Olmedo convoca la mesa sectorial para el próximo miércoles y CCOO reclama cambios en el orden del día
Los cuatro sindicatos subrayan que aún no han recibido respuesta del Ministerio a la propuesta que hicieron en abril
Luis Calero, secretario general de la Comisión Ejecutiva de la Administración de Justicia de FSC-CCOO; Javier Jordán, presidente del sector nacional de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF); José Luis Fernández, representante del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ); y Antonio Lozano, portavoz de UGT, esperan que el Ministerio sea proactivo y sea capaz de evitar un nuevo conflicto (Imagen: E&J)
Olmedo convoca la mesa sectorial para el próximo miércoles y CCOO reclama cambios en el orden del día
Los cuatro sindicatos subrayan que aún no han recibido respuesta del Ministerio a la propuesta que hicieron en abril
Luis Calero, secretario general de la Comisión Ejecutiva de la Administración de Justicia de FSC-CCOO; Javier Jordán, presidente del sector nacional de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF); José Luis Fernández, representante del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ); y Antonio Lozano, portavoz de UGT, esperan que el Ministerio sea proactivo y sea capaz de evitar un nuevo conflicto (Imagen: E&J)
Tres semanas después de citar por separada a los cuatro sindicatos, CSIF, STAJ, CCOO y UGT, el Ministerio convoca la Mesa Sectorial para desbloquear la situación de conflicto existente desde el pasado mes de abril, momento en el que se iniciaron las hostilidades con las organizaciones sindicales de los 45.000 funcionarios de Justicia.
Según ha podido saber Economist & Jurist, los cuatro sindicatos esperaban esta llamada pero han mostrado su sorpresa porque los temas claves, como son el incremento retributivo y la mejora de la carrera profesional, no estén en el orden del día. Ante este hecho, Comisiones Obreras ha pedido públicamente que se modifique ese orden y que se incluyan.
En ese orden del día se hablará de la creación de grupos de trabajo para analizar el impacto de las nuevas leyes de eficiencia en el puesto laboral que realizan los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia al que se refiere la disposición adicional novena, “personal de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia del Real Decreto-Ley, 6/2023, de 19 de diciembre”.
Junto con ello se indica que se hablará de nuevo del teletrabajo, que desapareció de forma abrupta el pasado mes de octubre. De ahí que se hable de determinar el contenido reglamentario básico al que se refiere la disposición final sexta, “teletrabajo y puesto de trabajo deslocalizado del Real Decreto-Ley, 6/2023, de 19 de diciembre”.
Por último, ese orden del día queda cerrado con la llamada calendarización de las reuniones de los grupos de trabajo. Sin embargo, este esquema de negociación no ha convenido a los cuatro sindicatos, que han pedido al Ministerio que incluya temas como el de la subida salarial (los funcionarios reclaman una subida similar a la de LAJs y jueces) y la otra cuestión de las condiciones de trabajo.
Los cuatro sindicatos han comentado al Ministerio la necesidad que se modifique el orden del día, y María dels Àngels García, directora general para el Servicio Público de Justicia, ha tenido que aclarar que ese orden del día no era la propuesta del Ministerio, sino una reunión de la Mesa para organizar las negociaciones.
Desde CCOO el malestar es mayor porque además de pedir que se modifique el orden del día para incluir los temas de retribución y carrera profesional, se ha hecho público a los medios de comunicación la necesidad de que se cambie dicho orden.
Cambiar el orden del día
Para esta organización, de la que es su máximo responsable Luis Calero, se ha insistido en que se incluyan en la reunión del próximo miércoles cuestiones como el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de Letrados de la Administración funciones que finalmente realizan los cuerpos generales.
Junto a ello se pide que se hable del incremento del Complemento General del Puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos) en cuantías equiparables a la subida al cuerpo de LAJs.
Al mismo tiempo, se reclama que se eliminen las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1 y se publique de forma inmediata previa negociación colectiva del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de Carrera Profesional.
Desde CCOO reclaman al Ministerio que cumpla con sus obligaciones de negociación y sus compromisos, por lo que ha exigido la modificación del orden del día de la mesa sectorial sustituyéndolo por el inicio de las negociaciones para el incremento retributivo en cuantía equiparable a la acordada con las asociaciones de LAJs, para el desarrollo de la Carrera Profesional, para la futura Ley de Eficiencia Organizativa y, dentro de ella, de las funciones de cada uno de los cuerpos.
Este sindicato recuerda a Justicia, como luego confirman a Economist & Jurist el resto de los sindicatos, que hasta el momento, tras diez meses de conflictos y alguna reunión infructuosa, el Ministerio aún no ha presentado una propuesta al documento que hicieron llegar los sindicatos el pasado 14 de abril, lo que han dejado claro por escrito.
En estos momentos la situación es de cierta expectación y sorpresa y aunque confían en que la reunión próxima arranque las negociaciones, CCOO ya advierte públicamente al Ministerio que retomarán las movilizaciones si no se negocian y se atienden las demandas que les llevaron a la huelga. Por lo que la situación está en una espera tensa.
Al mismo tiempo, esta organización sindical ha interpuesto una queja al Defensor del Pueblo por los retrasos del Ministerio de Justicia en las convocatorias y resolución de los concursos de traslado. Concretamente en el actual concurso de traslados genérico de cuerpos generales del año 2023 se publicó su convocatoria en el BOE del día 9-10-2023; pero hasta la fecha no existe resolución provisional de dicha convocatoria, la cual debió efectuarse dentro del primer trimestre del año 2023.
Este retraso en la convocatoria del concurso de cuerpos generales se viene produciendo con asiduidad desde hace años, así, la de 2022 se publicó en el BOE del 3 de septiembre; el de 2021 en BOE del 13 de octubre; el de 2020 en el BOE del 1 de septiembre; el de 2019 en el BOE del 18 de julio; el de 2018 en el BOE del 23 de julio; el de 2017 en el BOE del 7 de julio, etc.
Pero aún peor es la situación en relación con los cuerpos especiales de Facultativos, Técnicos Especialistas de Laboratorio y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (también en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre que luego se citará), para los que no se convoca concurso de traslado desde el publicado en el BOE de 15 de octubre de 2021, tras varios años sin convocatoria.
Negociación rápida
Para Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia, se espera que esta reunión sea el arranque de una auténtica negociación rápida y dilaciones. Negociación que hasta el momento no ha existido porque incluso en un momento del conflicto, el pasado mes de junio, tras un toma de contacto, representantes de los cuatro sindicatos se encerraron en el Ministerio por espacio de dos días: “Vamos a insistir en dicha reunión que tenemos que hablar de nuestras reivindicaciones y cerrar un calendario de trabajo en el que queden bien definidos los temas a abordar”.
Desde su punto de vista “es previsible que donde más discrepancia va a existir es en analizar la futura Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO) que no nos gusta a las organizaciones sindicales. Justicia señala que la llevará al Congreso en marzo, pues hay tiempo de sobra para que se nos escuche y se hagan los cambios necesarios. Hay que buscar un punto de acuerdo en esa organización nueva donde aparecen los tribunales de instancia y en donde se desarrolla un concepto de movilidad, sin especializaciones por área que no nos convence a los propios profesionales”.
LOEO un escollo para negociar
Es la LOEO el principal caballo de batalla en este conflicto: “Nadie ha explicado porque las decisiones colegiadas de dichos tribunales de instancia serían más rápidas que las de los órganos unipersonales judiciales existentes. Al mismo tiempo se crean unos macrodestinos que no se ven la utilidad. No parece lógico que el que esté en penal pueda cambiar de destino a otra jurisdicción civil. No creemos que sea bueno acabar por la especialización de los funcionarios. Nadie ha justificado porque la LOEO va a ser una ley mejor de la que tenemos en estos momentos”.
Desde STAJ, su responsable en Madrid, Alberto García tiene la sensación de que los primeros pasos del Ministerio, con una apuesta por la digitalización de la justicia reflejada en un Real Decreto Ley de 180 páginas y la creación de cerca de setenta órganos judiciales, revelan cierta descoordinación: “Falta personal en esas plazas. Ahora se cubre por interinos porque hay un notable retraso en la promoción interna de Gestión de las OEP de 2019, 2020 y 2021. Un año y tres meses después (casi cuatro) de hacer el examen único, se desconoce quiénes han superado el proceso selectivo”.
García coincide en que los problemas más grandes en la negociación están en la citada LOEO: “Nuestra movilización fue especialmente por este anteproyecto del que no se nos escucho y por la necesidad de delimitar nuestras funciones de los trabajadores en los juzgados. Hacer más funciones que no se cobran y luego te meten una ley donde te quitan la especialización y cambian todas las condiciones de laborales no podemos aceptarlo. La especialización es clave en Justicia para que tengamos un servicio de calidad. Al final sabes donde te pueden mandar realmente”.
Según confirma este sindicalista, el compromiso del nuevo secretario de Estado, Manuel Olmedo, es escuchar a los cuatro sindicatos antes de volver a llevar la LOEO al Congreso de los Diputados para su tramitación en ese mes de marzo próximo.
“Hay que darle una vuelta a la Ley, igual pasa con la digitalización de la justicia que se ha hecho de forma apresurada. Justicia debe dejarse aconsejar y escuchar a los profesionales que estamos en los juzgados y vemos las carencias que hay en materia de tecnología, donde la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal es necesaria. La Administracion hay que modernizarla, pero con criterios”.
Por último, Antonio Lozano, portavoz nacional de Justicia de UGT, confía en que el próximo miércoles arranque la negociación: “El Ministerio ya debe haber aprendido de los hechos pasados y está en su mano evitar un nuevo conflicto que no beneficia a nadie, y que el último perjudicado es el justiciable. Es bueno que tengamos un orden del día ya fijado pero en esa primera reunión también habrá que hablar de la Carrera profesional, donde la mejora de la LOEO es clave, y de nuestras mejoras salariales. Somos el único cuerpo de la oficina judicial al que no se ha subido el sueldo”.
En dicha reunión se va a plantear la forma de funcionar de la mesa sectorial por grupos de trabajo. Lozano cree que “es previsible que uno de estos grupos de trabajo se centre en la LOEO y en estos temas salariales, cualquier otra cuestión sería decepcionante. Confiemos en que el secretario de Estado, que conoce bien nuestro conflicto, sea capaz de impulsar una negociación más ágil y lleguemos a un acuerdo en un tiempo razonable”.
El portavoz nacional de Justicia de UGT afirma que sabe que la reunión será compleja “pero hay temas que no se pueden demorar porque muchos compañeros en estos diez meses de conflicto han perdido dinero por la huelga y poder adquisitivo porque han visto que ha subido la inflación pero no sus honorarios como profesionales”.
Sobre la LOEO, Lozano advierte que tiene muchos elementos mejorables “una de las líneas rojas es que no puede haber pérdida de puestos de trabajo al introducir esta nueva organización de los tribunales de instancia. La digitalización que plantea el ministro de Justicia es importante, pero a nosotros nos preocupa como nos puede afectar todo este proceso de modernización. Es importante que se nos de buena formación para entender esas nuevas herramientas que generarán protocolos de trabajo nuevos. Ese esfuerzo, al que se nos somete a un corto espacio de tiempo, debe reconocerlo Justicia en todos los sentidos, también a nivel retributivo”.