Más de una docena de grandes despachos muestran su rechazo al ‘lawfare’

Trece grandes despachos de abogados nacionales e internacionales se han adherido al comunicado del Colegio de la Abogacía de Madrid, en el que mostraron su preocupación y rechazo ante la ley de amnistía, que se presentará en las próximas horas, y ante las referencias al lawfare y a la posible creación de comisiones de investigación sobre acciones judiciales, contempladas en el pacto entre el PSOE y Junts de cara a la investidura, aseguraron que “adoptarían las medidas que fueran procedentes en defensa del Estado de derecho”.

Pérez Llorca señala que “el principio de separación de poderes es el fundamento del Estado de derecho, debiendo ser el respeto a la independencia judicial uno de sus pilares. Los jueces españoles ejercen su función con arreglo a la ley, con independencia y profesionalidad».

El despacho Garrigues, por su parte “manifiesta su disconformidad con toda injerencia, desde cualquier posición ideológica o política, en la actividad de los jueces y magistrados que, en el ejercicio de sus funciones, están sometidos únicamente al imperio de la ley”.

En esa misma línea se han manifestado otros grandes despachos como Uría Menéndez u Ontier, que además de rechazar “los ataques contra los pilares de nuestro Estado de derecho incluidos en los acuerdos de investidura”, critica directamente “la concesión de amnistía a personas condenadas por los graves delitos cometidos en 2017”.

Desde Broseta “manifiestan su disconformidad ante cualquier intervención en la actividad de los jueces y magistrados”, subrayan la importancia que tiene la independencia judicial para el Estado de derecho e inciden en que para llegar hasta un Estado con las garantías democráticas del nuestro, “muchas personas pusieron en riesgo su libertad y sus vidas”.

La sucesión de declaraciones es larga e incluye a bufetes como Gómez-Acebo & Pombo, White & Case, Elzaburu, Clifford Chance, Linklaters, Cases & Lacambra o Allen & Overy, que expresa “su profunda preocupación por el riesgo de politización de la Justicia”, y Ceca Magán Abogados.

No son pocos los abogados que no pertenecen a ningún gran despacho que, en las últimas horas, han manifestado el rechazo a las referencias al lawfare, entendido como una guerra judicial o una persecución de adversarios políticos o ideológicos a través del la Justicia, y a la posibilidad de establecer comisiones de investigación. Las distintas asociaciones judiciales y fiscales se unieron para mostrar también su oposición a lo que consideran que podría suponer un ataque frontal al Estado de derecho.

También hay algunos abogados que no consideran que los colegios deban realizar este tipo de pronunciamientos y aplauden la postura del Colegio de la Abogacía de Barcelona, que ha afirmado, aludiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que un colegio profesional debe permanecer neutral y no «abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir”.