María Jesús del Barco (APM): «El Estado de Derecho en España está en crisis»

La magistrada María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la Carrera Judicial, y decana de los jueces de Madrid, analiza en Economist & Jurist la situación de la Justicia en España y del Estado de Derecho, y explica las mejoras que necesita la Administración de Justicia.

Economist & Jurist (E&J): Los jueces decanos han destacado en sus recientes jornadas que la reforma contenida en el RDL 6/2023, que supone una importante modificación de nuestras leyes procesales, ha sido «precipitada» y el resultado ha sido un texto «con deficiente técnica legislativa, que confunde términos jurídicos y contiene contradicciones». ¿Qué fallos detecta usted?

María Jesús del Barco (M. J. D. B.): El Real Decreto-ley 6/2023 ha “fusionado” en un solo texto, por un lado, parte del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal que se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados en una fase avanzada y ya se habían realizado enmiendas por los diferentes grupos y, por otro lado, con el Proyecto de Eficiencia Digital que apenas había sido objeto de discusión parlamentaria, y se ha creado una especie de puzzle en el que o faltan piezas o, desde luego, esas piezas no terminan de encajar. 

Pero, sobre todo, es que parte de una realidad tecnológica que no es la realidad de los juzgados de este país, porque, aunque es verdad que se ha avanzado mucho en los últimos tres o cuatro años, lo cierto es que este avance no es el mismo en todos los partidos judiciales ni en todas las jurisdicciones; no existe la interoperabilidad de los sistemas en los diferentes territorios, que es precisa para el desarrollo pleno de esa eficiencia digital, y esto va a dificultar la práctica de las diferentes actuaciones procesales en el día a día de los juzgados, con un claro perjuicio para los ciudadanos. 

E&J: ¿Cuáles son las deficiencias y las necesidades para mejorar el servicio público de Justicia?

M. J. D. B.: Es difícil delimitar en una entrevista cuáles son las necesidades para mejorar nuestra Administración de Justicia, porque son demasiadas. Creo que el mal endémico de nuestro sistema es el retraso en la resolución de los conflictos que los ciudadanos dejan en nuestra mesa con sus demandas o con sus denuncias; lo decimos siempre y es verdad que una justicia lenta es menos justa. Justicia ha sido la gran olvidada por todos los gobiernos, de uno u otro signo político; no ha existido un interés real por mejorar el sistema, por examinar las deficiencias y aportar soluciones y esto pasa, necesariamente, por invertir más e invertir mejor.

«El mal endémico de nuestro sistema es el retraso en la resolución de los conflictos»

Debe hacerse un estudio serio de la planta judicial y determinar los juzgados que son necesarios en cada partido y en cada jurisdicción y, desde luego, deben crearse más juzgados. No parece de recibo que cuando el Consejo General del Poder Judicial pide la creación de 294 unidades judiciales, la respuesta del Ministerio de Justicia sea la creación de 70.

Cuando tenemos un estudio del mismo Consejo de junio de 2023 que nos dice que, atendiendo a la tasa de jubilaciones que se producen anualmente, es preciso que se mantenga una convocatoria de 300 a 320 plazas de juez cada año y sostenida en el tiempo, la respuesta del Ministerio de Justicia sea la convocatoria de 100 plazas. Plazas de juez que deben cubrirse mediante el sistema de oposición libre que es la máxima garantía de que se cumplan los principios de mérito y capacidad y de que, sin necesidad de cuotas, las mujeres acceden a la Carrera Judicial.

Es necesario también cambiar las leyes procesales para que sean realmente eficientes, que no ralenticen y entorpezcan el procedimiento y, en este sentido hay que decir que es una lástima que se haya perdido la oportunidad de dotar a nuestro sistema procesal de determinados avances que se contenían en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, pero que, finalmente, no se han trasladado al RDL 6/2023.

Hay que desarrollar los métodos alternativos a la resolución de conflictos porque no es razonable que lleguen a la jurisdicción determinadas reclamaciones de ínfima cuantía, por poner un ejemplo, demandas en los que el importe que se reclama es de 20 euros, o aquellas cuestiones en las que ya existe una jurisprudencia consolidada, como sucede en materia de protección de los derechos de los consumidores y clientes de entidades financieras, que han saturado, además, en los últimos años la jurisdicción civil.

«Es necesario cambiar las leyes procesales para que sean realmente eficientes, que no ralenticen y entorpezcan el procedimiento»

Pero, en muchas ocasiones, el retraso en la tramitación se produce porque el juez necesita para dictar su resolución de determinados informes que llegan muy tarde, por ejemplo, informes de policía científica o informes financieros que pueden ser esenciales en la instrucción de causas penales de especial complejidad, lo mismo sucede con los informes de los equipos psicosociales que, en algunos casos, tardan hasta dos años en emitirse y de los que está pendiente el juez de familia para decidir sobre la guardia y custodia de menores.

La Administración de Justicia necesita de inversiones serias y sostenidas en el tiempo, porque es verdad que no todo es dinero, pero sin dinero no es posible paliar las deficiencias que hoy existen y que son estructurales.

La magistrada María Jesús del Barco lleva en la Carrera Judicial desde 1998 y desde 2018 es decana de los juzgados de Madrid. Es presidenta de la APM desde noviembre de 2022, haciendo historia en el XXV Congreso al convertirse en la primera mujer en presidirla; el pasado diciembre fue reelegida por unanimidad. (Imagen: RTVE)

M. J. D. B.: La Administración de Justicia, fundamentalmente, en los órdenes civil y social hace mucho tiempo que está colapsada. Al menos tendrían que crearse los juzgados que solicita el Consejo General del Poder Judicial y convocar las oposiciones para el número de plazas de jueces que se solicita por el mismo Consejo.

E&J: El tener muchos pleitos y pocos jueces para resolverlos produce sobrecarga en los tribunales, lo que lleva al retraso en la justicia –ya se están señalando juicios para 2027– afecta a la salud de los propios operadores jurídicos y también a la calidad de las resoluciones. El magistrado Luis Sanz ha asegurado en una reciente entrevista en Economist & Jurist que «a la Justicia no se le dota de medios para que no sea tan incómoda para el poder político». ¿Coincide con él?

M. J. D. B.: Creo que a la Justicia no se le dota de medios porque la Justicia no da votos y el político piensa siempre en clave electoral. Cuando la Justicia sea una prioridad para el ciudadano, entonces será también una prioridad para el político.

«A la Justicia no se le dota de medios porque no da votos y el político piensa siempre en clave electoral. Cuando la Justicia sea una prioridad para el ciudadano, entonces será también una prioridad para el político»

E&J: ¿Qué piensa de la limitación del plazo de la instrucción general sin dotación de más medios? Varios presuntos delitos de corrupción política han quedado sin juzgar por esto. 

M. J. D. B.: Entiendo que es precisa la dotación de medios que permitan al juez instructor desarrollar su función jurisdiccional en un plazo que garantice el buen fin de esa instrucción, sin que ello pueda representar, en modo alguno, una merma de los derechos del investigado, pues creo que tampoco es admisible que las causas penales en fase de instrucción se prolonguen durante años, en perjuicio de esos derechos.

Lo que no me parece de aceptable, en modo alguno, es que se quieran acortar los plazos o ampliarlos en atención al interés del político del momento, dependiendo de quien sea el investigado en esa instrucción o si es o no necesario su voto en el Congreso de los Diputados.

«No es aceptable que se quieran acortar o ampliar los plazos de la instrucción en atención al interés del político del momento, dependiendo de quien sea el investigado o si es o no necesario su voto en el Congreso»

E&J: ¿Qué análisis hace de la modernización tecnológica de la justicia y qué es necesario para implementarla de manera efectiva?

M. J. D. B.: No puede negarse la evidencia: en los últimos tres o cuatro años se ha producido un avance significativo que era, desde luego, necesario si comparamos la situación en la que se encontraba la administración de Justicia en este aspecto con otras administraciones públicas; no hay nada más que ver cómo funcionan la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social. Lógicamente, esto se ha conseguido con un incremento en las inversiones y también con un proceso de adaptación, casi acelerada en muchos casos, de todos los que trabajamos en Justicia.

El problema fundamental es que estos avances no son iguales en todos los partidos judiciales y cuando este proceso de modernización no afecta por igual a todos los juzgados de este país, estamos creando diferencias en el funcionamiento de los órganos judiciales que se reflejan en un diferente acceso de los ciudadanos al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

«Sería conveniente que la implementación definitiva de todos los avances tecnológicos sea bajo la supervisión y coordinación del CGPJ, a través del CTEAJE, o corremos el riesgo de que se olvide que los medios están a disposición de los jueces»

Por otro lado, desde el Ministerio de Justicia se está avanzando en muchos proyectos, que las Comunidades Autónomas con competencias en la materia también se ven obligados a implementar, pero que no responden a ninguna reclamación de la Carrera Judicial. Es más, estos proyectos se implantan muchas veces a espaldas de los jueces y no debemos olvidar que todo este sistema, todos los avances tecnológicos, todos los medios materiales que deben prestarse por las diferentes administraciones tienen una única finalidad que es servir a la función constitucional que desempeñamos los jueces de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Los avances tecnológicos no son un fin en sí mismo, sino un medio para que los jueces podemos desempeñar nuestra función, y lo que, desde luego, no deben ser, en modo alguno, es un obstáculo.

Sería conveniente que esta implementación definitiva de todos los avances tecnológicos sea bajo la supervisión y coordinación del Consejo General del Poder Judicial, a través del CTEAJE, porque si no, corremos el riesgo de que se olvide que los medios están a disposición de los jueces y que no se consiga la interoperabilidad de todos los territorios para que la digitalización sea efectiva.

La presidenta de la APM, en una reunión el pasado mes de enero con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. (Imagen: Ministerio de Justicia)

E&J: ¿Podría indicar los pros y contras de los juicios telemáticos, que ahora son la norma?

M. J. D. B.: Me cuesta encontrar los pros a los juicios telemáticos por varias razones: primero, porque creo que la inmediación o es presencial o no es. Alguien me decía el otro día que la presencia telemática es un trampantojo de la inmediación y estoy de acuerdo. Segundo, porque para mí siempre ha sido muy importante que el ciudadano nos vea a los jueces, no en vano la Justicia emana del pueblo tal y como dice la Constitución, y no sé si ver al juez a través de una pantalla de plasma, mejora la percepción que el ciudadano tiene de nuestra función. Decidimos sobre los derechos de las personas y sobre sus bienes, y para mí es importante ver al justiciable y que el justiciable me vea a mí, no como un ente abstracto y alejado de la realidad, sino como una persona que desde punto de vista técnico-jurídico resuelve el conflicto planteado, se le envía a prisión, o decide que sólo puede ver a sus hijos los fines de semana alternos.

«Me cuesta encontrar los pros a los juicios telemáticos por varias razones: primero, porque creo que la inmediación o es presencial o no es»

Pero es que, además, cada día vemos los problemas técnicos que se plantean con las vistas telemáticas, unas veces no se oye, otras veces no se ve, y por más que el RDL 6/2023 diga que hay que mantener el decoro, por desgracia hemos visto juicios en los que se declara desde el coche o desde el chiringuito de la playa. Y un juicio tiene alrededor toda una liturgia y unas formas que dan valor también a ese acto procesa. Me temo que perdemos parte de esa formalidad que es muy necesaria, porque como hemos visto en otros ámbitos de la vida pública, se empieza perdiendo las formas y se termina perdiendo el fondo.

Es verdad que hay actuaciones procesales muy sencillas que pueden evitar traslados innecesarios de testigos para, por ejemplo, la mera ratificación de una factura o la ratificación que haga un guardia civil de un atestado que, lógicamente, puede hacer desde las dependencias policiales; pero no me convence que la regla general sea la celebración de juicios telemáticos, porque por más que el juez pueda motivadamente decir que esa actuación procesal concreta se haga de manera presencial, estamos ya invirtiendo la forma natural de celebrarse juicio.

«Hemos visto juicios en los que se declara desde el coche o desde el chiringuito de la playa»

E&J: ¿La inteligencia artificial contribuirá a mejorar el trabajo de la Justicia? Los jueces decanos también han mostrado su preocupación en las jornadas ante «la escasa regulación» de la IA a través de las denominadas actuaciones asistidas que permitirán generar borradores de resoluciones judiciales. ¿Qué debe hacerse?

M. J. D. B.: La inteligencia artificial puede mejorar el trabajo de la Justicia en aquellas actuaciones que están automatizadas y que no requieren una decisión humana. Por ejemplo, el transcurso del plazo legal para contestar a la demanda desde la fecha del emplazamiento, puede controlarse mediante un sistema de alertas que faciliten al funcionario su labor, de modo que cuando salte esa alerta, automáticamente el sistema detecta que ha transcurrido el plazo y declara la rebeldía procesal.

Pero el tema de los borradores de resolución judicial me parece muy peligroso, no en vano, la Unión Europea cataloga la aplicación de la inteligencia artificial a las decisiones judiciales como una actividad de alto riesgo; y es lógico que así sea pues, como decía antes, la decisión de los jueces afecta los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Una resolución judicial es un trabajo artesanal, que requiere un estudio del procedimiento y de la norma jurídica aplicable al caso. La elaboración de esos borradores se hace nutriendo al sistema de resoluciones, para que tenga los datos que le permitan crear esa resolución y para crearla hay que introducir un algoritmo y los criterios con los que se establezca ese algoritmo determinarán el sentido de las resoluciones. Quien controle el algoritmo, con sus sesgos, manejará la decisión judicial. Y eso puede afectar de manera sustancial a la independencia judicial.

Sobre IA advierte que «quien controle el algoritmo, con sus sesgos, manejará la decisión judicial, y eso puede afectar de manera sustancial a la independencia judicial»

E&J: En las conclusiones no han tratado la situación del CGPJ ni la implantación de los MASC. ¿Abordaron estos asuntos en las jornadas? Si es así, ¿qué otros temas analizaron y no se han reflejado en las conclusiones?

M. J. D. B.: No tratamos ninguna de las dos cuestiones y todas las que abordamos son las que se han reflejado en las conclusiones.

E&J: En su opinión, ¿qué se debe hacer primero, renovar el CGPJ o reformar la LOPJ? ¿Qué vaticina que ocurrirá?

M. J. D. B.: En la Asociación Profesional de la Magistratura celebramos nuestro congreso en diciembre pasado y acordamos pedir la inmediata y urgente renovación del Consejo General del Poder Judicial sin que esto suponga, en modo alguno, renunciar a cambiar el modelo de elección de los vocales como siempre hemos reivindicado, porque a nadie se nos escapa que la situación hoy es insostenible. Además, es lo que nos está reclamando la Comisión Europea en los últimos informes sobre la situación del Estado de Derecho en España: renovar inmediatamente y, a continuación, reformar la ley.

«Urge la inmediata renovación del CGPJ; no sé qué es lo que pasará, a estas alturas es difícil hacer un pronóstico»

Lo deseable sería que los dos principales partidos políticos alcanzaron un acuerdo tanto para la renovación como para la modificación, pero, a estas alturas, es evidente que el PSOE no quiere pactar esta modificación legal con el Partido Popular y hoy es el que tiene los apoyos parlamentarios suficientes para poder instar el cambio legislativo; y el Partido Popular hoy carece de los apoyos parlamentarios para asumir esa iniciativa. 

En esta tesitura, y así lo acordamos en nuestro congreso, urge la inmediata renovación.

No sé qué es lo que pasará y a estas alturas es difícil hacer un pronóstico.

La presidenta de la APM, denunciando en el Parlamento Europeo el pasado mes de diciembre las amenazas al Estado de Derecho en España y la UE, junto a la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (Cs) y la Asociación de Fiscales. Este mes, jueces, fiscales y empleados públicos volvieron para alertar del «peligroso antecedente» de amnistiar la corrupción y pedir ayuda a la UE en defensa del Estado de Derecho. (Imagen: Cs)

E&J: Además de la sobrecarga, ¿cuáles son los desafíos más críticos que enfrentan los jueces en la actualidad? 

M. J. D. B.: El constante cuestionamiento de la labor jurisdiccional por los representantes de los otros dos poderes del Estado. Asistimos a una crítica hiriente, irracional, permanente y ausente del más mínimo respeto institucional. No se cuestiona una decisión judicial en concreto sino todo el sistema; los jueces independientes nos hemos convertido en un estorbo para los que entienden el poder de una forma autoritaria y ajena a los principios básicos de una democracia.

«La máxima preocupación de los jueces es el constante cuestionamiento de nuestra labor por parte de los otros dos poderes del Estado»

E&J: ¿Cuál es, a su juicio, la situación del Estado de Derecho en España? ¿El Ejecutivo ha decidido que las decisiones de los jueces son papel mojado y que ya no seamos iguales ante la ley? ¿Se ha convertido la aplicación del Código Penal, los delitos contra la libertad sexual y los delitos de odio en algo ideológico?

M. J. D. B.: El Estado de Derecho en España, pero también en otras democracias occidentales, está en crisis. Asistimos a un permanente señalamiento de los jueces, con nombres y apellidos, acusando a algunos magistrados directamente de ser unos prevaricadores y esto se hace desde la tribuna del Congreso de los Diputados, sin que quien ostenta la presidencia corrija, en modo alguno, a esa parlamentaria; no hay modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que nos permita a los jueces elegir a los vocales judiciales del Consejo, pero se obstaculiza su renovación y, mientras, se desprestigia y se daña la imagen de los jueces; se crean comisiones de investigación porque se habla directamente de lawfare porque se quieren revisar por el Legislativo las resoluciones de los jueces, algo impensable en un Estado democrático, que debe fundarse en el imperio de la ley y en la separación de poderes.

«En los delitos contra la libertad sexual, se pretende por algún sector que los jueces obviemos los principios esenciales de nuestra Constitución y de los convenios internacionales de los que España es parte»

No sé si el Ejecutivo ha decidido que las decisiones de los jueces son papel mojado, pero sí parece que, si son necesarios los votos de quienes han sido condenados o están siendo investigados por la presunta comisión de hechos delictivos, pueden concederse indultos o incluso regular una amnistía que carece de encaje constitucional en nuestro sistema.

En cuanto a la pregunta de si la aplicación del Código Penal se ha convertido en un instrumento ideológico creo que en los delitos contra la libertad sexual, se pretende por algún sector que los jueces obviemos los principios esenciales de nuestra Constitución y de los convenios internacionales de los que España es parte, como es la presunción de inocencia que, para determinada clase política debe de ceder siempre cuando el acusado es un hombre. Por suerte los jueces conocemos nuestra responsabilidad y la ejercemos desde la independencia absoluta.

En cuanto a los delitos de odio es verdad que, en no pocas ocasiones, parece que se utiliza el tipo penal con frivolidad y que se quiere penalizar la libertad de expresión y de pensamiento, que pueden no coincidir con nuestros planteamientos ideológicos, pero no quiere decir que esos planteamientos sean constitutivos de delito.

«En cuanto a los delitos de odio es verdad que, en no pocas ocasiones, parece que se utiliza el tipo penal con frivolidad y que se quiere penalizar la libertad de expresión y de pensamiento»

E&J: ¿Qué medidas son necesarias para proteger el Estado de Derecho?

M. J. D. B.: Es fundamental volver al respeto institucional, al respeto también al principio de legalidad, porque a veces parece que algunos entienden que su voluntad está por encima de la ley y de los principios democráticos básicos. Hay que evitar la polarización política, porque el adversario no es el enemigo; me parece fundamental que se fortalezcan todas las instituciones y se abandone la idea de querer controlarlas. Hay organismos e instituciones de control del Poder Ejecutivo y Legislativo que son colonizadas por estos mismos poderes, debilitadas, y así difícilmente pueden ejercer la labor de control.

«Hay organismos e instituciones de control del Poder Ejecutivo y Legislativo que son colonizadas por estos mismos poderes, debilitadas, y así difícilmente pueden ejercer la labor de control»

E&J: Teresa Freixes ha señalado en una entrevista en este diario que «sería muy conveniente insertar en la Constitución una cláusula de lealtad constitucional y el derecho de resistencia». ¿Está de acuerdo con ella?

M. J. D. B.: La inclusión de una cláusula de lealtad constitucional requeriría una formación de todos los ciudadanos en lo que dice nuestra Constitución, una educación en los principios y valores democráticos que se recogen en nuestra Norma Suprema y que tendría que empezar desde las escuelas.

Pero para exigir esta lealtad al ciudadano primero tendríamos que exigirle esa lealtad a nuestros representantes en las Cortes Generales y a los propios miembros del Gobierno, no sólo de éste, también de otros pretéritos. Y lamentablemente no es muy difícil comprobar que algunos ni se han leído nuestra Constitución, que carecen de esa formación en valores constitucionales y que, por eso, son capaces de decir, porque están convenidos, además, que lo que diga la mayoría, aunque contradiga la Constitución, tiene plena validez. Si no conocemos la historia de nuestro país, lo que nos ha traído hasta la Constitución de 1978, todo el proceso constitucionalista que comienza en el siglo XIX y que llega hasta hoy, difícilmente podremos valorar la importancia de cumplirla y de ser leales a la misma. 

«No es muy difícil comprobar que algunos políticos ni se han leído la Constitución, y si no la conocen difícilmente podrán valorar la importancia de cumplirla y de ser leales a la misma»

E&J: Jueces, fiscales y empleados públicos han denunciado en el Parlamento Europeo el «peligroso antecedente» de amnistiar la corrupción y han pedido ayuda a la UE en defensa del Estado de Derecho. ¿Tiene usted confianza en las instituciones europeas para frenar la ley de la amnistía?

M. J. D. B.: La verdad es que sí.