Miguel Pallarés (APIF): «Es urgente despolitizar la Justicia y cambiar al fiscal general»

«Es urgente despolitizar la Justicia y cambiar al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz». Así lo sentencia Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en Economist & Jurist, y en esta entrevista explica las medidas que, a su juicio, son necesarias para despolitizar la Justicia.

Pallarés afirma que «lo primero que hay que hacer es conseguir la independencia judicial» y que para ello, es necesario que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de tal forma que los 12 vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por los jueces «para que no quede politizada la actuación del Consejo», que tiene la responsabilidad y la competencia para el nombramiento de los cargos discrecionales de la Carrera Judicial (presidentes de Audiencias Provinciales, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y magistrados del Tribunal Supremo). 

Si la composición del Consejo se hace con 12 vocales elegidos por los jueces, quedarían ocho vocales que los elegiría el Congreso y el Senado, pero, según Pallarés, «con esa composición ganaríamos independencia de la esfera política».

Independencia del Gobierno y reforma del EOMF

En segundo lugar, el presidente de la APIF destaca que el fiscal general del Estado tiene que ser un jurista de reconocido prestigio completamente independiente del Poder Ejecutivo. El Gobierno sólo tiene potestad para proponer su nombramiento y la función del fiscal general es dirigir al Ministerio Fiscal de forma completamente independiente del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado. Pallarés señala que para conseguir ese objetivo de total independencia «es necesaria autonomía presupuestaria, con una partida en los presupuestos generales del Estado para el Ministerio Fiscal». Actualmente no la tiene y está dentro del Ministerio de Justicia, que es el que tiene que autorizar cualquier gasto.

Para el presidente de la APIF, la reforma del sistema de nombramientos de los vocales del CGPJ y que la persona que encarna el cargo de fiscal general «reúna unas características que lo hagan independiente del Ejecutivo y que sea una persona con autoridad porque sea un jurista de reconocido prestigio son las dos piezas claves para despolitizar la Justicia». Y sostiene que la segunda de ellas «no concurre en el actual fiscal general», Álvaro García Ortiz, motivo por el que la APIF ha impugnado su nombramiento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se encuentra pendiente de resolución.

«Que no es idóneo está acreditado por la reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos, omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo, culminando con la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por desviación de poder, relativa a su propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal jefe de la Sala de lo Militar, y la anulación del Supremo de su propuesta de nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática, que conocimos ayer», expone.

El Pleno del Senado ha reprobado hoy al fiscal general y ha pedido al Gobierno que lo cese, tras una moción presentada por el PP —que tiene mayoría en la Cámara —, por «incumplimiento» de sus funciones. La iniciativa ha contado con el apoyo de VOX y UPN, mientras que el PSOE ha votado en contra, y Junts, ERC, PNV y EH Bildu se han abstenido.

Sobre el fiscal general también se ha pronunciado en otra reciente entrevista en Economist & Jurist el fiscal Ignacio Stampa, quien subraya que «en un Estado de Derecho no cabe que García Ortiz haya sido condenado por desviación de poder por el Tribunal Supremo y siga siendo fiscal general». Por su experiencia como fiscal del caso Tándem, afirma que García Ortiz «es lo contrario de la transparencia».

Por otra parte, para que el Ministerio Fiscal pueda asumir la instrucción de las causas penales, tal y como parece proponer el Gobierno con el anuncio de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), según Miguel Pallarés «primero es necesario conseguir la independencia del Ejecutivo, y en segundo lugar, reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) blindando al fiscal del caso de la propia estructura jerárquica de la institución». «Para que no ocurra lo que acaba de suceder con la fiscal María de la O Silva, que estaba llevando el caso de la querella del novio de Ayuso y ha sido sustituida por el fiscal jefe de la Fiscalía Superior de Extremadura», apunta.

Pallarés señala que dentro del EOMF este comportamiento es legal, pero él entiende que «se aleja mucho de la independencia que debe tener el fiscal del caso concreto para no ser sustituido».

A la fiscal de la O se le ordenó por la teniente fiscal del Tribunal Supremo que informara que se inadmitiera a trámite la querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ella se opuso planteando el artículo 27 del EOMF. Una vez que se resolvió la cuestión en la junta de fiscales, se emitió al TSJ un informe de inadmisión, con el que ahora, según Pallarés, «la Fiscalía queda completamente desautorizada por el tribunal al admitir a trámite la querella».

El presidente de la APIF también indica que el hecho de que cuando cese el Gobierno también tenga que cesar el fiscal general del Estado porque así lo dispone el Estatuto «aleja al fiscal general del Estado y lo aproxima a fiscal general del Gobierno», por lo que considera que debería reformarse el EOMF y suprimirse esta causa de cese. 

Poner coto a las puertas giratorias

Miguel Pallarés subraya que también habría que poner coto a las puertas giratorias, «de tal forma que no fuera atractivo pasar de la Carrera Judicial o Fiscal a la política o viceversa». Según afirma, esto se conseguiría «con unos plazos especialmente gravosos para obtener una plaza similar a la que venía desempeñando en el ámbito judicial».

Como ejemplo de puertas giratorias cita la designación de Dolores Dolores como fiscal general inmediatamente después de cesar como ministra de Justicia, de la que la APIF ya dijo en su día que «suponía desdibujar la independencia que tiene el Ministerio Fiscal del Ejecutivo». «La cuestión se complica cuando el destino judicial es en un órgano de especial importancia por la función que desempeña, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o la Fiscalía General», añade.

Miguel Pallarés plantea establecer un plazo mínimo de cinco años para que se pueda regresar al puesto jurisdiccional que uno tenía y que no ocurra como actualmente, donde se pasa a la situación de servicios especiales mientras desempeña un cargo político y después se regresa directamente al destino judicial.