María San Gil advierte que PSOE y PNV son los responsables del blanqueamiento de la marca ETA en los últimos años

Por primera vez en democracia, EH Bildu, un partido que estuvo ilegalizado –bajo otras denominaciones– por pertenecer a una organización terrorista, puede convertirse en la fuerza política más votada en las elecciones autonómicas vascas del próximo domingo.

En este contexto, las declaraciones como las efectuadas por María San Gil, directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo, al hilo de la presentación este lunes del informe La legitimación democrática de ETA: causas, responsables y consecuencias, a cargo del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU, señalan que en estos últimos años se ha blanqueado la marca ETA.

Para esta dirigente política, que fue diputada del Parlamento vasco y presidenta del Partido Popular del País Vasco entre 2004 y 2008, es increíble que Arnaldo Otegi sea en la actualidad el socio político del Gobierno, al igual que «nos parece también inverosímil ver salir a los asesinos de la cárcel sin colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de sus crímenes».

«Tras más de 50 años de atentados, secuestros y extorsiones, ETA está más cerca que nunca de alcanzar su proyecto político, nunca han tenido tanto poder. Es escandaloso que ahora vivamos como si no hubiese existido», lamenta la directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo.

«Gracias al apoyo del brazo político de ETA, el PSOE está en la Moncloa y es responsable —junto con el PNV— de este blanqueamiento». Por eso, «la que pierde con todo esto es la sociedad vasca y la democracia», expone.

Por último, San Gil recordó a las víctimas del terrorismo de ETA, las grandes olvidadas en todo este proceso: «La inmensa mayoría de la sociedad sabe que tenemos una deuda pendiente con estas personas. Hay más de 350 crímenes sin resolver, familias truncadas, secuestros, miles de familias que han tenido que salir por miedo del País Vasco. Todo eso la gente lo tiene que saber a la hora de votar el domingo. El resultado electoral está adulterado, porque ha sido depurado por el terror que representa Bildu».

En la presentación de este estudio también participaron los autores del mismo: Carlos Urquijo, director de Proyectos de la Fundación Villacisneros; Rogelio Alonso, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos; y Fernando Lázaro, periodista de El Mundo.

Presentación del informe sobre el blanqueamiento de ETA, con la presencia de María San Gil, Carlos Urquijo, Fernando Lázaro, Daniel Portero y Ana Velasco. (Imagen: CEU)

EH Bildu y la legitimación del terrorismo nacionalista

Este informe analiza cuáles han sido las causas, los responsables y las consecuencias del blanqueamiento de ETA y su proyecto político. Se señala que en las elecciones generales de julio de 2023, EH Bildu, «el partido heredero de ETA que sigue sin condenar sus crímenes, obtuvo 333.362 votos, muy por delante de la segunda fuerza nacionalista vasca, el PNV, que recibió 275.782 votos».

Por primera vez en democracia, un partido que estuvo ilegalizado —bajo otras denominaciones— por pertenecer a una organización terrorista, supera ampliamente, en más de 55.000 votos, al partido hegemónico en el País Vasco.

Este hecho, y su cada vez mayor protagonismo en la vida política española, ha llevado al Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS-CEU) a elaborar este informe, que trata de explicar cómo ha sido posible legitimar democráticamente una opción política basada en la violencia, la extorsión y la ruptura de la unidad de España.

En la actualidad, y con las elecciones vascas convocadas para el próximo domingo, PNV y EH Bildu se disputan la hegemonía política del País Vasco, tras condonarse al nacionalismo la deuda contraída por legitimar a ETA.

«Eximidos los criminales de la premisa básica que debió ser su inhabilitación permanente para la vida política y maquillada su sangrienta trayectoria, resulta lógico su fortalecimiento electoral», señala Carlos Urquijo, director de Proyectos de la Fundación Villacisneros.

Urquijo incluye un repaso cronológico por los hitos principales que han llevado a la homologación democrática de la banda terrorista, «calificada así porque fue el Tribunal Supremo quien dijo que las coaliciones políticas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna formaban parte de ETA«.

«Y volvió a repetirlo años después con respecto a su nueva marca electoral, EH-Bildu», afirma Urquijo, quien destaca, además, que “el PSOE, que repitió hasta la saciedad que con EH Bildu no había nada que pactar, los ha convertido en un partido de Estado y socio prioritario del Gobierno de España”.

En su análisis, Rogelio Alonso, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, apunta que “el éxito de la democracia al integrar a EH Bildu que algunos reivindican oculta la injusta exculpación de los cómplices del terror que aún legitiman el asesinato de cientos de españoles”.

En opinión del profesor Alonso, ahí está la raíz de su progresivo fortalecimiento político: “Hoy se hace política como si ETA no hubiera existido, gracias a la tolerancia y la impotencia de quienes deberían defender la democracia activamente. Por ello, honrar a las víctimas exige mucho más que autocomplacencia e indignación por espasmos cada vez que se manifiesta alguna de las humillaciones de EH Bildu”.

La Comunidad de Madrid, con su consejero Miguel Ángel Martín y el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, impulsan el II Congreso Internacional de Víctimas. (Imagen: Comunidad de Madrid)

El blanqueamiento de los herederos de ETA

Además, el informe CEU-CEFAS analiza otra perspectiva: la lucha por el relato y la verdad. A juicio de Fernando Lázaro, “la primera gran batalla que se perdió inicialmente por la responsabilidad de los medios fue el silenciamiento de los atentados y, por extensión, a las víctimas”. Según detalla el periodista, la tesis era la siguiente: si no se publica, será difícil que los terroristas sigan por ese camino de sangre.

“Con este silencio, ¿qué se consiguió? Absolutamente nada. Solo quedó en evidencia la miseria del Estado y la de todos en aquellos duros años 70 y 80. En ese ‘todos’ están los medios de comunicación, las instituciones, los partidos políticos y la sociedad civil en general, sobre todo la vasca, la principal afectada por el terror”, explica Lázaro.

En la actualidad, nos encontramos con la denominada por el nacionalismo como “la batalla del relato”. Pero no es así, asegura el periodista de El Mundo: “Es la batalla por la verdad con toda su crudeza. Ante más de 850 asesinatos no caben interpretaciones”.

Asegura que “estamos en la época del blanqueo de estos herederos porque las sumas aritméticas políticas y sus votos son importantes”. Y añade: “No sólo estamos inmersos en la batalla por la verdad, sino en el intento político/mediático de intentar blanquear a la organización terrorista ETA, sobre todo para justificar su acercamiento al poder y su capacidad de influencia en el Gobierno actual”, concluye el periodista.

En definitiva, según recoge el informe CEU-CEFAS como una de sus principales conclusiones, “se ha terminado imponiendo un relato falaz que favorece el blanqueamiento del brazo político de ETA y nos aleja de la verdad que merecemos los españoles, tras cincuenta años de terrorismo nacionalista”.

Santiago Milans del Bosch reconoce que hay más de 300 asesinatos de ETA sin esclarecer aún. (Imagen: Cesión Propia)

El abandono de las víctimas es evidente

Por su parte, Santiago Milans del Bosch, abogado penalista, suscribió hace años un convenio de colaboración con la Fundación Villacisneros con el objetivo de investigar los crímenes de ETA que han quedado sin resolver. Algunos se han reabierto con la acusación particular. El último asunto que tenemos es el de Manuel Zamarreño Villoria, que fue asesinado por ETA en Rentería el día 25 de junio de 1998, a los 43 años de edad. “No hay nuevos asuntos, seguimos en los temas en los que estamos personados. En este sentido, estamos pendientes de la información que aporten los informes de la Guardia Civil o la Policía Nacional”, apunta.

Desde su punto de vista, “se está dando un halo de normalidad y de aquello que fue terrorífico desde que comenzó a matar ETA. En realidad, está olvidado, no interesa y además lo necesitan como socios para la gobernabilidad. Ahora se está dando un trato distinto a las actuaciones terroristas pendientes de juzgar, con una cantidad ingente de asesinatos sin resolver. No olvidemos que los actos terroristas están fijados por el Código Penal por el legislador, por mandato de las instituciones internacionales y tras la decisión del 28/11/2008 del Consejo de Europa que hizo modificar ese delito de terrorismo”.

Para este jurista, “la reforma vino a abrir el campo de las actuaciones terroristas, no solo de bandas organizadas como ETA, Terra Lliure, Brigadas Rojas en Italia o Baader-Meinhof en Alemania. Ahora, la amenaza global señala como delitos de terrorismo a aquellos que implican trasvase de información, el uso de internet o el reclutamiento. Esta decisión del Consejo de Europa vino a subrayar el trabajo de los lobos solitarios que quieren subvertir las instituciones nacionales e internacionales o que causen alteración de la paz pública”.

En este contexto, “de acuerdo con lo que ha dicho el Supremo en su auto de 19 de enero del 2024, también es terrorismo lo que se imputa por el juez García-Castellón a Carles Puigdemont en el sentido de que, sin pertenecer a una organización terrorista, ha participado en la comisión de hechos delictivos con su conocimiento y aprobación tácita para quebrar la propia Constitución Española con el secesionismo en Cataluña tras la sentencia del Procés”.

Milans del Bosch critica el papel de la Fiscalía en relación con las actuaciones de simpatizantes de ETA y de su brazo político EH-Bildu: “la Fiscalía no ve en estas manifestaciones humillaciones a las víctimas, sino que además no da el paso salvo en casos excepcionales en nombre de las víctimas se persona la acusación particular. Si no está la acusación particular en estos temas, acaban por dormirse y olvidarse de que hay más de trescientos crímenes sin resolver. Al final se produce una segunda victimización en las víctimas, por el dolor y abandono que han tenido, lo cual es intolerable a todas luces”.

Fernando Lázaro recuerda cómo en los últimos años se han silenciado muchos atentados. (Imagen: CEU)

Congreso Internacional de Víctimas

La presentación de este estudio ha sido el paso previo para el II Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que tendrá lugar los próximos 24 y 25 en la Universidad San Pablo CEU.

A este respecto, la Comunidad de Madrid firmó hace unos días un convenio con la Fundación San Pablo CEU para la organización conjunta de este evento que llevará el nombre de Comprometidos con la memoria. Esa rúbrica conlleva una dotación de 50.000 euros por parte del Gobierno regional.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, han suscrito el texto en la sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas.

García Martín ha destacado que “el objetivo de este Congreso es crear conciencia entre los estudiantes sobre lo que ha supuesto el terrorismo en España en los últimos 50 años, evitando así que caiga en el olvido el dolor de las víctimas”.

“Estamos orgullosos de haber dedicado tiempo, esfuerzo y mucho cariño en la organización de este evento que, sin la menor duda, será un referente nacional e internacional en esta materia”, ha incidido. Se prevé que al mismo asistan más de 300 alumnos de diversas universidades y centros docentes de España.

Entre los asistentes han confirmado su participación la directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo, María San Gil; el filósofo y escritor, Fernando Savater; José Antonio Ortega Lara; la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar; y la presidenta de S’ha Acabat!, Andrea Llopart, entre otros.