Más de treinta asuntos relacionados con el procés, pendientes del Tribunal de Cuentas y su cuestión prejudicial sobre la amnistía

En los próximos días sabremos si el Tribunal de Cuentas plantea una cuestión prejudicial en el TJUE. El plazo de consulta que se dio a los demandados y a las demandantes para expresar sus opiniones respecto a la posible presentación de esa cuestión de constitucionalidad ya ha finalizado, y será ahora la consejera que lleva el caso la que tendrá que decidir si se eleva el asunto a la justicia europea o no.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, se ha mostrado este martes en un evento en el Consejo General de Economistas (CGE), en el que estuvo presente Economist & Jurist, preocupada de que se intente implicar a la institución en la «batalla política», como, a su juicio, ha sucedido con las comisiones de investigación.

Chicano fue presentada por Valentín Pich, presidente del Consejo General, quien avaló su trayectoria en la institución, primero como vocal y luego como presidenta de la entidad desde 2021; antes, desempeñó distintos cargos en otros ministerios, como Presidencia, Relaciones con las Cortes y Obras Públicas.

En su intervención, recordó su encaje en el artículo de la Constitución, como órgano fiscalizador de las cuentas del Estado. Al mismo tiempo, recordó que tiene una jurisdicción contable, no judicial pero especializada, con una doble instancia para poder recurrir la resolución en la Sala Tercera del Supremo. «No se imponen penas; lo que se pretende es recuperar ese dinero público no usado correctamente», expresó.

La entidad no actúa de oficio «sino ante la interposición de la demanda. Ahí juega el papel de nuestro fiscal, que forma parte del Pleno, el Abogado del Estado, que también tiene sede en dicho Pleno, o un particular. Cuando se plantea la demanda por alguna de las causas que marca la ley, se produce el juicio contable. Sin embargo, nuestro trabajo más importante es el proceso fiscalizador».

Chicano también indicó el papel fiscalizador del Tribunal de Cuentas, que puede plantear una moción a las Cortes para «modificar o cambiar una norma por si está mal regulada. Últimamente hemos encontrado algo relacionado con los partidos políticos y su ley de financiación de partidos políticos, donde las multas no estaban bien compensadas. Al final, el Tribunal Constitucional reguló la aplicación de la norma». Recordó que la entidad tiene doce consejeros, de los cuales siete se encargan de fiscalización.

Enriqueta Chicano —flanqueada por Valentín Pich y Amalia Del, presidente y vicepresidenta del CGE— ha explicado el papel de este organismo fiscalizador. (Imagen: Consejo General de Economistas)

Para ella, este proceso es largo y complejo, intervienen más de cien profesionales de la entidad, «con lo cual es difícil modificar algo. Yo llevo 53 años en la Administración, más de veinte en el Tribunal, y me merece mucho respeto el secreto público. El trabajo puede ayudar a que el trabajo de las instituciones sea mejor. Hay que darse cuenta de que las corporaciones públicas tienen problemas por carecer de interventores. Hemos hecho alguna propuesta, pero, de momento, no ha surtido efecto».

Al final, reconoce que nuestra actividad fiscalizadora está ahí: «Hacemos el trabajo y propiciamos que las Cortes hagan el control político que les corresponde. Nosotros no entramos en las batallas políticas; solo comentamos aquello que dejamos escrito en nuestros informes y recomendaciones. La entidad forma parte de una asociación europea de 51 miembros de tantos países, de la que España es la secretaria permanente».

Independientes ante todo

En este evento informativo organizado por el Consejo General de Economistas (CGE), Chicano ha puesto en valor la independencia del Tribunal de Cuentas, que solo se relaciona con el Parlamento y no tiene «absolutamente ninguna dependencia» del Gobierno.

Esta independencia, ha explicado, se traduce en un trabajo técnico y una actuación «conforme a las normas que en cada momento están vigentes, nos gusten más o nos gusten menos. No tenemos otra opinión que lo que pone en el informe», ha añadido.

Enriqueta Chicano ha aclarado, a pregunta del profesor Ramón Tamames, asistente a este evento, que “la apertura del procedimiento para la posible presentación de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los han dejado en suspenso y que la decisión de remitir esa cuestión prejudicial o no a la instancia europea no depende del pleno del Tribunal de Cuentas sino de la consejera que lleva el caso».

Al mismo tiempo, indicó que en última instancia, de concretarse ese paso, el fallo definitivo del Tribunal de Cuentas dependerá del pronunciamiento del TJUE en relación con la compatibilidad o no de la Ley de Amnistía con el derecho comunitario en lo que se refiere al perdón del posible delito de malversación.

Pendientes de la decisión de la consejera Elena Hernáez sobre si elevará la cuestión prejudicial por la Ley de Amnistía al TJUE. (Imagen: Tribunal de Cuentas)

Reconoció que el trabajo del Tribunal está «lógicamente» afectado por la aprobación de la Ley de Amnistía y su impacto en el delito de malversación, ha apuntado Chicano, que ha recordado que hay una treintena de casos en «suspenso» hasta que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión de prejudicialidad presentada.

La resolución de los 35 procedimientos por malversación a ex altos cargos de la Generalitat abiertos por el Tribunal de Cuentas con motivo del procés podría experimentar una «demora prolongada» si el órgano fiscalizador acaba presentando una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la posible colisión de determinados elementos de la ley de amnistía con el derecho comunitario, como parece ser la intención de la consejera Hernáez.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, designada en su día como consejera a propuesta del PSOE, libra desde hace meses una cruzada por reivindicar la independencia del órgano fiscalizador, que se ha puesto en cuestión a cuenta de las fiscalizaciones realizadas sobre la controvertida contratación de emergencia durante la pandemia.

A su juicio, esa contratación fue correcta desde el punto de vista de la emergencia. Había irregularidades, pero no supuestos de irregularidades contables. Sabemos que cada comunidad autónoma ha estudiado este tema. Las cuatro que no tienen ese órgano de control externo, nosotros somos su órgano de control: Cantabria, La Rioja, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla; ahí hemos hecho nosotros el trabajo».

Sobre la cuestión prejudicial

Tal y como explicó hace unas semanas Economist & Jurist, el pasado 11 de junio la consejera Elena Hernáez dio audiencia a las partes antes de formalizar la presentación del asunto. En los próximos días, tendríamos que saber si al final eleva la cuestión a Europa ante la duda de si la malversación está cubierta o no por la Ley de Amnistía.

Sin embargo, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, considera que «no es procedente» plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que aclare una posible colisión de la aplicación del derecho de la Unión Europea con la Ley de Amnistía.

El representante del Ministerio Público se pronunciaba recientemente así sobre la petición de la consejera del órgano fiscalizador que ha llevado la causa para recuperar los fondos públicos invertidos en la promoción del ‘procés’ en el exterior y la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, quien inició el procedimiento para dirigirse a la Justicia europea.

El fiscal, según el escrito que ha presentado hace unos días, considera que «el TJUE solo puede pronunciarse sobre la cuestión prejudicial cuando el derecho de la Unión Europea sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal, circunstancia esta que no concurre en el presente caso».

Martín-Granizo considera que no es procedente el planteamiento de la cuestión prejudicial «teniendo en cuenta el contenido de las cuestiones planteadas en la referida providencia y que no concurren los presupuestos exigidos por la normativa aplicable y las recomendaciones del propio TJUE».

Un asunto de calado político

El Fiscal de Sala Manuel Martín-Granizo se ha opuesto a esta medida. (Imagen: Tribunal de Cuentas)

El asunto es muy delicado políticamente. La apertura de este procedimiento suspendió el plazo del que dispone el Tribunal de Cuentas para dictar sentencia sobre los casos de malversación que se investigan y que podrían derivar en la exigencia a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Artur Mas y otros 32 altos cargos de la Generalitat durante la gestión del procés del reintegro de los 5,4 millones de euros presuntamente malversados.

Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas, en ese papel fiscalizador que tiene de las cuentas públicas, viene advirtiendo desde entonces sobre esta situación en todos y cada uno de los informes anuales sobre la Cuenta General del Estado.

Y este año, en el escrutinio de lo que ocurrió en 2022, no es una excepción. Por sexto año consecutivo, el órgano supremo de fiscalización de las cuentas públicas propone que se «adopten urgentemente» las medidas pertinentes «para resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social».

Los datos no paran de empeorar, hasta cosechar un nuevo récord, con un patrimonio neto negativo de 88.759 millones de euros en 2022. Sin embargo, la tendencia se ha moderado durante los últimos años.

Como indican los expertos, el agujero había aumentado a un ritmo de unos 20.000 millones anuales en la segunda mitad de la década pasada, que se ha ido ralentizando hasta sumar casi 7.700 millones en 2022. Es su mejor desempeño desde 2012, aunque en aquella ocasión el problema era la mengua de un patrimonio neto que todavía estaba en cifras positivas.

Estos resultados siguen siendo preocupantes, y por eso el Tribunal ha propuesto una vez más a las Cortes, a través de un informe publicado este pasado viernes, que inste al Gobierno a adoptar «las medidas legislativas necesarias para resolver la situación financiera de endeudamiento del Sistema de la Seguridad Social frente al Estado». Sin embargo, fuentes del organismo reconocen importantes avances, que explican, en parte, la moderación de la tendencia: «Sí que se han tomado medidas».