Ortiz presenta una macroquerella en la AN de más 300 afectados contra el Grupo Herrera Brigantina y «su cerebro» por presunta estafa piramidal masiva

El abogado José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz, de Cádiz, presentará en las próximas horas una macroquerella en la Audiencia Nacional (AN) contra el Grupo Herrero Brigantina, «su cerebro», Juan González Herrero, y su núcleo duro -seis personas del Consejo de Administración de las diferentes sociedades que conforman el conglomerado de Herrero Brigantina– por presunta estafa piramidal masiva, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes y evasión de capitales, según ha informado a Economist & Jurist.

A raíz de la decisión del magistrado Santiago Pedraz, la semana pasada, de rechazar la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca para que fuera la AN la encargada de investigar una denuncia sobre la comercialización de un producto financiero de inversión de Herrero Brigantina, la querella «centinela» presentada por Ortiz sobre este caso se archivó porque se había acumulado a la de Salamanca.

Ante esta situación y «la indefensión que eso le ha producido a sus patrocinados», el pasado viernes, José Luis Ortiz pidió a Pedraz que desmembrara su querella del caso de Salamanca y que la AN se siguiera declarando competente de la suya. Además, presentó una querella con 13 afectados, que hoy entrará a reparto. Y mañana presentará otra aglutinando al resto de inversores que representa, que se han ido adhiriendo a la matriz.

José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz de Cádiz.

«No cuestiono la inhibición del magistrado sobre el caso de Salamanca, pero nuestra querella no tiene nada que ver con ese tema», señala Ortiz a este diario. 

Según expone, el otro caso se incoó «a raíz de una denuncia de unos trabajadores de Herrero Brigantina poniendo de manifiesto algunas irregularidades, con motivo de haber sido despedidos, y después la retiraron, una vez obtuvieron la indemnización por despido improcedente».

«La diferencia radica en que estos extrabajadores no tienen la condición de perjudicados, porque no han experimentado una pérdida económica patrimonial. Sin embargo, nuestra querella centinela representa al colectivo afectado, inversionistas que han sufrido una pérdida total de sus ahorros. No sólo del principal inicial invertido, sino también de los rendimientos, encontrándose de un día para otro con las oficinas cerradas a cal y canto», detalla.

Por eso, el director de Bufete Ortiz entiende que los que de verdad tienen la condición de «perjudicados» son «los inversores que confiaron ciegamente en la bondad del producto financiero que compraban, y que, además, les fue comercializado, basado en la confianza en personas muy cercanas de su entorno: familiares o amigos». 

Tras varios meses, la Justicia ha conseguido localizar y detener a Juan González Herrero, cercándolo a él y a su entorno. (Imagen: Herrero Brigantina)

«Jamás se les pudo pasar por la cabeza que el dinero, en vez de emplearse en la compra del producto financiero elegido -seguro de renta vitalicia Unit Linked-, se desvió a paraísos fiscales, según revela la investigación de la UDEF», añade.

El hecho de presentar ahora una macroquerella es «para demostrarle al juez instructor de la Audiencia Nacional que se cumplen los requisitos del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que cuando existen, como es el caso, una pluralidad de perjudicados en diferentes provincial de la geografía nacional, y de abultada cuantía, la competencia territorial y funcional corresponde a la Audiencia Nacional, para el conocimiento de la causa y su instrucción y enjuiciamiento».

«Confiamos plenamente en que esta vez, al juez instructor que le toque el caso -de entre los diferentes juzgados de instrucción de la AN-, con el visto bueno de la Fiscalía, admita, sin más demora, a trámite esta macroquerella y cite a declarar como investigado a Juan González Herrero y el resto de los miembros de los consejos de administración del conglomerado de sociedades satélites del grupo, para llegar hasta el fondo de dónde han desviado tantísimo dinero, ya que el monto total aproximado, según la UDEF, del desfalco supera los 40 millones de euros. Y ese dinero no se ha volatilizado de un día para otro», expone.