Montero reabre el debate sobre el Impuesto de sucesiones al convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera este mes de julio

Habrá Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este mes de julio. Las trece comunidades autónomas del PP, que son más de un tercio del total, lo pidieron por carta hace unos días a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aceptó convocar el Consejo.

Montero ha recordado que la cuestión central de este CPFF debe ser la aprobación de los objetivos de estabilidad que sirven de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y los de las comunidades autónomas.

En este Consejo Montero tiene todas las de ganar para llevar a cabo su «financiación singular para Cataluña» si, finalmente, el Gobierno de ERC en funciones envía un representante que ha desechado en las últimas ocasiones.

El Gobierno necesitaría el voto de una sola comunidad autónoma -que en este caso podría ser la catalana- para validar este tratamiento singular que anunció la ministra la semana pasada y que ha levantado una nueva polvareda política incluso entre regiones socialistas.

El Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral, por lo que un solo apoyo inclinaría la balanza a su favor.

El debate será doble e intenso. Junto a la financiación autonómica es previsible que se aborde la posible armonización del impuesto de Sucesiones y Donaciones en nuestro país. Hasta doce regiones —diez del régimen común— han suprimido el tributo entre parientes más cercanos.

El nuevo CPFF que tendrá lugar este mes de julio augura un debate importante entre el Ministerio de Hacienda y las 13 comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. (Imagen: La Moncloa)

Se reabre el debate

Entre ellas, se encuentran bastiones populares como Madrid, Galicia, Murcia o Castilla y León, cuyo presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ya prometen una oposición «frontal» a la pretensión de Montero. Otras regiones, prefieren no anticipar su posición hasta que no se convoque oficialmente el encuentro.

El debate se ha reabierto de nuevo tras dos intentonas fallidas de reformar el impuesto, donde los expertos consultados por Economist & Jurist no se ponen de acuerdo.

Ahora, varios organismos internacionales y estudios oficiales avalan el mantenimiento del tributo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó en 2021 «reducir las exenciones y desgravaciones fiscales» en el impuesto, «que no tienen una justificación sólida y que tienden a ser regresivas».

Ignacio Arráez, socio de Maio Legal y vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), explica a Economist & Jurist que “cualquier modificación del Impuesto de sucesiones y donaciones, al igual que tenía que haber ocurrido con cualquier modificación del Impuesto sobre patrimonio, tenía que haberse hecho con el consenso de todas las comunidades autónomas. Se trata al final de definir un nuevo modelo de financiación autonómico”.

Sobre estas reformas, Arráez cree que habría que hacerlas en territorio común porque Navarra y País Vasco tienen sus derechos forales, lo que impide realmente una armonización en todo el país: “La reforma pretende igualar a las comunidades autónomas de un determinado signo político con otras de distinto signo. Como vemos, el grupo primero formado por once CC.AA. donde gobierna el PP tienen tipos más bajos. Se pretende igualar hacia arriba, pero desde nuestra asociación creemos que es un error”.

Desde AEDAF, no se ve mal que esa armonización se haga para que todos los españoles seamos iguales, “pero dicha armonización no debería hacerse por arriba y debería tener los necesarios consensos desde el Consejo de Política Fiscal y nunca por Real Decreto como se hizo por el Impuesto de grandes fortunas pese a que el Tribunal Constitucional haya dicho que es constitucional por siete a cuatro.

Sobre los plazos para poner en marcha esta armonización Arráez indica que “es difícil que salga adelante dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque si esta entidad está representada por CC.AA. que ahora mismo las mayorías son del PP.  No nos podemos permitir un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas que pudiera agredir las competencias de las CCAA que la LOFCA les ha otorgado. Y lo vemos contraproducente su implementación”.

Ignacio Arráez cree que no será fácil esa armonización de sucesiones y que habría que hacerla a la baja. (Imagen: AEDAF)

En su opinión, una implementación unilateral por parte del Gobierno podía abocar a las comunidades autónomas a recurrir ante el Tribunal Constitucional, un organismo con dos bloques divididos, entre el progresismo cercano al gobierno, siete vocales y los cuatro conservadores que ahora se verá incrementado en breve con la llegada de José María Macias, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado elegido en el pacto PSOE y PP por la renovación del CGPJ.

AEDAF, como entidad siempre volcada a dar recomendaciones de buenas prácticas impositivas, participó en el Libro Blanco del Sistema Tributario realizado a petición del Ministerio de Hacienda por un Comité de Expertos dirigido por José Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, y entre sus miembros estuvo Francisco Adame, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla, vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente, y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

En aquel documento que se entregó al Ministerio de Hacienda en marzo del 2022, los expertos para la reforma fiscal han propuesto mantener el Impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, y han abogado por establecer un límite mínimo para ambos tributos ante el actual problema de competencia a la baja entre comunidades autónomas.

Al mismo tiempo recomendaron al Gobierno estudiar el establecimiento de límites mínimos de gravamen efectivo, al tiempo que se mantiene la autonomía y la competencia normativa.

Buscar una reforma redistributiva

Para Esaú Alarcón, socio de litigación tributaria en Gibernau Abogados, “en los últimos tiempos se están oyendo cantos de sirena sobre una reforma del Impuesto sobre sucesiones, pero desde dos perspectivas distintas: una, la armonización y, otra, un impuesto a “las grandes herencias”, a semejanza del impuesto a las grandes fortunas que se ha configurado como sosias del impuesto sobre el patrimonio”.

“Respecto a la primera alternativa —la armonización—, efectivamente el comité de expertos que efectuó la reforma de 2014 en la “era” Montoro, planteaba la necesidad o bondad de armonizar dicho impuesto para salvar las evidentes diferencias impositivas entre regiones”, comenta. Sobre esta posibilidad, Alarcón indica que “hay que tener dos ideas muy claras. La primera, que esas diferencias impositivas entre regiones en los impuestos cedidos han sido admitidas por el Tribunal Constitucional, considerando que ello no implica discriminación alguna contraria al principio de igualdad”.

Y la segunda cuestión, “que esa armonización únicamente cabe plantearla en el Consejo de Política Fiscal y a través de una reforma del marco de financiación autonómica. Concretamente, requiere una reforma de la Ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas que, a día de hoy, parece impensable”. “De hecho, esa reforma iría en contra de lo que en realidad está sucediendo a día de hoy en la práctica que es una auténtica carrera de autos locos entre comunidades autónomas para ver quién bonifica más el tributo en cuestión”, indica este jurista.

A su juicio, “el impuesto a las grandes herencias parece más acorde con la mecánica de actuación del Gobierno actual, que es aplicar sus pretendidas reformas a todo trance a sabiendas de que, por muy irregulares o fraudulentas que sean, el TC las va a considerar correctas”. “Partiendo de esa premisa, la solución es muy sencilla: se crea un impuesto sobre las grandes herencias estatal que se superponga al actual ISD cedido y, de facto, se consigue la pretendida armonización. La receta ya la sabemos del Impuesto sobre el patrimonio”, comenta.

Esaú Alarcón recuerda que el Tribunal Constitucional avala que haya diferentes impuestos por cuantía en las comunidades autónomas. (Imagen: E&J)

El socio de litigación tributaria en Gibernau Abogados cree que “el Gobierno tenderá a esta segunda alternativa, lanzando previamente el mensaje —el relato es lo más importante— de que las comunidades autónomas no quieren acordar nada en el Consejo de Política Fiscal porque son en su gran mayoría de derechas”.

Dicho lo anterior, en el caso de este tributo yo soy un firme partidario de su existencia, es decir, creo en el carácter redistributivo de este tributo; y siempre y cuando sea armonizado y con unos tipos de gravamen más razonables que los actuales”. “En definitiva, que creo que una reforma armonizadora que cambiara el tributo en profundidad, sería positiva. Pero, vamos, es un sueño y, como dijera Calderón, los sueños, sueños son”.

Una idea que arranca de hace años

Para Juan José González, abogado y asesor fiscal que dirige su propio despacho UrbanTax, en 2013, Rajoy y Montoro encargaron un informe a una comisión de expertos presidida por el profesor Lagares. Dicho informe, de 2014, era partidario de la armonización en sucesiones. «Aunque en el PP existen distintas almas, la opinión del entonces ministro de Hacienda, Montoro, era favorable a la armonización. Así lo insinuó en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros del 27 de marzo de 2015, y en otras ocasiones».

“Aquí el gran problema es, como decía Luis María Cazorla Prieto, que en 2001 escribió un artículo llamado “la agonía del impuesto de sucesiones donde viene a decir que el problema está en País Vasco y Navarra. No puedes armonizar y mantener estas CC.AA. fuera del tema al ser haciendas forales, con la capacidad normativa de que no paguen nada”.

Juan José González recuerda que la idea de armonizar sucesiones arranca del año 2013 con Mariano Rajoy y otros gobiernos que no lo lograron: «Habrá que ver cómo se hace». (Imagen: E&J)

Este experto nos señala que “el histórico de este asunto viene de años atrás. Las primeras CCAA que hicieron las bonificaciones fueron La Rioja y Cantabria, porque precisamente la gente de esos territorios se domiciliaban en Álava y Guipúzcoa para pagar menos impuestos. En ese momento de baja recaudación hicieron la bonificación para por lo menos mejorar esa recaudación”.

Desde su punto de vista esa posible armonización del Impuesto de Sucesiones es negativa, “en líneas generales. La medida propuesta, si se aprueba, perjudicará especialmente a las clase medias y bajas. Una contradicción más de este gobierno, que presume justo de defender a dichos sectores sociales. En la práctica, siempre se armoniza al alza”.

A su juicio “aunque conceptual o teóricamente quepa una armonización que obligase a ciertas autonomías a reducir la tributación que exigen por Impuesto de sociedades armonizar a la baja es una quimera.

Desde su punto de vista “es un tema político, y los ciudadanos rehenes de la lucha política. Pero no olvidemos que el origen de esta cuestión no está en la Comunidad de Madrid, ni en Aguirre o Ayuso.

“Está en las autonomías limítrofes con el País Vasco y Navarra. Tan pronto como se abrió jurídicamente (por Ley 21/2001, de 27 de diciembre) la posibilidad de que las comunidades autónomas, en virtud de la ampliación del mecanismo de la corresponsabilidad fiscal, pudieran regular ciertas reducciones de la base imponible y deducciones de la cuota de los tributos estatales cedidos, como es el de sucesiones y donaciones, Cantabria y La Rioja acudieron rápido a tal posibilidad para casi hacer desaparecer en la práctica la carga económica derivada de dicho impuesto”.

Y ello con el fin de evitar que sus ciudadanos se siguieran yendo a vivir, como hasta 2001, a las autonomías limítrofes, vasca y navarra, donde en virtud de sus regímenes forales no se pagaba nada en las transmisiones hereditarias entre padres e hijos.

La medida propuesta no puede afectar a quienes residan en dichos territorios, que disponen de hacienda foral propia. Y será una paradoja ver al PNV y a Bildu secundar con sus votos al PSOE para aprobar esa medida en las Cortes Generales, mientras ellos siguen disfrutando felices de sus privilegios fiscales en Navarra y País Vasco. Un auténtico escarnio para el principio de igualdad.

En cuanto a si el futuro de este contencioso puede acabar en los tribunales, Gonzalez cree que puede acabar en el Tribunal Constitucional. Y por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad. Y veremos qué decide el Tribunal, tan veleidoso y proclive últimamente a acoger las tesis del Gobierno.