Muere el último fiscal de los Juicios de Núremberg

Ben Ferencz, considerado el último fiscal de los juicios de Núremberg, murió el pasado viernes a los 103 años. Fue uno de los grandes impulsores de lo que conocemos como Derecho Penal Internacional, aquel que protege los bienes jurídicos más importantes contra los ataques más graves, el que entra en funcionamiento cuando todo lo demás ha fallado.

Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, gran parte de la población ha escuchado hablar de los Crímenes de Guerra, Agresión, Genocidio y Lesa Humanidad aunque, por desgracia, este tipo de crímenes se han cometido recientemente – se han denunciado o se están investigando- en Siria por parte del régimen de Bashar Al Assad, en Etiopía contra la población de Tigray, en China contra la minoría Uyghurs, en Birmania contra la población Rohingya, por parte del Daesh contra la población Yazidí en Irak o, si nos remontamos más atrás en el tiempo, podemos mencionar el genocidio de los Tutsis a manos de los Hutus en Ruanda o la masacre de la población de Srebrenica por parte de militares serbios.

El genocidio se define en la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio de 1948 de Naciones Unidas. Pero la primera vez que se incluyó ese término en el ámbito del derecho internacional, fue en la acusación de los Juicios de Núremberg, que trataban de determinar la responsabilidad de los principales perpetradores de las atrocidades cometidas por los nazis durante la II Guerra Mundial. Fue en la acusación pública de estos juicios históricos donde Ferencz tuvo un papel relevante. Después, este delito fue recurrente en las resoluciones de los Tribunales Penales Especiales para Yugoslavia y Ruanda, creados en 1993 y 1994, que tienen continuidad con tribunales especiales como los empleados en Camboya, Líbano o Sierra Morena. Más tarde se incluyó en el Estatuto Roma, firmado en 1998, que sirve de base a la Corte Penal Internacional.

Genocidio tiene su origen en las palabras “genos” que significa raza y tribu; y Cide matar. Se trata de un crimen cuyo concepto perfila Rafael Lemkin en 1944. Lemkin estableció una propuesta mucho más abierta que la contemplada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 y que la descrita finalmente por la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948. El genocidio, contemplado en el artículo 6 del Estatuto de la corte penal internacional, se define como: Los actos perpetrados con la finalidad de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial, religioso o nacional (art. 6 CPI). El bien jurídico protegido es la existencia de determinados grupos humanos  considerados estables.

Volvamos a Núremberg. En 1945, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial (Reino Unido, Francia, URSS, EEUU) deciden que los altos mandos del ejército alemán y japoneses deben ser enjuiciados. Así, el 8 agosto de 1945 se firma la Carta de Londres, un acuerdo en el que se establecían los principios por los que se regirían los Juicios de Nuremberg, que en ese momento, según se exponía en su artículo 6, pretendían centrarse en los Crímenes contra la Paz, Crímenes de Guerra y Crímenes contra Humanidad.

En el Gran Juicio de Núremberg fueron acusadas 22 personas y todas fueron declaradas culpables. De aquel momento quedaron los Principios de Núremberg, entre los que se pueden destacar los siguientes: Cualquier persona que cometa un crimen de Derecho Internacional será responsable y, por consiguiente, estará sujeto a castigo; el hecho de que no está contemplado en las leyes internas un castigo para tal delito no exime a la persona que cometió el acto de su responsabilidad según las leyes internacionales; no existen cargos oficiales o inmunidades si se ha cometido un crimen de estas características; la obediencia debida no exime de responsabilidad si podía actuar de otra manera; la complicidad en la comisión de un Crimen contra la Paz, Crimen de Guerra o Crimen contra la Humanidad es también un crimen.

«No se puede repetir Núremberg. No se debe caer en la guerra»

Cuentan quienes le conocieron que el lema de vida de Benjamin Ferencz fue “Never give up”, nunca te rindas. Tuvo que juzgar con solo 27 años a los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte que iban por Europa masacrando a miles de personas. Era su primera experiencia como fiscal. “Incluso hoy, cuando cierro los ojos, veo esa terrorífica imagen, con los crematorios resplandecientes con el fuego de la carne quemada, los montones de cadáveres demacrados apilados como leña esperando a ser quemados. Me había asomado al infierno”, dijo una vez, según recoge el Washington Post. Ferencz, dedicó su vida al Derecho Internacional y trabajó para devolver sus bienes a los supervivientes despojados por el Holocausto.

“Siempre será un símbolo del Estado de Derecho y de no a la impunidad”, recuerda el Doctor en Derecho Internacional Penal de la Universidad de Murcia, Carlos Gil. «Ferencz fue un gran jurista y también un gran activista en defensa de los Derechos Humanos. Era una gota en el Océano de EEUU, porque su país es hostil contra la Corte Penal Internacional. Sin embargo, él siempre fue un gran defensor de esta instutición. Así me lo dijo, en la orilla del Manzanares. La lucha contra la impunidad y la responsibilidad del individuo en el ámbito internacional penal es la gran conquista del derecho internacional. Su defensa es día a día», señala Gil. «No se puede repetir Núremberg. No se debe caer en la guerra. Law not war, mister Gil», le dijo el propio Ferencz.

«Fue uno de los grandes «padres» del Derecho Penal Internacional, desde que dirigió la acusación en el juicio contra las Einsatzgruppen, y en toda su actividad posterior, para que el genocidio y el crimen de agresión se reconocieran globalmente y se castigaran como crímenes internacionales. Su legado es imborrable, y adquiere una especial relevancia hoy en día, en el que asistimos, desgraciadamente, a crímenes de agresión y a muchos otros crímenes internacionales», destaca la profesora de Derecho Penal de la UNED, Elena Maculán.

El papel de este fiscal fue esencial en el establecimiento de la Corte Penal Internacional, que tiene competencia a partir del 1 de julio de 2002. Su jurisdicción es irretroactiva y es complementaria a la de los Estados parte. El trabajo de la Corte se puede activar por remisión de un Estado a fiscalía, a iniciativa del fiscal; que remite la información recibida remite a la sala de cuestiones preliminares que decide si impulsa o no el procedimiento y por remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que también puede paralizar un procedimiento.