestra capacidad de influencia, sino que también nos permite presentar propuestas sólidas y coordinadas que buscan el beneficio de toda la abogacía. Por otro lado, en el ámbito ciudadano, nuestros desafíos son igualmente significativos. Estamos comprometidos con la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y con mejorar la accesibilidad y eficacia de la misma. Estos aspectos son cruciales para asegurar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan un acceso equitativo a la Justicia.

Además, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a la Abogacía Palestina, enfrentando la situación crítica en Gaza y otras regiones. Es imperativo que las instituciones españolas reconozcan y respondan a estas demandas de solidaridad internacional, demostrando nuestro compromiso con los derechos humanos a nivel global. En el contexto nacional, también trabajamos para mejorar las condiciones en los centros de detención y garantizar que se respeten los derechos de las personas detenidas. Esta labor incluye la lucha contra la desigualdad de género en el sistema judicial, donde persisten barreras significativas para las mujeres que buscan justicia, especialmente en casos de violencia de género.