Más de 60 fiscales europeos abordan en España la necesidad de cooperación internacional para asuntos penales

La criminalidad organizada evoluciona rápidamente y, cada vez con más frecuencia, actúa siguiendo un modelo empresarial en el que las distintas acciones necesarias para ejecutar el hecho criminal se llevan a cabo desde diferentes países, en un escenario transnacional. Perseguir delitos que van desde el tráfico de drogas a la trata de seres humanos pasando por la ciberdelincuencia sería una misión imposible, en muchos casos, sin una cooperación jurídica a nivel internacional. Con el objetivo de formarse en esta materia y de actualizar conocimientos, más de 60 fiscales de varios países participan hoy y mañana en unas jornadas de formación en Madrid.

Aún no existe un instrumento en el marco de la Unión Europea que establezca unos criterios comunes para decidir la mejor jurisdicción

Coordinado por el Fiscal de Sala de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez- Villarejo, los fiscales están analizando en España los conflictos de jurisdicción y la transferencia de procedimientos penales. La colaboración internacional resulta fluida dentro de la Unión Europea, donde los estándares y el celo en la protección de derechos fundamentales y el derecho al proceso debido son equiparables entre los distintos países. La Decisión Marco 2008/948/JAI estableció un procedimiento específico para la resolución de los conflictos de jurisdicción penal basado en el reconocimiento mutuo, la colaboración más estrecha a nivel de cooperación internacional, que establece unos procedimientos para un intercambio de información ágil y operativo. No obstante, hoy se ha puesto de relieve que aún no existe un instrumento en el marco de la Unión Europea que establezca unos criterios comunes y jurídicamente vinculantes para decidir la mejor jurisdicción. Tampoco existen reglas específicas para la remisión de procedimientos, una vez delimitados los ámbitos objetivo y subjetivo de las causas que se pueden tramitar de forma simultanea en diferentes Estados miembros.

El ahora Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, fue el fiscal responsable del caso Prestige, en el que un petrolero naufragó frente a las costas gallegas en 2002 y que acabó afectando a 2000 kilómetros de costa en el que ha sido uno de los peores desastres medioambientales de la historia de España. El fueloil llegó también a la costa francesa y portuguesa. Este caso ha sido el ejemplo que García ha puesto para evidenciar la importancia de seguir avanzando para clarificar los procedimientos en materia de cooperación internacional en el seno de la Unión Europea.