Ortiz recurre ante la AN el rechazo de Pedraz a declararse competente del caso Herrero Brigantina
Interpone un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal
Sede de la Audiencia Nacional. (Foto: Archivo)
Ortiz recurre ante la AN el rechazo de Pedraz a declararse competente del caso Herrero Brigantina
Interpone un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal
Sede de la Audiencia Nacional. (Foto: Archivo)
El abogado José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz, de Cádiz, se ha alzado en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) frente a la decisión del magistrado Santiago Pedraz de rechazar la competencia de la querella que presentó el pasado mes de octubre contra el Grupo Herrero Brigantina, «su cerebro», Juan González Herrero, y seis miembros del Consejo de Administración de las diferentes sociedades que conforman el conglomerado de Herrero Brigantina, por presunta estafa piramidal masiva, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes y evasión de capitales.
Esta querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN, del que es titular Pedraz. «Inmediatamente, se limitó a acumularla a otra causa de la que conoce el Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca, una denuncia sobre la comercialización de un producto financiero de inversión de Herrero Brigantina.
El Juzgado de Salamanca se inhibió para que fuera la AN la encargada de investigarla, pero Pedraz la rechazó la semana pasada, en un auto de 28 de diciembre, en el que explicó que era “sumamente aventurado expresar en la actualidad el verdadero alcance de los hechos” como para poder establecer la competencia de la Audiencia Nacional, tal y como establece el artículo 65 la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Ortiz señala «tres razones» por las que Pedraz «debe declararse competente»
A raíz de dicha decisión, la querella «centinela» de Ortiz se archivó. Y hoy ha interpuesto un recurso contra el rechazo de competencias de su querella. En su escrito alega «tres razones por las que el magistrado debe declararse competente», señala el socio-director de Bufete Ortiz a Economist & Jurist, que también ha tenido acceso al texto del recurso.
«La primera es la pluralidad de perjudicados, que residen en diferentes puntos de la geografía nacional, y la cuantía del presunto desfalco, que supera el millón de euros», detalla.
El segundo motivo que aduce es «la intensidad o entidad de los efectos del delito, ya que se comercializaban productos financieros complejos de muy difícil comprensión: cestas de seguros de renta vitalicia Unit Linked AXA, cuyo funcionamiento es altamente complejo y sólo apto para inversores avezados».
En tercer lugar, destaca «la existencia de razones especiales para asegurar los objetivos del proceso, concentrando la investigación fuera de la jurisdicción española».
«El grueso del desvío de los fondos de Herrero Brigantina se ha realizado a favor de una sociedad patrimonial colombiana, Grimaldi Real States SAS, cuyo domicilio social se ubica en Medellín, por lo que la Audiencia Nacional necesitará del auxilio judicial de la justicia colombiana para conseguir el embargo de los bienes inmuebles que posee. En concreto, 19 apartamentos de lujo en Medellín, Río Negro y Antioquía, y el cafetal San Jerónimo, en Antioquía», argumenta.
Tras rechazar el magistrado Santiago Pedraz la inhibición del Juzgado de Salamanca, Ortiz presentó una nueva querella la pasada semana ante la AN «contra Herrero Brigantina, siete sociedades satélites y ocho personas que ostentaban cargos de responsabilidad en el Grupo Herrero Brigantina, que el pasado martes entró a reparto».
Macroquerella en representación de más de 300 afectados
Y el miércoles presentó una macroquerella , en representación de «más de 300 afectados», que suman «una pérdida global superior a los seis millones de euros». La dirige contra el Grupo Herrero Brigantina, Juan González Herrero, y «su núcleo duro: seis personas del Consejo de Administración de las diferentes sociedades que conforman el conglomerado de Herrero Brigantina» por los mismos cinco presuntos delitos que las anteriores.
Ortiz espera que esta querella «tenga buena acogida en la Audiencia Nacional».
«Confiamos plenamente en que esta vez, al juez instructor que le toque el caso -de entre los diferentes juzgados de instrucción de la AN-, con el visto bueno de la Fiscalía, la admita a trámite y cite a declarar como investigado a Juan González Herrero y el resto de los miembros de los consejos de administración del conglomerado de sociedades satélites del grupo, para llegar hasta el fondo de dónde han desviado tantísimo dinero, ya que el monto total aproximado del desfalco a miles de inversores supera, según la UDEF, los 40 millones de euros», concluye.