Miguel Hermosa, responsable de justicia digital del CGAE: «La abogacía debe ser protagonista del cambio tecnológico que se avecina»

Hace algo más de un año puso en pie en Madrid a más de 500 juristas relacionados con el derecho de familia en nuestro país. Al hablar de ChatGPT y la tecnología de inteligencia artificial (IA), Miguel Hermosa, abogado digital, compagina el decanato de Palencia con la presidencia de la subcomisión de justicia digital del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

«Los abogados con competencias digitales somos clave para entender el marco legal y ayudar a implementar las tecnologías porque somos el único operador que trabaja con las distintas administraciones», explica a este medio de comunicación en el XI Congreso de Enatic, celebrado este pasado jueves.

En su opinión, «este año 2025 es un año clave para la Administración de Justicia, en general, y para la abogacía como colectivo profesional, en particular. Nosotros mantenemos reuniones periódicas con la dirección de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, así como con las comunidades autónomas —directamente o a través de los consejos autonómicos— para conocer qué herramientas se implementan y poder utilizarlas para saber si realmente son las que hacen falta a nivel de órganos judiciales. Esta área digital del CGAE es transversal y damos servicios a colegios de la abogacía y a colegiados».

En la actualidad, con el apoyo de Red Abogacía, empresa tecnológica del CGAE, Hermosa y su equipo trabajan en dos programas tecnológicos, «uno relacionado con big data, abogacía en datos que estamos empezando a pergeñar para que se implemente a medio plazo, y otro que busca facilitar una mejor gestión de las entidades colegiales de manera interna y de cara al colegiado. Son proyectos en diseño, aún».

Este jurista inauguró el XI Congreso de Enatic por la mañana y, por la tarde, formaba parte de una mesa redonda sobre modernización de la Justicia moderada por la abogada Laura Fra, socia de la entidad y donde han participado también Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Nacional, y Ana de la Ser, nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. «Necesitamos una tecnología que funcione y que sea interoperable», coincide con sus compañeros de mesa, quienes solicitan que se cuente con los operadores jurídicos para llevar a cabo el diseño de las diferentes aplicaciones.

Miguel Hermosa debate sobre la modernización de la Justicia con los magistrados Joaquín Delgado, de la Audiencia Nacional, y Ana de la Ser, nueva presidenta del TSJ de Castilla y León. (Imagen: Abogacía Española)

Desde su punto de vista, «el papel de la abogacía es decisivo para implementar todas estas tecnologías con cierta coordinación. Somos el garante de los derechos de la ciudadanía. Impulsamos a los tribunales en el caso de que un derecho pueda ser vulnerado. Sin embargo, llama la atención que el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) no represente a nuestro colectivo como miembro de pleno derecho pese a sus nuevas competencias definidas en el Real Decreto-ley 6/2023».

A lo largo de estos últimos años, desde el CGAE se realizan actuaciones «no es solo de implementación de las nuevas tecnologías en los 83 Colegios de Abogados, para que sean más eficientes a la hora de optimizar cualquier tecnología. Al mismo tiempo, trabajamos en la formación de los abogados en habilidades tecnológicas de forma continuada. Hay muchos compañeros que con estas tecnologías disruptivas se sienten un poco perdidos. De ahí la implementación de un importante programa de formación continua».

En esta línea, este abogado digital recuerda que «la expansión de la abogacía en todo el territorio nacional hace que podamos conocer de primera mano cuáles son las necesidades de nuestra Administración de Justicia a todos los niveles. En las diferentes comunidades autónomas se viven realidades similares, pero muchas veces tenemos necesidades diferentes en cuanto a las competencias de la Administración de Justicia. Se han desarrollado grandes herramientas, pero si no van acompañadas de más personal y de una formación especializada, cualquier modernización de la Justicia será inviable, como hemos visto en estos años».

Sobre esta formación, Hermosa explica lo que viene diciendo en las innumerables mesas redondas en las que participa: «Se debe perder el miedo a utilizar estas herramientas, aunque al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de los riesgos que supone manejar este tipo de tecnologías como la IA. Tenemos la obligación de incentivar un uso responsable de las mismas. Este tren de la tecnología debe cogerlo todo el mundo en nuestra profesión y ser conscientes de su evolución tan rápida».

Formación a consejeros

Este interlocutor confiesa que, «junto a este Plan Formativo que sigue en marcha, hemos implementado otra iniciativa a todos los consejeros, decanos y no decanos del CGAE, que recibieron formación en el pasado pleno del mes de enero sobre big data e IA. El uso de estas herramientas disruptivas ayudará a las entidades colegiales a ser más eficientes y a mejorar sus relaciones con sus propios colegiados».

Hermosa, acompañado de Ofelia Tejerina, Rodolfo Tesone, Belén Arribas, Borja Adsuara y Ramsés Gallego, a punto de arrancar XI  Congreso de Enatic. (Imagen: Abogacía Española)

El CGAE se ha integrado en la Alianza por los Derechos Digitales junto a Enatic, ISMS Forum, Registradores, Fundación Esys e IcMedia, iniciativa que se presentó en este XI Congreso de Enatic. «Es una apuesta importante la que tenemos de desarrollar los derechos digitales de nuestra Carta Española, pionera en todo el mundo, y al mismo tiempo velar por el cumplimiento de los derechos y garantías, tanto de la ciudadanía como de los profesionales. Eso significa que las administraciones deben cumplir la ley», subraya Hermosa.

Desde su punto de vista, «en este proceso de modernización de la Justicia, como ya lo hemos dicho en la mesa redonda, abogados y otros operadores deben tener acceso al expediente judicial electrónico completo, para no generar indefensión. Además, hay que obtener la interoperabilidad entre los distintos sistemas de gestión procesal que utilizan las CC. AA. con competencias en Justicia».

En este sentido, Hermosa se hace eco de lo publicado por este medio acerca de los problemas del visor Horus para muchos abogados, recordando que «es una herramienta creada para el territorio ministerio y tenemos que ser conscientes de que cuando se intenta aplicar en otros sistemas de gestión procesal puede tener sus disfunciones. Por ello, hay que adaptarlo como puede ocurrir en otras CC. AA. Es tarea de todos».

«No podemos consentir que el acceso al expediente sea incompleto, porque ello pulveriza el derecho a una tutela judicial efectiva. Esa tarea es esencialmente de la Administración de Justicia y de todo su personal, que ha de velar porque la abogacía —como garante de los derechos del ciudadano— tenga acceso completo las 24 horas del día los siete días de la semana al Expediente Judicial Electrónico de su cliente», comenta.

Al mismo tiempo, comenta que «sería bueno que esta reforma de calado con los tribunales de instancia pudiera conllevar ser interoperables, logrando que estos sistemas existentes se entiendan y evitando las disfunciones a las que nos enfrentamos los profesionales a diario, como por ejemplo con el uso de las videoconferencias».

Hermosa, un especialista digital que ayuda a los 83 colegios de abogados a digitalizarse. (Imagen: Abogacía Española)

Tribunales de instancia

Este jurista es consciente de la reforma en Justicia que se avecina de la mano de la Ley 1/2025 de eficiencia organizativa: «La implementación de tecnología vanguardista y con garantías es fundamental para ser más eficiente. Sin embargo, debe venir acompañada de dos cuestiones: una buena partida presupuestaria para su implementación y, al mismo tiempo, otro elemento fundamental como es la formación a todos los operadores que prestan sus servicios de la Administración de Justicia empezando por el personal de los órganos judiciales».

Al final de lo que se trata es de «gestionar el cambio que se avecina en nuestro nuevo modelo y el uso de la tecnología. Ese cambio tecnológico debe venir con la formación de las personas para que conozcan dichas herramientas. Por el momento, el RD-ley 6/2023 no se ha implementado plenamente para que haya unos criterios únicos en el uso de la tecnología. Las vistas telemáticas a veces son rechazadas por los tribunales y el abogado no sabe qué hacer en ese escenario».

A su juicio, «en ese contexto de modernización de la Justicia debe haber una mayor coordinación entre el Ministerio de Justicia y las CC. AA. con competencias en Justicia. Esa coordinación debe ser mayor; Generalitat de Cataluña desarrolla su nuevo sistema, País Vasco utiliza la herramienta Vereda que también utilizan Navarra, Cantabria y Aragón, eso hace que se busque en la cogobernanza y la coordinación y donde es imprescindible que la voz de la abogacía sea un elemento clave como usuario habitual y transversal en todo el Estado».

Desde su punto de vista, «la abogacía no ha de ser un mero usuario, sino que su opinión, sus ideas y las limitaciones que pueda expresar han de ser tenidos en cuenta desde el momento inicial en que se desarrolle una nueva iniciativa tecnológica en materia de Justicia».

En este escenario de cambio digital profundo, Hermosa recuerda la necesidad de que todas las entidades colegiales y los propios abogados, en especial con despacho propio, «implementen su política de ciberseguridad. Es uno de los principios que debe estar presente en el uso de cualquier herramienta. El propio CGAE tiene una estrategia de ciberseguridad propia que cumple con la normativa vigente. No es casualidad que en estos años se hayan incrementado en nuestro país el número de ciberdelitos«.

Para este jurista, «la proliferación de estafas online, fraudes varios como suplantaciones al CEO, etc., provocan que los abogados nos enfrentamos a una nueva fórmula de comisión delictiva que hasta hace mucho no existía. Esta nueva forma delictiva nos obliga a los abogados a conocer cómo funciona y a ser más prudentes porque manejamos datos de nuestros clientes, casi siempre de carácter sensible. Eso hace que tengamos que formarnos en materia de ciberseguridad. Esa formación debería también llegar a los ciudadanos para evitar que caigan en esos fraudes».