María Dolores Lozano: “Es difícil que la IA pueda suplir el trabajo que hacemos los abogados de familia”

El relevo de Pilar Llop por Félix Bolaños en la cartera de Justicia, ahora adscrita a Presidencia y Relaciones con las Cortes, ofrece una nueva oportunidad a los abogados de familia, representados por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), de volver a plantear su reivindicación más histórica: crear una jurisdicción de familia especifica dentro del ámbito civil, propuesta que llevaron a la futura ley orgánica de eficiencia organizativa.

María Dolores Lozano es la presidenta de AEAFA desde el 2016. Es abogada especializada en derecho de familia, mediación familiar y abogada colaborativa. Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), tiene un despacho propio en Palma de Mallorca, fundado en 1993 y especializado en derecho de familia.

“No puede haber una España a dos velocidades en materia de derecho de familia”, afirma Lozano. Y es que, en los últimos veinte años, once ministros de Justicia, cada uno de una ideología política concreta, no han sido capaces de ver esa necesidad. Ahora la esperanza viene de nuevo de la mano de Félix Bolaños, quien ya ha implementado la Ley de Eficiencia Digital en un Real Decreto Ley, que previsiblemente tenga otro de ampliación, e incorporado algunas reformas procesales. Sin embargo, aún faltan por aprobar la ley de eficiencia procesal y la organizativa.

Para la presidente de AEAFA, “nosotros, que ya presentamos hace algún tiempo junto con el resto de las asociaciones del sector, distintas enmiendas al Ministerio y a los distintos partidos políticos, creemos necesario que se pongan en marcha secciones de infancia, familia y capacidad en cada uno de los futuros tribunales de instancia que se crearán en España (431) con la entrada en vigor de la ley de eficiencia organizativa, la cual eliminará los juzgados unipersonales”.

De estos datos la Asociación señala que hay 550.000 asuntos que son de familia, infancia y capacidad, un número elevado debido al volumen de asuntos que afectan a las familias y ciudadanía, a niños adolescentes y a personas vulnerables, en comparación con el número de asuntos en mercantil o en material laboral.

La jurista recuerda que “en el año 2019 los asuntos mercantiles que se tramitaron en todos los juzgados fueron 116.000, una quinta parte de los asuntos de familia, infancia y capacidad; mientras que el número de asuntos laborales fueron de 347.000. Esto motiva a que se inste al legislador de que esta futura ley de eficiencia organizativa incluya de forma obligatoria la creación de dicha jurisdicción en materia de familia”.

Lozano afirma que desde AEAFA consideran que “con el proyecto de eficiencia de la Justicia, el Gobierno traiciona su propia Ley Orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, en la que se comprometía a crear la especialización en familia, infancia y capacidad, pero no hace nada”.

La futura norma que ahora se retomará prevé, en principio, para las empresas en crisis la creación automática de una sección de lo mercantil con jurisdicción en toda la provincia y con sede en la capital. Por el contrario, las crisis familiares -divorcios, custodias de hijos, discapacidad, herencias, etc.- no recibirán ese mismo trato pese a las reclamaciones históricas de la mayoría de los abogados, magistrados y fiscales.

Con el cambio de titular en Justicia, AEAFA volverá a la carga con esta reivindicación histórica y necesaria. Su presidenta cree que en la reunión donde se reivindique a Bolaños la creación de una jurisdicción de familia especifica dentro del ámbito civil deberá estar presente el Ministerio de Hacienda, ya que es de quien dependen los presupuestos ministeriales. “Las leyes necesitan de una memoria económica y de una supervisión progresiva para ver realmente si cumplen con los objetivos marcados”, comenta Lozano.

Jornadas Centrales de AEAFA en 20223, punto de encuentro nacional de expertos en familia. María Dolores Lozano junto a Isabel Winkels, vicedecana del ICAM (Imagen: AEAFA)

La inteligencia artificial y el derecho de familia

Lozano explica a Economist & Jurist, como ya su entidad tiene cerrado el programa de Jornadas Centrales que habitualmente se celebran en la capital de España a primeros de marzo, como punto de encuentro de todos los juristas especialistas en materia de derecho de familia. En esta ocasión tendrá como base la tecnología y la inteligencia artificial (IA) junto a otros temas clásicos, como la indemnización por daños morales en derecho de familia o el nuevo recurso de casación en esta misma práctica.

“Las herramientas de IA nos van a hacer mejor abogados a los que nos dedicamos al derecho de familia. Nos pueden ayudar a hacer una búsqueda más rápida de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a mejorar nuestra relación con los clientes. Cada familia necesita un traje a medida de su abogado especializado y esto no se soluciona vía formularios”.

Desde su punto de vista confiesa que no cree que les acaben sustituyendo “por este tipo de tecnología emergente en una actividad donde el contacto personal y el asesoramiento continuado es fundamental en conflictos que tienen, además, un componente emocional importante. La presencialidad en las vistas será preferente. No todos los asuntos son iguales, aunque parezca lo contrario”, aclara.

A su juicio tampoco cree que “veamos ningún juicio de familia online, lo que sí es posible es que ciertas pruebas se realicen de forma virtual. Es el caso de las actuaciones de peritos o de algunos testigos. El problema que hay es que los sistemas de gestión procesal en cada comunidad autónoma no son interoperables. Es por tanto clave que en ese proceso de modernización de Justicia se cree una infraestructura general tecnológica que permita la consulta de ese expediente desde cualquier lugar de España”.

Para Lozano, “los primeros pasos que ha dado el ministro Bolaños de dotar a la Justicia de un soporte digital para hacerla más accesible, y la aprobación de cerca de setenta juzgados, son medidas interesantes que deben contar con la dotación presupuestaria necesaria para que se pongan en marcha. De momento desconocemos ese detalle”.

“Al final se trata de proyectos de calado nacional que deben extenderse por todo el país sin quedarse únicamente en las grandes capitales de provincia. Hay una gran parte del territorio nacional que está olvidada y que también necesita de dichos avances y del personal cualificado. Así lo hemos venido denunciando desde AEAFA en los últimos años”, advierte.

Los abogados de AEAFA, con María Dolores Lozano, segunda por la izquierda, en las XXX Jornadas de Derecho de Familia de la SCAF (Imagen: AEAFA)

Los jueces y los derechos de familia

En este afán reivindicador, Lozano advierte del papel de los medios de comunicación, que se han convertido en altavoces de muchas de las cuestiones que suceden en este derecho de familia. “En este contexto el papel de los jueces está siendo clave porque deben aplicar la ley y hacer cumplir lo que han dictado. Dentro de los cambios que se producen en determinadas materias, provocada por una sentencia, está la labor de la abogacía especializada”.

Desde su punto de vista, “siempre desde una sentencia que provoca un cambio jurisprudencial y que satisface una necesidad, hay detrás el trabajo de los abogados que estamos en el día a día. Esos cambios jurisprudenciales del Supremo calan en otros tribunales con el paso del tiempo”.

Así nos explica la cuestión de limitar el uso de la vivienda a la mayoría de edad de los hijos: “Esto en los últimos cinco años se ha venido produciendo en los tribunales, hasta que llegó la reforma del artículo 96 del Código Civil, con la Ley de Discapacidad aprobada en junio del 2021, donde venía ese cambio jurisprudencial que los abogados veníamos pidiendo”.

Dentro de las reivindicaciones de los abogados de familia está una mejor regulación del Fondo de Garantía de Alimentos que funciona como una ayuda que ofrece el Estado para colaborar en aquellos casos en los que no se puede recibir la pensión de alimentos. Tiene como finalidad anticipar y garantizar a los hijos menores de edad el pago de la pensión de alimentos, la cual tengan reconocida por sentencia y resulte impagada.

“Fue creado por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, y regulado por el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre. Nosotros pensamos, al igual que lo acaba de hacer el Tribunal de Cuentas en un informe de diciembre del año pasado, que se debe ampliar la cobertura, sus cuantías y que la regulación de sus ayudas tenga menos burocracia. Contar con una tecnología como la que tiene el Ministerio de Hacienda y su Agencia Tributaria sí ayudaría a que fuera más ágil su funcionamiento, así como a la ejecución de las sentencias”.

María Dolores Lozano ha acudido al Congreso a diversas Comisiones. En la imagen en la de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero (Imagen: Congreso Diputados)

Carta a la ministra de Infancia y Juventud

Sobre la creación del nuevo Ministerio de Infancia y Juventud, Lozano aclara que AEAFA envió una carta a su titular, Sira Rego, y que reprodujo este medio, aunque “por el momento no hemos recibido respuesta. En ella señalábamos que la dilación de la Justicia es un maltrato institucional a los 300.000 niños que se ven involucrados todos los años en procesos de familia”.

Desde su punto de vista “se dilucidan en estos temas pensiones de alimentos y regímenes de visitas, entre otros temas requieren de una respuesta ágil, rápida y eficaz de los juzgados. Ahora hay sitios que un auto de medidas provisionales puede tardar un año, al mismo tiempo las ejecuciones de sentencias son lentas”.

Al mismo tiempo reclamaban en esa carta que se dote de más medios a la Autoridad Central española porque todos los años cerca de 500 niños son sustraídos de nuestro país y esta Autoridad está colapsada de trabajo. Asimismo, “el trabajo de los equipos psicosociales debe mejorarse, como así lo atestiguan las quejas que llegan al Defensor del Pueblo y los informes de esta institución sobre la actuación de los mismos”, comenta Lozano.

Los menores también están siendo protagonistas en los últimos meses por distintos fenómenos que los relacionan con el uso de tecnología para cometer delitos en algunos casos. Para María Dolores Lozano “es fundamental reducir el uso de la tecnología en la vida del menor porque al final acaba entrando en páginas pornográficas. El móvil debería estar prohibido en todos los centros escolares, como ya sucede en algunas comunidades autónomas de nuestro país”, apunta.

Sobre el repunte de la violencia machista, como señalan las estadísticas, la presidenta de AEAFA que ha intervenido en alguna ocasión ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados, lo achaca a “la problemática que existe en los procesos familiares”. En su opinión, “el propio sistema se retroalimenta en muchos momentos. Si tenemos una familia que no tiene medidas y que tarda tiempo en resolverse su asunto porque el juzgado está colapsado, esto produce situaciones de conflicto y genera por desgracia violencia hacia los menores, la mujer, y el hombre con posterioridad”.

El mensaje final que deja Lozano es contundente: “Nuestra Justicia está en la UCI desde hace ya tiempo. Salimos como pudimos del Covid, pero las huelgas del primer semestre del año de LAJs y funcionarios volvieron a colapsar los juzgados. Este es un tema que el ministro Bolaños y su equipo debe resolver”.

Desde su punto de vista “está bien lo de la digitalización de la Justicia, pero hay que centrarse también en dotar de medios a los juzgados. No es de recibo que se pida un certificado de nacimiento o defunción al Registro Central y tarde de cuatro o cinco meses. Debería ser automático o con una pequeña demora. Hay que invertir también en las necesidades materiales y humanas de los juzgados”, concluye.

La junta directiva de AEAFA hizo llegar una carta reivindicativa a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego (Imagen: E&J)