Mazón, en el punto de mira por la alerta tardía de la DANA: los jueces coinciden en que pudo haber negligencia, pero no por ello es culpable de un delito

Más de 220 personas perdieron su vida el pasado mes de octubre a causa de la Dana, que afectó a gran parte del litoral mediterráneo y a sendos territorios como la Comunidad Valenciana. Sin embargo, hoy, cuatro meses después de que tuviera lugar esta terrible tragedia que dejó con el corazón roto a toda España, siguen sin asumirse responsabilidades. La clave, para muchos, está en indagar en el por qué se envió tan tarde el aviso de emergencia a la ciudadanía, que llegó muchas horas después de que algunas de las zonas más afectadas ya estuvieran inundadas.

Gran parte de las críticas están dirigidas a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, quien hasta este martes, 25 de febrero, todavía no había confirmado a qué hora exacta llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el día en que tuvo lugar la catástrofe climática. Y si bien en un primer momento señaló que no fue hasta pasadas las 19.30 horas de la tarde, ahora ha reconocido que no fue hasta las 20.28 horas cuando se personó en las instalaciones, esto es, 17 minutos después de que las autoridades decidieran enviar un mensaje de alerta a los dispositivos móviles de los ciudadanos españoles.

Qué fue lo que le llevó a dar la orden tan tarde, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había decretado la alerta roja y la televisión pública autonómica, À Punt, había difundido imágenes de los problemas que se estaban sufriendo en localidades como Utiel, es lo que la población no se explica. Hasta ahora, lo que se sabe, es que el dirigente mantuvo en un restaurante una reunión con una periodista que se alargó, por lo menos, hasta las 17.45 horas de la tarde. «No hubo sobremesa», se ha tratado de defender el presidente, quien, por su parte, no ha querido mostrar el ticket de la factura que corroboraría o desmentiría tales afirmaciones.

Respecto a la asunción de responsabilidades, el juez Fernando Portillo, magistrado y presidente de la Comisión Gestora de Foro Judicial Independiente, también conocido como ‘Judge the Zipper’, ha subrayado a Economist & Jurist que «no podemos confundir la responsabilidad política con la responsabilidad penal ni tampoco esperar que nuestros políticos sean responsables de su gestión atendiendo a lo que decida un juzgado penal o un juzgado de instrucción. Existen distintos niveles de responsabilidad y cada uno tiene sus exigencias».

Se refiere a que muchas personas y muchos medios de comunicación están dando a entender que hasta que un juez no condene a Mazón, o a cualquier otro cargo público, no se podrá producir ningún cese o dimisión. En este sentido, ha explicado que en el ámbito penal la exigencia es mayor porque entran en juego la presunción de inocencia y cuestiones delictivas graves. Pero en la esfera política, la rendición de cuentas no está sujeta a un fallo judicial. «Un político puede haber actuado de manera negligente sin que eso sea un delito, pero sí suficiente para cuestionar su gestión y exigirle consecuencias», ha recordado.

Preguntado sobre la posible negligencia en la gestión de la crisis, Portillo se ha mostrado crítico: «Puede haber habido negligencia, pero eso no significa que sea penalmente relevante. No toda mala gestión es delito. El delito es el último escalón y para llegar a él deben cumplirse ciertos requisitos, como una relación de causalidad clara entre la negligencia y el daño causado. Esperar a que la justicia determine si hay delito para pedir responsabilidades políticas es un error. Puede que un juez concluya que no hubo delito, pero eso no exime a los responsables políticos de haber actuado mal».

Cecopi. (Imagen: RTVE)

Mazón no llegó al Cecopi hasta las 20.28 horas: ¿qué estuvo haciendo antes?

De hecho, otra de las dudas que surgen en torno a qué hizo Mazón aquella tarde y por qué tardó tanto en acudir al Cecopi surge a raíz del listado de llamadas telefónicas que atendió el político aquella tarde. La primera, a las 17.37 horas, se entiende que poco antes de despedirse de la periodista Maribel Vilaplana, con quien había decidido reunirse para ofrecerle dirigir la radiotelevisión pública valenciana. La penúltima, a las 19.43 horas, con la consellera de interior, Salomé Pradas, que en ese momento estaba ya presente en el Cecopi, lo que demuestra que el presidente aún no había llegado al centro a esa hora.

Frente a este escenario, la juez que investiga la causa ha anunciado que va a entrar a investigar «si incurrió alguna otra autoridad al Cecopi previamente a la remisión del mensaje de alerta y se integró en el mismo». Un aviso que, según ha comunicado, lo considera «tardío y erróneo». Respondiendo a esto, el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha reiterado que las únicas personas que accedieron al Cecopi antes de las 20.11 fueron el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell.

De nuevo, la razón por la que Mazón aún no había llegado a estas horas y lo que hizo desde que salió del restaurante hasta su llegada al centro la explica él mismo bajo un único argumento: «El desplazamiento desde el Palau hasta el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l’Eliana no fue fácil. El mal tiempo produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto». Según Google Maps, este trayecto en coche se hace en 25 minutos; Mazón tardó más de dos horas en recorrerlo.

Sobre las incógnitas generadas en relación con el final de su jornada, el presidente ha sido tajante y ha evitado entrar en detalles. «Es la juez la que tiene que tener la primera información por respeto al procedimiento, y no estar haciendo declaraciones a través de los medios de comunicación dentro de un procedimiento al que hay que tener el máximo respeto. Sé que otros no lo tienen, y yo sí que lo tengo y todo el Consell lo tiene», se ha limitado a decir. Al respecto del ticket restaurante, el mandatario ha informado que se presentará ante el Tribunal de Cuentas, «que es donde se deposita la contabilidad del partido, cuando corresponda según la normativa vigente».

Según Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el Cecopi estuvo esperando a Mazón para enviar la alerta, de ahí el retraso. Opinión diferente es la que tiene la vicepresidente y portavoz de la Generalitat, quien considera que esas declaraciones «son una manipulación grave para atacar al Gobierno valenciano y presionar a la juez». Por su parte, Vicent Mompó ha aseverado que él instó en varias ocasiones a enviar la alerta «de una puta vez», cosa que como bien se sabe no se hizo hasta las 20.11 horas. No obstante, según el «no se retrasó el mensaje porque se estuviese esperando a nadie».

Valencia durante la DANA. (Imagen: RTVE)

Una posible negligencia por incumplir su obligación

El juez Ignacio González Vega, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, ha explicado a este medio de comunicación que la investigación que ahora mismo está en curso se ha centrado en determinar si las acciones de Mazón pueden calificarse como delitos imprudentes con resultado de muerte. Según González Vega, no se trata de un acto intencionado, sino de una posible negligencia por no haber cumplido con una obligación que podría haber prevenido las tragedias. En este caso, la investigación se ha enfocado en si el retraso en la alerta a la población fue un factor determinante en el número de víctimas.

«Lo que se puede investigar es si Mazón ha infringido alguna norma que lo obligaba a actuar de manera más rápida y si esa omisión ha tenido consecuencias fatales», ha señalado el juez. Sin embargo, ha advertido que aún es temprano para anticipar un fallo, ya que la juez sigue recabando pruebas y tomando testimonios. En este sentido, la juez tendrá que determinar si el aviso tarde ha sido realmente la causa eficiente de las muertes y lesiones. Si determina que sí, «sí podría haber una condena».

Sobre la posible responsabilidad de los asesores y otros cargos públicos presentes en el Cecopi, González Vega ha explicado que, aunque hayan participado en la toma de decisiones, la responsabilidad recae en quien tiene el mando. «Los asesores solo han aconsejado, pero no han tomado decisiones», ha indicado el magistrado, dejando claro que la responsabilidad última de la gestión recae en Mazón y en aquellos que realmente tenían la autoridad para actuar. «Lo que la jueza tiene que acreditar es, para empezar, quiénes eran los que tenían ese mando de la situación», ha proseguido.

En cuanto a la posible condena, González Vega ha señalado que la pena por imprudencia no sería muy elevada. «Aunque se tratara de imprudencia, las penas no suelen ser tan severas. Podrían implicar inhabilitación, pero no mucho más», ha precisado. Sin embargo, ha destacado que la condena puede estar recogida entre los artículos 142 y 151 del Código Penal. En este contexto, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ya ha señalado que el aviso enviado a los teléfonos móviles de los ciudadanos valencianos a las 20.11 horas del día de la DANA fue «notablemente tardío» y «errado en su contenido». Para ella, mientras los daños materiales causados por la tormenta no podían haberse evitado, las muertes sí pudieron haberse prevenido.

En un segundo auto, la jueza ha destacado que el objeto de la investigación se centra en la ausencia de avisos oportunos a la población, que no pudo tomar medidas para protegerse de la inundación. «La evitabilidad del abrumador número de fallecimientos», que resultaron en 224 muertes y tres personas desaparecidas, es uno de los aspectos más cruciales de la investigación. La jueza considera que la tardanza en recibir ayuda, la descoordinación y la falta de respuesta a tiempo de las autoridades deben investigarse en otros ámbitos, como la jurisdicción contenciosa o el ámbito político.

De acuerdo con ella, el nexo causal entre la tardanza en la alerta y las muertes es lo que se debe demostrar en el proceso penal. «Es fundamental determinar si el retraso en la emisión del aviso y la falta de medidas preventivas fueron la causa directa de las víctimas mortales», ha indicado. Además, ha solicitado que se le informe si alguna otra autoridad se unió al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) antes de enviar el mensaje de alerta, lo que podría arrojar más luz sobre la responsabilidad de los responsables de la gestión de la crisis.