Pedraz acuerda enviar el caso de Bravo al juzgado de instrucción por el presunto uso ilegal de balizas de seguimiento

El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado deducir testimonio de lo relativo a la actuación del guardia civil Sergio Bravo y se inhibe en favor del juzgado de instrucción de Madrid al que corresponda. De esta forma, la investigación sobre los presuntos delitos que habría cometido el brigada en el marco de una operación policial por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal, según él mismo reconoció en los audios desvelados por Economist & Jurist el pasado mes de julio, saldría de la Audiencia Nacional, tal y como solicitó la Fiscalía, que cambió recientemente de parecer al considerar que la actuación de este guardia civil debería ser investigada.

“Como razona el Ministerio Fiscal, la investigación que se sigue en relación con (el guardia civil) y por la que el mismo fue citado como investigado, no constituye delito de los previstos en el artículo 65 de la LOPJ (en relación con el 88 del mismo cuerpo legal), por lo que no siendo competente el Juzgado Central de para su investigación ni la Sala de lo Penal para su posible enjuiciamiento; procede deducir testimonio de lo relativo a tal actuación presuntamente delictiva que se prevé en el artículo 536 del Código Penal”.  El magistrado señala en el auto que las “vigilancias y las interceptaciones supuestamente ilegales se habrían desarrollado en diversos sitios (Las Rozas, Móstoles, Tres Cantos), el lugar donde supuestamente se habrían planeada y puesto en funcionamiento sería el de la sede de la oficina del investigado, y el resultado de las mismas se ha incorporado al presente procedimiento judicial, radicando obviamente los Juzgados Centrales de Instrucción en Madrid”.

De esta forma, Pedraz considera que existen indicios que procede investigar en torno a la posible colocación de medios de seguimiento sin la preceptiva autorización judicial, vulnerando preceptos constitucionales, tipificado en el artículo 536 de Código Penal y castigado con inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años. En la misma conversación, cuyas grabaciones hizo públicas este medio, el agente de la policial judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), también reconocía haber falsificado documentos públicos al haberse inventado seguimientos. Sin embargo, el juez no hace referencia alguna a este delito de falsedad contemplado en el artículo 390 del Código Penal, que lleva aparejadas penas de prisión (de 3 a seis años). Es algo que resulta incomprensible para las defensas, que plantean recurrir.

«El más ilegal de los ilegales»

El ahora suboficial de la Guardia Civil (brigada), sargento primero en el momento de los hechos, Sergio Bravo, afirmó ante una persona ajena a la investigación, haber incurrido en técnicas ilegales de investigación. Según reveló una investigación de Economist & Jurist publicada durante los días 12, 13 y 14 de julio, este funcionario aseguró que se habían colocado balizas de seguimiento de forma ilegal, reconoció haber falseado seguimientos o instado a sus compañeros a hacer y grabar un interrogatorio en un coche policial, mientras un detenido era conducido al juzgado. Además, afirmó conocer entregas sospechosas de dinero en el marco de la investigación abierta en torno al Caso Cuarteles, en el que se habrían adjudicado obras de forma irregular a cambio de supuestas mordidas. Este medio también desveló que, en esos audios, el investigado relataba detalles sobre la Operación Pantano, en el transcurso de cuya investigación, llegó a decir a un detenido – del que habla abiertamente con la interlocutora en el audio- que con unas botellas de vino solucionaban el asunto.

(Foto: Archivo)

“Soy el más ilegal de los ilegales”, llegó a afirmar el brigada Sergio Bravo antes de sostener que, si no incurría en prácticas irregulares, era imposible “pillar” a los investigados. Según reconoció él mismo en una conversación cuyas grabaciones se han publicado, instó a los agentes de su equipo a instalar un micrófono para grabar un interrogatorio a un detenido mientras era transportado en un vehículo policial. Sobre el detenido diría posteriormente: “Y va el tío diciendo que mi jefe va a por ellos y que no sabe por qué, que va a por su hermana, que no sabe por qué. Que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos… Cosas que son verdad. Que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! Pero es que, si no, a esta gente cómo les pillas. Yo no puedo ir detrás. Es que yo no puedo ir siempre… El otro día me decía mi colega: vamos tres pasos por detrás”.

La Guardia Civil, por su parte abrió un expediente disciplinario poco después de conocerse la información y antes de que Bravo fuese procesado judicialmente, aunque, de momento, no se ha informado de consecuencias disciplinarias definitivas para el agente que habría incurrido, al margen de los posibles delitos cuya responsabilidad habría de depurar la justicia, en una falta consistente en revelar información de una investigación a personas ajenas al cuerpo. 

Bravo ha sostenido, en un escrito enviado a Pedraz poco después de la publicación de las primeras informaciones y en sede judicial la misma versión: todo era una estrategia para ganarse la confianza de una persona afín al grupo criminal que se encontraba investigando. Se trataba, según el escrito avalado por su superior, Abel Marín Seoane, de un plan para mostrarse fácilmente “corruptible”. En el documento, el Guardia Civil, descalificaba las informaciones publicadas por este medio y sostenía que las declaraciones que se escuchan en los audios eran “temerariamente falsas” o “burdas e inverosímiles». Al mismo tiempo, afirmaba que las afirmaciones que hizo eran completamente inventadas. “Lamentaba”, eso si, la forma en que ha llevado a cabo su acción, sin ponerla en conocimiento de su superior ni implicar a otros miembros del equipo.

Hace un mes, Pedraz admitió una batería de diligencias solicitadas por las defensas. El magistrado se dirigió a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Madrid (Tres Cantos), para que informase sobre si, entre los agentes con los números de identificación que constan en los atestados de seguimientos, se dan determinados nombres de pila que el guardia civil utiliza en su conversación. Un agente encubierto (no sería el caso atendiendo a lo establecido en el artículo 282 de la LECrim) nunca desvelaría los nombres reales de sus compañeros. También pidió que el hotel en el que el guardia civil pasó una parte de una noche con la persona a la que, según su relato, intentaba mostrar un perfil fácilmente corruptible (para que le facilitase acceso o desvelase datos de los miembros de la organización criminal que se encontraba investigando, objeto principal de la instrucción que se encuentra en marcha), informe sobre el método de pago respecto de la habitación en la que se hospedó. Si fue con tarjeta, se pide saber a quien correspondía. La providencia del juez que instruye esta pieza separada de blanqueo, que forma parte de una investigación compleja con múltiples investigados, también pidió que se oficie a la unidad de Policía Nacional adscrita a la Audiencia Nacional para que estudie las balizas o dispositivos de geolocalización GPS encontrados en los vehículos.