Marta Martínez, presidenta del Consell catalán: “El juicio telemático debe ser excepcional y la presencialidad la norma”

Desde el último pleno celebrado hace unos días, Marta Martínez, decana del Colegio de Abogados de Tortosa, es la nueva presidenta del Consell de la Abogacía Catalana sustituyendo a Encarnación Orduna, decana de Reus. Ante este reto, Martínez es consciente de que a partir de enero tiene por delante un año intenso «para reactivar la justicia catalana».

A lo largo de este 2023, las huelgas casi consecutivas de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), a las que siguieron la de los funcionarios de justicia, colapsaron los juzgados. Asimismo, el adelanto electoral del 23 de julio frenó los proyectos de Ley de eficiencia, hasta que hace unos días se aprobó el de eficiencia digital.

«Los juzgados ya funcionaban mal antes de la pandemia y ahora, con dichas huelgas, se han colapsado», considera Martínez al respecto. «Creo que es el momento de la mediación para que se frene un poco la entrada de asuntos en los juzgados. En este tipo de asuntos, los abogados son necesarios para homologar esos acuerdos jurídicamente, aunque los propios letrados siguen siendo un escollo para frenar la mediación y su desarrollo como alternativa a la vía judicial”, explica.

A juicio de esta jurista de 56 años, nacida en La Sènia (Montsià) y licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, «es importante que se apruebe la Ley de eficiencia procesal donde se habla de la procedibilidad de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC), como paso previo a la demanda judicial, pero aun tardará en aprobarse».

Martínez, quien también ejerce como colegiada del Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa desde el año 1998 —entidad de la que es miembro de Junta desde 2009 y decana desde 2019— opina que «es fundamental apostar por la mediación en muchos conflictos, como es en todos los relacionados con familia. De hecho, ya esta funcionando la conciliación con cierto éxito en la jurisdicción social, aunque podría mejorar. En este tipo de asuntos donde se utilizan los MASC es clave el papel del abogado que recomiende a su cliente el uso de estos métodos alternativos al procedimiento judicial a corto y largo plazo».

En este sentido, no podemos olvidar que Marta Martínez era, hasta hace poco, responsable del Área de Mediación y métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR). Ahora —al mismo tiempo que ocupa el cargo de presidenta del Consell de la Abogacía Catalana— es miembro de la Comisión de Codificación de Catalunya y también del Comité Asesor del Centro de Mediación de Catalunya. Por último, representa al Consell de la Abogacía Catalana en el Tribunal Arbitral de Catalunya (TAB) y es cónsul del Consell de Vint del Consulado de Mar, centro de resolución de conflictos de la cámara oficial de comercio, industria y navegación de Barcelona.

En el ámbito de la docencia, Martínez ha sido profesora del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Rovira i Virgili; y ejerce como abogada en un despacho de La Sènia, especializado en derecho mercantil y urbanismo, así como en métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje.

Desde su punto de vista, “habría que hacer una campaña de difusión de la mediación a nivel institucional como se hizo en su día con el eslogan de Hacienda ‘Ahora, Hacienda somos todos’, de tal manera que ayude a entender lo que es la mediación. También hay otras de la Dirección General de Tráfico y de No a las Drogas que han sido efectivas”.

El último Consell de la Abogacía. “Somos más partidarios de la presencialidad en las vistas que los juicios telemáticos sean la norma” apunta la decana de Tortosa, ahora presidenta. (Imagen: Eduard Pedrocchi para el Consell de la Abogacía Catalana)

Ley de eficiencia digital compleja

Para la presidenta del Consell, esa Ley de eficiencia digital aprobada recientemente con mas de 180 páginas “es una norma compleja que necesita de memoria económica y un presupuesto determinado para que sea efectiva. Nos preocupa que se diga que los juicios telemáticos son la norma, cuando la presencialidad es muy importante en el trabajo de los abogados y debería ser la prioridad por encima de todo, tanto a nivel de audiencias previas como de vistas”.

Desde su punto de vista, “esta presencialidad es fundamental en muchos juicios. Desde el Consell de la Abogacía Catalana queremos que sea la norma —al contrario de lo que ha dicho el ministro Bolaños— y lo excepcional la videoconferencia. La sensación que tenemos es que este Gobierno legisla demasiado rápido y aún así hay leyes que no han salido”.

En este contexto, cree necesario que en este paso progresivo a la justicia digital se forme a todos los funcionarios de la administración de Justicia —jueces, fiscales y LAJS— en esas competencias digitales. “Ya vimos que en la pandemia las videoconferencias no funcionaron del todo bien”, puntualiza.

Respecto a las manifestaciones del nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, que habla de que se reunirá con la abogacía en los próximos días, Martínez se cree «partidaria» de que las normas se actualicen. «La ley de Asistencia Jurídica Gratuita, por ejemplo, es de 1996 y debe adaptarse a los nuevos tiempos. En ese cambio, el papel de la abogacía institucional debe ser clave. Esperamos a esa reunión que nos convoca este jueves y a la que acude la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, sea el inicio de otras para mejorar esta norma y el propio anteproyecto de Ley de derecho a la defensa, que se quedo pendiente tras el adelanto electoral», incide.

Sobre este anteproyecto de Ley, considera que «es clave para el trabajo de la abogacía, porque debería ayudar a la fijación de costas, así como garantizar el libre acceso a los tribunales y el reconocimiento del derecho a la asistencia letrada gratuita a todas las personas en situación de especial vulnerabilidad. Esta es una reivindicación histórica y uno de los pilares del ejercicio de la abogacía. Confiamos en que se admitan nuestras enmiendas».

Comunicar más y mejor

Martínez reconoce que desde el CGAE del que ella forma parte como consejera, «las reuniones con los partidos políticos son diversas para encontrar ese consenso político que ayude a aprobar dichas normas».

Desde su punto de vista, el CGAE «debería hacer un esfuerzo de comunicación para que colegios de abogados y colegiados conozcan todo lo que se hace. Es posible que nuestros comunicados no sean demasiado duros, pero es que —como indica Ortega— luego nos tenemos que sentar con ellos a negociar».

Otro eje de actuación del nuevo mandato del Consell pasa por modernizar y adaptar la Justicia a las nuevas realidades de la sociedad actual, con actuaciones como el análisis de los efectos jurídicos que tiene el uso creciente de la inteligencia artificial o la potenciación de herramientas del ámbito de la Justicia restaurativa, la mediación y los ADR (métodos alternativos de resolución de conflictos).

En cuanto a la Ley de eficiencia organizativa —pendiente de aprobar y que supone un cambio de modelo en la Justicia con la aparición de los tribunales de instancia en las capitales de provincia— es algo que «desde la abogacía institucional se estudia con cuidado».

Martínez sucede en el cargo a Encarnación Orduna, decana de Reus, como presidenta de esta entidad que agrupa a catorce colegios y a 40.000 abogados en Cataluña. (Imagen: Eduard Pedrocchi para el Consell de la Abogacía Catalana)

En este sentido, Martínez considera que, desde el Consell, «somos partidarios de la defensa de un modelo de Justicia de proximidad, con el rechazo a cualquier intento de comarcalizar especialidades que ello implica. Una cuestión que nos preocupa con esta nueva normativa porque aleja al ciudadano de la Justicia. Es un error colocar los juzgados únicamente en las capitales de provincia».

Al mismo tiempo, otro de los asuntos que marcará el mandato que se estrena este jueves 28 será la promoción del uso de la lengua catalana entre la abogacía. «Demasiado a menudo nos fijamos sólo en el bajo porcentaje de sentencias que se dictan en catalán, cuando nuestro gran objetivo debe ser conseguir que aumente el número de abogados que presentan sus escritos en catalán«, asegura la nueva presidenta del Consell de la Abogacía Catalana.

Mejoras en el turno de oficio

Según explica, la mejora del turno de oficio, analizar los efectos jurídicos provocados por la expansión de la inteligencia artificial, la defensa de un modelo de Justicia de proximidad, la promoción del uso del catalán entre la abogacía y el impulso al despliegue de la Justicia restaurativa, son los principales objetivos del nuevo mandato.

Asimismo, Martínez señala que están en plena negociación con la Generalitat de Catalunya para mejorar los baremos del turno de oficio, una gestión que inició la anterior presidenta del Consell, Encarna Orduna, pero que hoy «todavía no se ha logrado nada». En este contexto, ha cifrado en un 54 % la pérdida de poder adquisitivo desde el 2011 con respecto al incremento anual del IPC, debido a los recortes y a las congelaciones salariales.

“Nosotros no podemos hacer huelga como se está haciendo en otros lugares de España. No estamos dentro de los parámetros para realizarla ni podemos desamparar al ciudadano. No tenemos un contrato laboral cuando realzamos este servicio para los ciudadanos más vulnerables para tener ese derecho de huelga, tal y como señala la ley”, comenta.

“Otra cosa es que se puedan hacer otro tipo de manifestaciones y convocatorias para mejorar esos baremos y el servicio existente. Presentaremos en los próximos días un informe económico del Consell sobre los cambios que necesitan dichos baremos”, indica la presidenta, que espera se mejore este servicio a nivel retributivo y de las condiciones laborales.

En este sentido, cabe recordar que portavoces de agrupaciones de letrados del turno de oficio reclamaron el pasado mes de septiembre al Parlament reformas legislativas para mejorar la justicia gratuita y un aumento de su retribución económica, tras denunciar que desde el 2011 han perdido un 54 % de su poder adquisitivo.

Representantes de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) y de la Plataforma Letrados y Letradas del Turno de Oficio de Cataluña comparecieron en la comisión de Justicia del Parlament, donde han denunciado la precariedad de sus condiciones laborales y la falta de recursos para que haya una justicia gratuita de «máxima calidad», puesto que consideran que están «a la cola de Europa».

«El sistema de justicia gratuita lo estamos costeando los propios abogados», denunciaba la abogada Vanesa González, de ALTODO, asociación que también reclama que sean «debidamente retribuidos» económicamente por su trabajo con un salario «justo», y que constatan que muchos abogados abandonan el turno de oficio que es «esencial», debido a las condiciones económicas.

«No solo pedimos más dinero, sino también poder dar un mejor servicio», subrayaba el abogado Albert Bertran, de la Plataforma de Letrados y Letradas. Resulta, por tanto, evidente que el año 2024 para la administración de Justicia debe ser clave. «Es el momento de sacar a los juzgados de la situación de colapso existente y de una mayor apuesta por los MASC, en general y la mediación en particular que ayude a que cientos de asuntos no vayan a los tribunales», cierra Marta Martínez.