Obligar a legalizar a ‘okupas’ es una medida “preocupante”

“Esta decisión va a generar una ralentización del mercado inmobiliario de Barcelona además de un mensaje hostil a la inversión extranjera en la ciudad”, alerta Ramon Riera, presidente de FIABCI España y Europa. La Federación manifiesta que es la Administración Pública quien debe potenciar la promoción de vivienda social, en colaboración con el sector privado.

La medida validada por el Parlament fuerza a los inversores y propietarios de más de 15 viviendas a ofrecer un alquiler social a sus inquilinos, incluyendo a ‘okupas’ que lleven más de 6 meses habitando la vivienda, además de aumentar al 40% el porcentaje de viviendas VPO en las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona.

La convalidación del nuevo decreto ley en materia de vivienda por parte del Parlament de Catalunya cuenta con el rechazo unánime del sector inmobiliario, entre ellos, la federación inmobiliaria internacional FIABCI. Este decreto ley obliga a inversores y propietarios de más de 15 viviendas a proporcionar un alquiler social durante cinco años (si el arrendador es una persona física) o siete años (si el arrendador es una persona jurídica) a sus inquilinos, incluyendo okupas, si llevan habitando en la vivienda al menos 6 meses. “Limitar el precio del alquiler no es una medida positiva para el mercado, y alimentar la ocupación de la propiedad privada, aún menos”, lamenta Ramon Riera, presidente de FIABCI España y Europa.

Además, en este paquete de medidas urgentes, la Generalitat ha elevado del 30% al 40% el porcentaje de suelo que se destine a vivienda VPO en las nuevas promociones residenciales que se construyan en el Área Metropolitana de Barcelona. “Esta decisión va a generar una ralentización del mercado inmobiliario de Barcelona”, alerta Riera, que espera que “esta ley acabe en los tribunales porque puede resultar muy perjudicial para todos, ya que el propietario de una vivienda quedará completamente desprotegido”.

En este sentido, el presidente de FIABCI España y Europa asegura que “este es un mensaje hostil al capital extranjero en la ciudad, una de las más atractivas de Europa para la inversión inmobiliaria”. Una pérdida de oportunidades “por medidas de control que atraerá el efecto contrario al previsto: habrá menos promociones y aumentará el precio de la vivienda libre por los esfuerzos que supondrá la promoción de VPO obligatoria por parte del promotor privado”.

“Somos favorables a la mejora en el acceso a la vivienda, pero no de esta manera. Precisamente, son las Administraciones quienes deben fomentar el aumento de vivienda pública, en colaboración con el sector privado, facilitando a éste el acceso a suelo municipal para la construcción de vivienda a precios asequibles, por ejemplo”, apunta Riera.

Alquiler: menor oferta, mayor precio

Sobre la regulación en el mercado del alquiler, FIABCI España considera que “las limitaciones en el precio del alquiler sólo llevan a que el propietario se decida por no alquilar; y menos oferta siempre es mayor precio”. Por todo ello, la federación inmobiliaria califica de “preocupante” la medida gubernamental, que “tensionará aún más un mercado, el del alquiler, que ya se sitúa en máximos”.

La obligación del alquiler social para los grandes tenedores, sumado al 40% de vivienda VPO en las nuevas promociones, frenará igualmente la promoción de vivienda destinada al alquiler (build-to-rent), un sistema al alza en el mercado nacional y que en Barcelona encontrará a partir de ahora un muro difícil de derribar.