Pedraz cita como investigado al sargento Bravo, “el más ilegal de los ilegales”

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar en calidad de investigado al sargento primero de la Guardia Civil, Sergio Bravo, miembro de la unidad orgánica de la policía judicial en la Comandancia de Madrid (Tres Cantos), protagonista de las conversaciones publicadas recientemente por Economist & Jurist.

Según ha podido saber este medio, el sargento primero del Grupo de Delitos Económicos deberá comparecer en la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre las conversaciones cuyas grabaciones ya forman parte del sumario y que han sido referidas hoy por su interlocutor en esos audios, que es testigo en esta causa .

Para ello, el instructor ha dictado hoy una providencia por la que «se acuerda recibir declaración en calidad de investigado» al sargento primero. Se le requiere para que designe abogado o, en su defecto, se le designará uno de oficio. Igualmente se le dará vista de la causa, de las grabaciones y de la declaración testifical que ha terminado por motivar la citación.

En las informaciones publicadas los días 12, 13 y 14 de julio, Sergio Bravo, hablando sobre la investigación que instruye Pedraz, reconocía que la policía judicial había utilizado balizas de seguimiento sin la preceptiva autorización judicial y haber elaborado seguimientos falsos. “Soy el más ilegal de los ilegales”, llegó a afirmar, antes de sostener que, si no incurría en prácticas irregulares, era imposible “pillar” a los investigados. Según reconoció él mismo, instó a los agentes de su equipo a instalar un micrófono para grabar un interrogatorio a un detenido mientras era transportado en un vehículo policial.

Sobre el detenido diría posteriormente: “Y va el tío diciendo que mi jefe va a por ellos y que no sabe por qué, que va a por su hermana, que no sabe por qué. Que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos… Cosas que son verdad. Que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! Pero es que, si no, a esta gente cómo les pillas. Yo no puedo ir detrás. Es que yo no puedo ir siempre… El otro día me decía mi colega: vamos tres pasos por detrás”.

Economist & Jurist accede al contenido de una conversación en la que un sargento primero admite llevar a cabo prácticas irregulares

Bravo también reconoció ser consciente del supuesto entramado criminal en el seno de la Guardia Civil dedicado a adjudicar obras irregularmente a cambio de comisiones u otras dádivas, conocido como Caso Cuarteles.

En otro audio, también publicado por Economist&Jurist, le cuenta a su interlocutor los detalles de otra investigación en la que está participando. Se trata de la Operación Pantano, en uno de cuyos interrogatorios el sargento primero le dice a un detenido que “con un par de botellas de vino el asunto se hubiese solucionado”. Igualmente, afirma que realizó detenciones inmotivadas en el marco de la Operación Rent Scam, porque «a su jefe le gusta que suene». Su superior es el teniente Abel Marín Seoane.

El día 13 de julio, la Guardia Civil informó a este medio de que había abierto una investigación para determinar si las conversaciones de las que se extraen los audios han ocurrido realmente, en qué contexto se han producido y llegado el caso, qué consecuencias se podrían derivar de las mismas. El primer paso, explicaron desde el cuerpo, es verificar la autenticidad de esas grabaciones. Una vez concluyan estas indagaciones, se adoptará una decisión, que puede suponer la apertura de un expediente disciplinario, que termine o no con una propuesta de sanción. Lo que compete a la Guardia Civil es la vía disciplinaria, en la que se contempla como falta revelar información de una investigación a una persona ajena a la misma. Se trata de un deber de reserva profesional.

Lo que hace ahora Pedraz es ir un paso más allá e interesarse por el testimonio de este miembro de la policía judicial de la Guardia Civil en calidad de investigado. Las pruebas obtenidas en investigaciones realizadas de manera irregular podrían ser consideradas nulas y, de ser ciertos los hechos relatados por el guardia civil, podría haber incurrido en varios delitos.