Miguel Pallarés (APIF): “La sociedad española debe reflexionar sobre cómo se debe elegir al fiscal general”

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.

La Sala Tercera decidía está mañana del martes, 28 de enero, si anulaba la decisión tomada por el Gobierno en diciembre de 2023 de renovar a García Ortiz como titular de la Fiscalía a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo había considerado “no idóneo” para el cargo.

Tras la decisión del Ejecutivo, la APIF presentó el pasado mes de febrero un recurso solicitando la anulación del nombramiento por considerar que García Ortiz no era apto para el cargo por una serie de “errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves”, entre los que la APIF señaló el ascenso de Dolores Delgado —antecesora en el cargo de fiscal general del Estado— a fiscal de sala; nombramiento que propició García Ortiz y que fue anulado por el Tribunal Supremo tras considerar que García Ortiz había incurrido en una desviación de poder para favorecer a su antecesora en el ascenso a la máxima categoría de la Carrera Judicial.

No obstante, esta misma mañana la Sala de lo Contencioso ha desestimado el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, por lo que, de momento y pese al gran malestar popular que genera esta decisión, Álvaro García Ortiz continuará al frente del Ministerio Fiscal. Una decisión que no recurrible ante ninguna instancia del Tribunal Supremo.

La APIF es la primera asociación de fiscales que recurre en el Tribunal Supremo la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. (Imagen: Congreso de los Diputados)

APIF: “El fiscal general del Estado tiene que tener independencia del Gobierno”

Desde APIF confiesan a Economist & Jurist que tenían esperanzas en que el recurso fuese estimado por el Tribunal Supremo y que, por ende, se declarase la nulidad del nombramiento de García Ortiz. “Pensábamos que teniendo en cuenta que había un informe desfavorable por parte del Consejo General del Poder Judicial y que el Gobierno, contra ese informe, había vuelto a designar a García Ortiz sin motivar porque se apartaba de ese informe, había razones suficientes como para entender que el acto administrativo del nombramiento podía ser anulado”.

El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés, señala que “vamos a aceptar, como no puede ser de otra forma, la sentencia del Tribunal Supremo”, no obstante deja claro que antes de opinar sobre la misma va a esperar a poder leer la fundamentación jurídica: “Hasta que no la lea no podré decir si estoy de acuerdo”, señala Pallarés.

La APIF insiste en que resulta incompatible ser fiscal general del Estado y tener la condición de investigado, “cuanto más tiempo se mantenga en esa doble situación, más perjudicar la Carrera”.

Respecto a qué cualidades son las deben primar en la persona que ocupe la titularidad de la Fiscalía, Miguel Pallarés, presidente de la APIF, entiende que “el fiscal general del Estado tiene que ser un jurista de reconocido prestigio y que desde el principio lleve a cabo una labor absolutamente de autonomía y de independencia. El Gobierno solamente debe intervenir en lo que es la propuesta de nombramiento, y a partir de ahí que ya no haya ningún tipo de vinculación con el Gobierno. Eso es lo que a nosotros nos gustaría”.

En lo que respecta a la actual imagen politizada de la Fiscalía, Pallarés cree que la misma ha dado lugar “a que la sociedad española tenga que reflexionar sobre cómo se debe elegir al fiscal general del Estado. Yo creo que, aunque el Gobierno lo proponga, el Estatuto del Ministerio Fiscal podría incluir alguna característica más para garantizar la independencia de quien sea nombrado fiscal general del Estado. Es decir, habrá que establecer algunas fórmulas para garantizar que el fiscal general sea del Estado y que no sea un fiscal general del Gobierno”.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con los representantes de las asociaciones y la fiscal jefe de la secretaría técnica. De izquierda a derecha: Jesús Arteaga (UPF); la fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León; Miguel Pallarés (APIF); el fiscal general, Álvaro García Ortiz; Cristina Dexeus (AF); y Miguel Pallarés (APIF). (Imagen: Fiscalía)

El primer fiscal general del Estado que declara como imputado

La decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de desestimar el recurso presentado por la APIF solicitando la anulación del nombramiento de García Ortiz en diciembre de 2023 como fiscal general del Estado se produce tan solo un día antes de que éste tenga que acudir al Tribunal Supremo para declarar ante el juez Ángel Hurtado por un posible delito de revelación de secretos, del que está siendo investigado.

Mañana, miércoles 29 de enero, Álvaro García Ortiz declarará como imputado como posible autor de la filtración de datos confidenciales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

A pesar de que García Ortiz solicitó el aplazamiento de su declaración, el Supremo rechazó dicha solicitud, por lo que mañana tendrá que acudir en calidad de investigado a declarar, convirtiéndose así en el primer fiscal general del Estado que declara como imputado ante el Alto Tribunal.