Mutualidad y sindicatos discrepan en ‘E&J’ a pocos días de una manifestación que exigirá la pasarela voluntaria al RETA

Mutualistas de toda España han sido convocados por el sindicato Marea Negra para manifestarse el próximo 22 de febrero en Madrid para protestar contra las continuas negativas del Gobierno de implantar una pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, también conocida por sus siglas como RETA. Una situación que, tal y como han denunciado a Economist & Jurist sendas agrupaciones de abogados como el Movimiento J2 o el sindicato Venia, «está obligando a miles de trabajadores enfermos o en edad de jubilación a seguir trabajando, a pesar de haber realizado durante sus carreras grandes aportaciones como mutualistas».

Sobre por qué el Ministerio de la Seguridad Social se muestra reticente a cumplir este reclamo, reconocen que no lo tienen claro, aunque en palabras de la portavoz por Granada del Movimiento J2, María Teresa Vera, una opción factible podría ser porque tienen miedo de que, en el caso de que miles de profesionales de la abogacía decidan llevar a cabo el traspaso de la Mutualidad al RETA, la primera pueda perder su solvencia. Sin embargo, Vera discrepa y considera poco probable que esto ocurra. Además, critica que, hasta ahora, únicamente se haya planteado facilitar el traspaso voluntario a un grupo reducido de mutualistas: estos son, aquellos autónomos que cuenten con menos de quince años cotizados.

De acuerdo con este planteamiento, la mayoría de los trabajadores que cotizan por vías alternativas quedarían excluidos de la posibilidad de recibir una pensión de manos de la Administración Pública. Un mecanismo que, de implantarse en su totalidad como quieren los manifestantes, permitiría a abogados y procuradores transferir los fondos acumulados en sus mutualidades a la Seguridad Social a cambio de años cotizados, accediendo así a una pensión pública, cuyo importe actual es de 830 euros mensuales para jubilados de 65 años o más con cónyuge no a cargo. Sin embargo, hasta que esto no ocurra, para Belén García, secretaria general del sindicato de Abogados Venia, seguirá habiendo «muchos abogados que apenas cobren 300 euros tras su jubilación».

Distinta opinión es la que tienen desde la Mutualidad, donde aseguran a este medio que de los 60.000 mutualistas alternativos que pertenecen a la entidad «solo 2.500 van a obtener una prestación de jubilación por debajo de 500 euros, 15.000 obtendrán una renta vitalicia de entre 500 y 700 euros, mientras que más de 42.000 recibirán por encima de 700 euros sin límite en función de lo que hayan aportado». Unas cifras que han justificado recordando que «tanto el sistema público como el alternativo de mutualidades se sustenta en la contributividad, y en uno y otro cada uno recibirá retornos al llegar a la jubilación en función de lo cotizado o aportado».

El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz, en ‘Economist & Jurist’. (Imagen: Óscar Peña/E&J)

Posiciones enfrentadas entre los sindicatos y la Mutualidad

Estas cifras no convencen para nada a la portavoz por Granada del Movimiento J2, Teresa Vera, quien alto y claro ha reiterado que el presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz, es «un caradura». Un insulto que ha respaldado expresando que «la realidad es que a todos nosotros nos han engañado; nos han engañado con todas sus letras, pues cuando entramos en la Mutualidad nos decían lo que teníamos que pagar para tener una pensión asegurada de 1.375 euros, y ahora resulta que esa aportación era mínima. Ahora apenas nos llega para una pensión de 400 euros. De ahí que haya miles de abogados que se están viendo obligados a seguir trabajando a pesar de que deberían llevar ya años jubilados».

Pese a las críticas, fuentes cercanas a Sanz han reconocido a Economist & Jurist que la entidad valora «positivamente un diálogo que tenga en cuenta en cuenta todos los puntos de vista y que lleve a una negociación que busque obtener una solución basada en el consenso». En este sentido, también han afirmado que «desde Mutualidad, queremos seguir siendo parte activa de dichas conversaciones y por este motivo estamos manteniendo reuniones con distintos agentes sociales y partidos políticos para explicar la postura que llevamos transmitiendo desde el inicio: la búsqueda de una solución que garantice la seguridad financiera y la capacidad de elección de todos y cada uno de los mutualistas, presentes y futuros».

De mantener un diálogo y llegar a un consenso también ha hablado Belén García, del sindicato Venia, quien reconoce que aunque se mantienen reuniones constantes y han notado cierto apoyo por parte del presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González —de quien agradece que se haya implicado hasta tal punto de haber acompañado a las organizaciones profesionales a reuniones con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo— critica que «los partidos políticos siguen cerrados y siguen ver que la solución es una pasarela al RETA para todos 1×1, esto es, año cotizado en mutua, año que debe contar como cotizado en RETA».

Y de esto mismo, ha explicado, va la manifestación del próximo 22 de febrero, que se ha convocado «ante la persistente negativa del Gobierno y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de legislar y la insuficiencia de las propuestas que ha venido realizando, en el sentido de nuestras justas reivindicaciones por una pasarela voluntaria al RETA para todos los mutualistas (alternativos activos, complementarios que fueron alternativos y pasivos), que permita unas jubilaciones dignas, para abogados y procuradores mutualistas, propias de un Estado social y en igualdad con el resto de trabajadores y trabajadoras».

Belén García, secretaria general del sindicato Venia, en el plató de ‘Economist & Jurist’. (Imagen: Óscar Peña/E&J)

La Mutualidad: un sistema de capitalización individual

En vista a estas movilizaciones convocadas, desde Mutualidad han querido subrayar que su principal prioridad «es el bienestar de nuestros mutualistas. Por este motivo, defendemos que todas las partes opten por la medida que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias personales. Apoyamos, por tanto, la aprobación de una pasarela al RETA justa y ordenada para todo aquel mutualista alternativo que así lo desee, mientras se asegura la continuidad del modelo alternativo como una opción fiable y de probada solvencia. Con esta propuesta buscamos beneficiar a quienes opten por la pasarela y, al mismo tiempo, respetar la capacidad de elección de los futuros mutualistas y no perjudicar a aquellos que deseen permanecer en Mutualidad».

Pese a estas declaraciones, desde los sindicatos insisten en la idea del engaño, pues durante años se les vendió la idea de que contribuir a la Mutualidad les garantizaría una pensión elevada y segura, pero al llegar la jubilación, muchos de ellos aseguran haber descubierto que «las prestaciones son muy inferiores a las expectativas generadas». Cambios legislativos y contables han afectado al sistema, pasando de un modelo de capitalización individual a uno colectivo, lo que ha derivado en que algunos jubilados perciban apenas 300 o 400 euros mensuales, a pesar de haber cotizado durante décadas e incluso haber aportado más que en el sistema público.

Los afectados denuncian que, a diferencia del RETA, «el modelo de la Mutualidad no ofrece la misma seguridad ni prestaciones mínimas garantizadas». Además, el actual planteamiento de la pasarela deja fuera a una gran parte de los mutualistas, especialmente aquellos dados de alta a partir del 2013, lo que ha generado un fuerte malestar entre los profesionales del sector. No obstante, en contra de la opinión que parece tener el Gobierno, defienden que, si la pasarela se establece en condiciones justas, no solo se garantizaría la entrada de los fondos acumulados en la Mutualidad, sino que también se captarían nuevas cotizaciones, asegurando la viabilidad del sistema público.

En contraste con estos argumentos, la Mutualidad ha señalado a este diario que, «desde sus inicios, el modelo de Mutualidad ha demostrado ser sólido, solvente y estable. Así lo demuestra la rentabilidad media del 4,29% que hemos ofrecido en los últimos 10 años y nuestra ratio de solvencia del 248% (más del doble de lo que exige el regulador). Además, en los últimos años ya hemos adaptado el sistema como consecuencia de los distintos cambios regulatorios. En 2005 avanzamos de un sistema de capitalización colectiva a un sistema de capitalización individual con asignación de derechos económicos. Desde ese momento, cada mutualista cotiza en su propio beneficio y genera la futura prestación de jubilación en función de las cuotas que ha ido aportando».